No hay dudas de que lo que decíamos ayer respecto de la Argentina como uno de los países más gramscianos del mundo (si no el más) se vereifica, desgraciadamente a cada instante.

Un nuevo motivo para confirmar esta tesis la dio ayer la publicación de la solicitada en donde un grupo de ciudadanos, entre los que me incluyo, firmaron un pedido público de juicio político al juez Daniel Rafecas, aquel que, sin abrir a prueba ninguna de las más de 45 medidas solicitadas por los fiscales Nisman, Pollicita y Moldes, mandó a archivar la denuncia contra la Sra Cristina Fernandez por encubrimiento de criminales en el atentado a la AMIA.

Por supuesto que uno podía esperar reacciones fascistas de los fascistas de siempre (Bonafini, Zaffaroni, D’Elía, Victor Hugo Morales y toda la troupe de argentinos que aspira a otro modelo alternativo de organización nacional que, claramente, no es el de la Constitución) pero lo que confirma el triunfo de la táctica de Gramsci en el país es que, a esos desaforados, se le sumó gente que a primera vista piensa equilibradamente y que, al menos en los medios, se ha ganado un lugar de respetabilidad.

En particular me llamó la atención, y me decepcionó personalmente, el comentario del periodista Luis Novaresio acusando de “caníbales queriéndose comer al caníbal” a todos los que habíamos firmado el documento.

Luis suele tener esos arranques de “equilibrismo forzado” que traduce en comentarios que parecen más preparados para cubrir cierta vergüenza por decir claramente ciertas cosas que manifestaciones sinceras de su pensamiento profundo. Y, muchas veces, ser un equilibrista no es lo mismo que ser equilibrado.

Ninguno de los firmantes propone comerse a Rafecas. Lo que el documento pide es que las instituciones argentinas pongan en funcionamiento los mecanismos de la Constitución para verificar si Rafecas estuvo o no a la altura de las circunstancias en la investigación que cayó en sus manos y que se produzca su remoción en el caso de concluir que no actúo como mínimamente podría haberse esperado.

Para seguir la analogía de Luis, el documento dice: “Para nosotros Rafecas es un caníbal. Solicitamos que las herramientas constitucionales se pongan en funcionamiento para que este señor no siga comiéndose gente por la calle”. Eso es algo muy distinto a lo que Luis dice; aquello de lo que Luis nos acusó.

Es más, el verdadero alcance con el que el documento debería ser juzgado es bajo el interrogante de si en la Argentina rige o no la libertad de expresión. Si se ha llegado al punto en que un grupo de ciudadanos no puede expresar públicamente por la prensa (para usar directamente las palabras de la Constitución) lo que piensa respecto de un tema y tampoco puede pedir que los mecanismos de la República se pongan en funcionamiento para juzgar la conducta de un funcionario público, entonces hay que concluir que en la Argentina esa garantía constitucional no rige y que por lo tanto vivimos en un régimen que podrá llamarse de cualquier forma pero que por respeto a los 400 años de evolución del Derecho en beneficio de los derechos civiles, no puede llamarse “democracia”. Pongan el ingenio a laburar, muchachos, piensen e inventen otra palabra. Pero, por favor, absténganse de llamar a esto democracia, porque si no admiten el derecho ajeno a expresar públicamente una idea diferente a la suya, viviremos como podremos, pero no en democracia.

Al lado de esta preocupación profunda hay que recordar los antecedentes del caso para poner esto en contexto. El fiscal Nisman había elaborado una denuncia contra la entonces presidente Cristina Fernández, otros miembros de su gabinete, algunos diputados y otras personas afines al régimen, acusándolos de haber encubierto a los verdaderos autores intelectuales del crimen de la AMIA.

El Congreso llamó al fiscal a ampliar su denuncia ante los diputados para una sesión especial convocada para el lunes 19 de enero de 2015. En la madrugada del domingo 18 de enero, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su casa.

A partir de allí, su denuncia pasó a manos del fiscal Pollicita que la presentó ante Rafecas, quien la desestimó sin producir una sola de las medidas de prueba solicitadas. El expediente paso a Cámara en apelación y la denuncia fue incluso ampliada por el fiscal Moldes. Allí se produjo una llamativa espera –casi con cronómetro en mano- para que el fiscal de Cámara cambiara de turno y la fiscalía cayera en manos del kirchnerista Javier De Luca. Cuando el segundero llegó al punto exacto, De Luca asumió y mandó devolver la causa a Rafecas, quien la mando a archivar definitivamente.

Había, solo en escuchas telefónicas, más de 900 horas de grabaciones, más otros elementos que Nisman había aportado (aunque nunca hubieran sido lo mismo sin él) y que, sin embargo, por obra y gracias de la decisión de Rafecas la sociedad se privó de conocer en toda su magnitud.

Y frente a esto ahora resulta que los “caníbales”, los “representantes de poderes extranjeros”, los “destituyentes del ‘55”, somos los que firmamos la solicitada. ¡Es genial…! Un caso paradigmático de dar vuelta las cosas como una media, al mejor estilo del maestro Gramsci.

El caso tiene ribetes hasta cómicos. El kirchnerismo se pone en el lugar de lanzar estas acusaciones cuando trató de infiltrar la Justicia (con gran parte de éxito por otra parte); de llevársela puesta completa cuando el nivel de infiltración que había logrado le pareció insuficiente; de haber echado a una Corte entera por televisión mediante un simple mensaje del entonces presidente Néstor Kirchner (a quien no recuerdo que nadie haya acusado de caníbal por pedir el juicio político a media CSJ); de haber intentado sacar a Fayt a las patadas y de mala manera de su asiento en la Corte; de haber amañado el Consejo de la Magistratura; de haber defendido a jueces como Oyarbide y de haberle mandado la policía a la puerta de la casa de otros, como a la jueza María José Sarmiento.

En fin, las cosas deben estar muy dadas vuelta en la Argentina si los caníbales somos quienes pedimos que la dignidad sea restablecida en el país, que la muerte de un funcionario judicial en condiciones escabrosas no quede impune y que, fundamentalmente su denuncia sea abierta y continuada y que se juzgue como se debe, bajo las garantías de la Constitución, a quienes sin siquiera tener la más mínima curiosidad profesional mandaron al cajón polvoriento de los archivos la que probablemente sea la investigación más escandalosa de la historia del país.