Lo que ocurrió ayer en Rosario, en donde unos sicarios balearon el frente de uno de los supermercados de la familia del suegro de Lionel Messi, dejando un mensaje mafioso para el mismísimo astro del fútbol en el que le avisaban que lo estaban esperando y que el intendente no iba a poder protegerlo, fue una especie de gota de rebasó el vaso de la paciencia y les abrió los ojos a algunos que, aún hoy, increíblemente, estaban dormidos.

Naturalmente todo empeoró cuando el ministro de seguridad, Aníbal Fernández -es decir, la persona que supuestamente debería estar al frente de la lucha para vencer a estos criminales- declaró que “los narcos habían ganado la guerra”.

Si uno hace memoria,  la historia de Aníbal Fernández con la cuestión drogas, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, siempre fue muy oscura. Todos recuerdan la explosión de importación de efedrina cuando él era Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner que derivó en el triple crimen de Gral. Rodríguez en el que, misteriosamente, tres personas (cuyos nombres -Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina- fueron luego vinculados a la financiación de las campañas políticas de la presidente) aparecieron muertos en un descampado adyacente a la autopista del Oeste.

Uno de los acusados y condenado por ser autor material del crimen, Martín Lanatta, confesó que Aníbal Fernández había planeado el homicidio y lo señaló como su autor intelectual.

El hoy ministro de seguridad agregó otro dato sintomático a sus declaraciones: sin que se le mueva un pelo, dijo que “este problema viene desde hace 20 años”, siendo que, de ese período, el kirchnerismo (con él ocupando puestos clave en el gobierno y muchos de ellos directamente vinculados al tema seguridad) gobernó 16. Las preguntas caen de maduras: ¿qué hicieron ustedes para solucionarlo?, ¿por qué en todo ese período el problema no hizo otra cosa más que empeorar? ¿por qué siempre se negaron a asumir la naturaleza absolutamente federal de los delitos y por ende la responsabilidad y competencia exclusiva de las autoridades nacionales para enfrentarlo y vencerlo? Fernández no responde ninguna de esas preguntas. El peronismo tampoco.

A esto se le suma un ingrediente no menor. Con el secuestro del peronismo por parte de un ala marxista y subversiva del orden institucional, se encaramó en la estructura de decisión del partido una jerarquía que ideologizó todas las cuestiones relacionadas con la seguridad.

Como consecuencia de ello, el peronismo -un movimiento más bien facho, antes que romantizador del crimen- comenzó a zaffaronizar sus decisiones liberando presos, cerrando las oficinas de control, eliminando la inteligencia criminal, penitenciaria y de narcotráfico que ni siquiera era necesario crear ya que estaban funcionando al menos cuando el cuarto kirchnerato asumió en diciembre de 2019.

En efecto, el gobierno del entonces Cambiemos en uno de los dos rubros en donde actuó con cierto éxito (el de la seguridad y el de la política exterior) tenía organizadas todas esas tareas y había avanzado mucho en el objetivo de reducir la actividad narco en todo el país y en especial en Rosario.

El presidente Fernández, seguramente siguiendo directivas de la jerarquía que lo puso en ese lugar, cerró todas esas agencias y derogó todo su accionar prácticamente en la primera semana de su gobierno.

El tema fue particularmente llamativo en las cárceles que, desde entonces y bajo la supervisión de la marxista María Laura Garrigós de Rébori, quedaron en manos de los jefes mafiosos, quienes, habiéndose derogado la práctica de la inteligencia penitenciaria, dominan, desde teléfonos celulares y demás aplicativos tecnológicos, el accionar de los elementos que están libres y que reciben sus órdenes desde las celdas.

El nivel de escalamiento que ha alcanzado la actividad mafiosa en Rosario es de tal magnitud que no cabe caer en otra conclusión que no sea que ese aquelarre es el resultado de una fabulosa connivencia entre los narcos, la política, la policía, sectores de la Justicia y del personal del servicio penitenciario.

La opción “plata o plomo” está ya plenamente vigente en Rosario. Y si no se hace nada, en poco tiempo se diseminará por todo el país como un reguero de pólvora, valga, más que nunca, la metáfora.

Que un funcionario público federal que, a la sazón, viene a ser el brazo ejecutor del presidente de las políticas de las que dependen la seguridad y la vida de millones de argentinos declare que la batalla contra los narcos se ha perdido, sería, en cualquier lugar civilizado del mundo, motivo suficiente para que el presidente le pida la renuncia por haber confesado públicamente que no sirve para hacer el trabajo para el que fue convocado.

Pero en la Argentina, un presidente que apareció en Salta, como si fuera un pollo mojado, en lo que fue un formidable contraste con la imagen de matón a sueldo que había dado 24hs en el Congreso, no parece estar dispuesto a hacer nada parecido.

Solo se limitó a decir -en un tono apagado como el que podría tener un cornudo que acaba de enterarse que la mujer a la que le dio todo lo engaña- “habrá que hacer algo más… estamos haciendo mucho, pero habrá que hacer algo más porque los rosarinos y los santafesinos, son argentinos”. Un pusilánime inservible no podría haber desempeñado mejor ese papel.

Más allá de los problemas económicos que están arrasando a la Argentina, ésta es una cuestión en la que va nada más y nada menos que la vida de millones y, también, en la que está comprometida la conformación misma que el país tendrá de ahora en más.

Si el peronismo -secuestrado por el zaffaronismo marxista- va a seguir aplicando este tipo de políticas de seguridad, las imágenes de Rosario no van a tardar en multiplicarse por decenas en otras ciudades del país.

Esta vez fue la familia de Messi que, oh casualidad, había cometido el pecado de sacarse una foto, apenas 48 hs antes, con el presidente Macri en París luego de su consagración, una vez más, como The Best. Pero lo que le ocurrió al papá de Antonella le sucede a decenas de personas por día en la Sinaloa argentina. La estructura cómplice de los narcos debe ser barrida del gobierno argentino. Las oficinas de inteligencia criminal y penitenciaria deben ser restauradas. Las cárceles deben ser requisadas y todos los elementos de tecnología que utilizan los mafiosos para ordenar muertes deben ser quemados en una enorme hoguera pública. Aníbal Fernández y Garrigós de Rébori deben ser despedidos. Las fuerzas especiales de Gendarmería, Policía Federal y, si es preciso, del Ejército Argentino deben inundar Rosario porque allí está en juego el ejercicio de la soberanía argentina, cuyo cuidado es el primer deber de las Fuerzas Armadas de la Constitución. Se deben construir cárceles enormes en lugares inhóspitos para alojar a todos los delincuentes peligrosos sin excepción.

De lo contrario el peronismo será el autor intelectual de miles de asesinatos. Está en sus manos empezar a ganar esta guerra que su propio ministro dio por perdida.

Por Carlos Mira