El cuidado del dinero del pueblo debería ser la responsabilidad número uno de cualquier gobierno. Y el líder de un gobierno que dé muestras de cuidar ese centavo público cuyo manejo la ciudadanía le confía, debería ser, en teoría, el líder más popular y más reconocido.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así. En general -y muy en especial en culturas latinas- los lideres más populares no son los que dan muestras de ser severos en el cuidado del Tesoro Público  sino aquellos que, al contrario, utilizan esos fondos que no le pertenecen con un alto grado de irresponsabilidad y dispendio.

NI hablar que existen también los casos de líderes absolutamente populares que, aprovechando el despilfarro del dinero público, encuentran también formas de robarlo para desviarlo directamente a sus bolsillos.

Esta completa anomalía, -es decir, que los líderes que demuestren que están dispuestos a defender con todas sus fuerzas los dineros que los ciudadanos le confiaron y que (por supuesto) no son de ellos, no sean los más populares- se debe a la conformación compleja que tiene la trama de la que está hecha la relación entre los ciudadanos entre sí y entre estos y el gobierno.

Si bien a los efectos de la conformación del Tesoro Público podría decirse que el pueblo es uno solo (porque los aportes individuales de los ciudadanos se funden en una fungibilidad indiferenciada que conforma un aservo único) los intereses que subyacen en el seno de la sociedad (que responden a necesidades y conveniencias muy diferentes entre los propios ciudadanos) y la complicidad que esos intereses pueden encontrar en los funcionarios del gobierno (que pueden aprovechar esas relaciones para beneficiarse individualmente según sea la asignación de recursos) hace que aquel principio que lucía como lógico y hasta obvio al comienzo de nuestro razonamiento (que el gobierno mas ‘popular” debería ser el que demuestra cuidar con uñas y dientes los dineros de todos) entre en una zona de dudosos grises y hasta en áreas en donde queda demostrado que, muchas veces, los gobiernos más “responsables” (por llamarlos de algún modo) son los más impopulares.

Esto se debe a que el mismísimo concepto de “pueblo” es una entelequia difusa que solo cobra valor en discursos pomposos y en documentos trascendentes pero que en el vivir del día a día dista mucho de tener un corpus unificado con intereses comunes. Por supuesto que hay designios magnos que aglutinan lo que todos quieren (los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, según el clásico mantra al que pertenece nuestra Constitución, por ejemplo) pero, de nuevo, cuando la vida baja a los pormenores cotidianos y se aleja de aquellas rimbombantes alegorías, el cantar es otro.

En ese chiquitaje metálico y prosaico aparecen intereses que desagregan aquel concepto de “pueblo” en millones de moléculas diferentes y hasta enfrentadas, cuyas conveniencias no solo difieren sino que están en franca oposición. Lo que les conviene a unos, es un verdadero desatino para otros y lo que algunos verían con buenos ojos es rechazado por otros que están en la vereda de enfrente. Todos ellos han contribuido a la conformación del Tesoro Público y, por ese motivo, todos se creen con derecho a pujar para que una parte de él les regrese con las formas que satisfagan sus conveniencias o intereses.

Por esa rendija de conflicto, el gobernante corrupto ve también una oportunidad para materializar su propia conveniencia: transando con los distintos grupos de interés a expensas de dineros que no son suyos, arbitra concesiones de las cuales se lleva la parte del león.

A su vez cada grupo de interés de ciudadanos privados que puja por llevarse una parte del dinero publico, argumentará que ellos son “el pueblo” y que el gobernante que se niega a satisfacer sus demandas es un gobernante que está “en contra de los intereses del pueblo”. Esa “desagregación” del pueblo hará que haya varios “pueblos” con lo que el gobernante (además de contar con un aliciente muy importante para el dispendio como es la corrupción que lo favorece personalmente) se siente tentado a decir que sí a TODAS las demandas para reunir el volumen electoral que le permita a él personalmente o, como mínimo a su partido, mantenerse en el poder.

Así, partiendo del principio que parecía obvio al comienzo (que el gobernante más popular debería ser el que mejor cuida el dinero público), llegamos a la conclusión de que el gobernante más popular es el que menos cuida el dinero público y que con más mano abierta lo reparte a diestra y siniestra sin que le importe demasiado la racionalidad de su administración.

La repetición continua de políticas de dispendio como estas (mezcladas con la corrupción que muchos podrán considerar inclusive como inherente al sistema) dirige al país que las sufre a la bancarrota y a la paradójica frustración de la vida de los ciudadanos privados que, en su momento, habían creído que se habían salido con la suya al lograr que parte de los dineros públicos fueran canalizados a favor de sus intereses.

Por supuesto que esas “frustraciones” no serán parejas y algunos saldrán mejor parados que otros cuando llegue la debacle. Pero, en general, el perjuicio lo sufrirán todos.

