Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Lo ocurrido ayer en el Congreso durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores fue mucho más que un episodio desagradable. Fue la representación, casi grotesca, de una forma de hacer política que la Argentina debería haber dejado definitivamente atrás: el grito como argumento, la provocación como método y la patoteada como instrumento de discusión.
El protagonista fue el diputado Juan Grabois, quien convirtió una reunión destinada a debatir cuestiones vinculadas con Malvinas en un escenario de confrontación, mezclando deliberadamente ese asunto con la discusión sobre el régimen de propiedad de tierras por parte de extranjeros. El resultado fue el previsible: insultos, enfrentamientos y una reunión que terminó abruptamente.
Que quede claro: la cuestión de las tierras extranjerizadas puede y debe discutirse. Es una cuestión económica, productiva y eventualmente estratégica. Pero no tiene relación directa con la discusión de una política de Estado respecto de Malvinas. Mezclar ambas cuestiones en una comisión parlamentaria no aporta argumentos: aporta conflicto.
Además, la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras requiere bastante más seriedad que la que permiten las consignas. La Argentina tuvo durante años un límite del 15% establecido por la Ley 26.737. Ese régimen fue derogado por el DNU 70/2023 y la Corte Suprema acaba de dejar firme esa derogación. Mientras tanto, los modelos internacionales son diversos: Uruguay y Paraguay no tienen un límite porcentual general equivalente; Chile tampoco establece un cupo general de ese tipo para la propiedad privada extranjera, mientras que Brasil sí mantiene restricciones específicas y un límite del 25% de la superficie de un municipio para extranjeros. Fuera de la región también existen modelos diferentes: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y distintos países europeos combinan apertura a la inversión extranjera con restricciones específicas según el tipo de tierra, la actividad o la jurisdicción.
Pero ayer no se estaba discutiendo seriamente ninguna de esas cuestiones. Se estaba haciendo política a los gritos.
Y aquí aparece el problema de fondo.
La Argentina se acostumbró demasiado a la violencia como lenguaje político. Y sería intelectualmente cómodo, pero históricamente incompleto, atribuir esa degradación exclusivamente al gobierno actual. La violencia verbal, la intimidación, la descalificación del adversario y la idea de que la política es una guerra contra un enemigo tienen una larga historia en nuestro país. Pero hubo un momento relativamente reciente en que esa lógica volvió a ocupar el centro de la escena con una intensidad que durante los años anteriores había comenzado a moderarse.
Ese momento fue la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003.
Kirchner reinstaló en la política argentina buena parte de los modales más ásperos y confrontativos del histórico peronismo de Perón: la lógica amigo-enemigo, la descalificación del adversario, la confrontación permanente y la utilización de un lenguaje político deliberadamente agresivo. Y lo hizo después de una década en la que el propio peronismo, durante los años de Carlos Menem, había procurado atenuar buena parte de aquella retórica y adaptar al movimiento a una democracia más institucionalizada y a una economía abierta.
No se trata de idealizar los años noventa ni de afirmar que durante el menemismo la política argentina fue un remanso de buenos modales. No lo fue. Se trata de reconocer un cambio de estilo político que resulta imposible ignorar: con el kirchnerismo, la confrontación dejó de ser circunstancial para convertirse progresivamente en una herramienta central de construcción política.
El problema es que las prácticas políticas no desaparecen cuando cambia el gobierno. Se heredan, se reproducen y terminan normalizándose.
Por eso resulta paradójico que quienes durante años hicieron de la confrontación y la agresión una marca de identidad política se sorprendan hoy cuando encuentran del otro lado una dirigencia que responde utilizando un lenguaje igualmente áspero. Que Javier Milei emplee un lenguaje violento o insultante está mal. Pero también es cierto que Milei, en alguna medida, es producto de una Argentina política en la que durante años se fue degradando el lenguaje público y se instaló la idea de que la política debía librarse como una batalla cultural permanente.
Una cosa no justifica la otra. La violencia política no se vuelve aceptable porque el adversario también la practique. Y justamente por eso lo ocurrido ayer en el Congreso resulta tan lamentable.
Malvinas es una cuestión demasiado seria para ser utilizada como excusa para una pelea partidaria. La soberanía argentina sobre las islas merece argumentos, estrategia diplomática, política exterior y continuidad institucional. No necesita gritos ni insultos.
El Congreso tampoco puede convertirse en una extensión de la calle. Allí no debería imponerse el que más grita, el que más insulta ni el que consigue intimidar al adversario. Debería imponerse el argumento, el debate y finalmente el voto.
La Argentina ya tuvo demasiados años de política entendida como confrontación permanente. La reinstalación de aquella violencia durante el kirchnerismo fue uno de los retrocesos culturales más importantes de las últimas décadas. Que hoy esa violencia aparezca reproducida desde otros sectores no hace más que demostrar hasta qué punto aquella degradación terminó contaminando a todo el sistema.
Grabois podrá tener todas las diferencias que quiera con el Gobierno. Podrá cuestionar la política sobre Malvinas, la propiedad extranjera de tierras o cualquier otra decisión. Tiene derecho a hacerlo. Lo que no debería tener es el derecho —ni él ni nadie— a convertir el Congreso en una patota. Porque una democracia fuerte no es aquella en la que todos piensan igual. Es aquella en la que incluso quienes piensan exactamente lo contrario pueden sentarse a discutir sin necesidad de gritar, insultar o amenazar. Malvinas merece respeto. El Congreso merece respeto. Y la Argentina también.