Este drama es el que vive la Argentina desde hace décadas. Si uno bien se fija (más allá de la indudable tendencia del país a llevar a la cúspide del poder a personajes que no habrían sido otra cosa más que delincuentes comunes de no haberse calzado el traje de “politicos”) la gran falla que ha quebrado al país y lo ha hecho descender a los infiernos de la miseria se encuentra en la sociedad que no ha aprendido a valorar a los gobiernos austeros que manejan con racionalidad la enorme masa de recursos que el trabajo argentino les entrega.

La confusion enorme que el país tiene sobre lo que debe entenderse por “popular” explica las dificultades económicas que se han acumulado en las últimas diez décadas y en los enormes perjuicios (no solo económicos) que se han desprendido de ese formidable desmanejo.

La aspiración a la vida fácil -producto de conseguir una asignación de recursos que peguen otros- que han tenido enormes grupos de presión privados ha tejido, con el correr de los años, un inmanejable barril sin fondo que fundió literalmente al país. Al lado de ello, obviamente, creció la otra cara infaltable de la moneda: la mordida de los funcionarios que no solo se prendieron con los privados al quedarse con una parte de los que les concedían, sino que inventaron “necesidades” para robarse los fondos que le asignaban a su teórica satisfacción.

Quedaría por explicar la misteriosa tendencia del argentino a lo que aquí llamamos “vida fácil”. Como siempre lo mejor es empezar por definir lo que uno quiere decir con el concepto que quiere explicar. Muy bien: por “vida fácil” entendemos un nivel de goce cotidiano que no tiene una correlación paralela con el esfuerzo hecho para conseguirlo.

Muchos argentinos se dieron cuenta que el país les daba la efectiva posibilidad de conseguir un nivel de goce cotidiano de la vida mayor que el que les correspondería según su esfuerzo siempre que pudieran concentrar un poder de presión sobre el gobierno que terminara por hacer que este desvíe fondos de los demás hacia ellos: la diferencia entre la vida que podrían darse y los esfuerzos que tendrían que hacer para solventarla la pagarían otros: aquellos a los que les hubiera correspondido la parte de dinero público que ellos exitosamente consiguieron que el gobierno les asigne.

Esta guerra de presiones fue indudablemente alentada por el peronismo al pretender organizar la sociedad como si fuera un mecano: su famoso modelo de comunidad organizada en donde el pueblo aparece dividido por “ramas de actividad” y en donde el Estado se reserva el derecho de arbitraje.

Ese modelo de puja de intereses supuso un tironeo para quedarse con partes del dinero público en perjuicio de otros grupos con menos poder de presión o menor capacidad extorsión.

Sin dudas el modelo sindical estimulado también por el peronismo contribuyó como nada al nacimiento de esta vida de conflictos en donde la armonía social se perdió por completo y la convivencia diaria se convirtió, prácticamente, en una cotidiana lucha callejera para reclamar y quedarse con recursos públicos.

Desarmar este mecano corporativo debería ser la gran labor de un gobierno de cambio. Es más, si uno quisiera definir “cambio” (una palabra que se repite mucho pero que se explica poco) debería hacerlo de esa manera: el cambio es sustituir el modelo de mecano corporativo peronista por una sociedad de individuos que comparten ciertos ideales comunes (de nuevo, de acuerdo a la Constitución, un país que garantice los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad) en donde no se pueda gravar el patrimonio privado de los ciudadanos sin que los representantes del pueblo lo aprueben, y en el que el primer deber del gobierno deba ser el rendimiento de cuentas sobre el uso del dinero público.

A su vez, ese “rendimiento” no solo debería cumplir con el requisito básico que demuestre que los fondos fueron movidos legalmente, sino también que fueron usados EFICIENTEMENTE, es decir que fueron asignados de la manera que mayor beneficio común le trajo a la sociedad.

Mientras este “matrimonio” entre una sociedad que valore un gobierno que cuida su dinero y un gobierno decidido a cuidarlo no se consume, la Argentina no logrará dejar atrás los motivos que la hundieron. Mientras uno de los “novios” no entienda la ecuación, el matrimonio no funcionará. 

Por lo que se ve hasta ahora, uno de los novios (particularmente el presidente Milei) parece haber entendido los votos que lo comprometen en su casamiento. No estoy tan seguro que el otro novio (esa masa amorfa y compuesta por intereses contradictorios que es la sociedad) lo haya entendido bien. Hay allí todavía quienes creen que el juego de la Argentina sigue siendo un juego de extorsionadores y taitas que la van de guapos y que, como dijo el Papa, solo se trata de que esos “guapos” sigan “rompiendo la paciencia” para que todo vuelva a ser como antes.

Por Carlos Mira