Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Terminar viendo cómo resultan las cosas puede depender muchas veces de ver cuál es el sistema para elegir a las personas que se supone van a encargarse de “las cosas”. Por eso resulta incomprensible cómo en la Argentina sigue estando vigente un sistema electoral por el cual los electores (los ciudadanos) no conocen a quienes votan.
Porque, luego, esos votados, se perciben (y sobre todo, se manejan) como si fueran el pueblo mismo, o como si estuvieran investidos de un manto sagrado al que llaman “voluntad popular”. ¿Cuál puede ser la “voluntad popular” si el que la expresó no tenía la menor idea de quién era y de cómo pensaba el que luego se la arroga?
Esa falla sustancial y embrionaria de nuestro sistema electoral debería ser la primera cuestión a enmendar para que el nuestro pueda ser llamado con autoridad y corrección un “sistema representativo”. Otro en el cual los que eligen no conozcan a los elegidos no puede “representar” a nadie.
Por lo tanto la atención principal de quienes hacen las leyes debería ser esa.
El problema es que los primeros perjudicados por una reforma que auspicie el hecho de que el elector conozca perfectamente a todos los aspirantes a ocupar una banca legislativa, son ellos mismos, de manera que es prácticamente imposible que lo hagan.
En su lugar, y auspiciado por el PE, el proyecto que hoy esta en discusión es el de seguir adelante con la PASO que inventó Néstor Kirchner o abolirlas.
El mayor argumento para eliminarlas (o por lo menos el que se pone arriba de la mesa oficial de discusiones) es el costo exorbitante que tiene para el erario público llevar adelante con diferencia de dos meses, dos elecciones prácticamente iguales, instrumentadas solamente para evitarles a los partidos (que son, en el fondo, asociaciones privadas de ciudadanos) el “inconveniente” de tener que dirimir eso de acuerdo a su propia inteligencia y, sobre todo, de acuerdo a sus propios bolsillos.
En efecto, por el “truquito” de las PASO, los partidos politicos (repito: una forma más de asociación privada de ciudadanos) le han trasladado a la sociedad el fardo de más de 230 millones de dólares.
¿Que lo verdaderamente democrático es que los partidos politicos elijan a sus candidatos de manera democrática? Si por supuesto. Eso es una obviedad que se explica sin ir más lejos por el hecho de tener que repetir dos veces la palabra “democrático/a” dos veces en la misma frase. Una perogrullada.
El punto es quién paga el estofado. Y no hay ninguna razón para que el costo del estofado le sea endilgado a la sociedad bajo el pobre argumento de que los partidos políticos son “algo más que una simple asociación privada de ciudadanos” para convertirse en una estructura fundamental para la república. De “estructuras fundamentales para la república” el país está (gracias a Dios) lleno. Porque sin empresas el país no podría funcionar, sin colegios el país no podría funcionar, sin estaciones de servicio el país no podrá funcionar, sin supermercados el país no podría funcionar, sin agricultores el país no podría funcionar, sin pescadores el país no podría funcionar, sin kioskitos el país no podría funcionar, sin librerías el país no podría funcionar, sin farmacias el país no podría funcionar, sin medicos el país no podría funcionar y así sucesivamente hasta el infinito. Y a ninguna de esas agrupaciones de ciudadanos se les ocurriría ir a pedir dinero público para solucionar sus cuitas internas. Y si lo hicieran “los celosos guardianes del ‘dinero del Estado’” (como si tal cosa existiera de verdad) saldrían a decir, con razón, que tal pretension es inconcebible.
Muy bien, señores de los partidos políticos, la pretensión de ustedes también es inconcebible: organicen primarias propias, con idas propias y dinero propio; establezcan una estructura fiable por la cual los ciudadanos que estén interesados en participar de su interna lo puedan hacer y denle transparencia al procedimiento. No es muy difícil. El mismísimo peronismo (nada menos) cuando lo quiso hacer lo hizo, cuando “privadamente” hizo que sus simpatizantes dirimieran la interna entre Menem y Cafiero para las elecciones que iban a ocurrir en 1989.
Claro, todo esto ocurría cuando -pese a sus propias inclinaciones- en el país aun regia plenamente el prístino sentido común de la Constitución original de 1853 y antes de que la casta política más rancia de la que se tenga memoria llevó el estatus de los partidos a un nivel que solo ellos se creen, armando nada menos que un capítulo especial para ellos en la reforma del ‘94: se trató del más impresionante uso del pueblo para consagrar a un conjunto de ciudadanos privados en una especie de burbuja de privilegio de la que siguen viviendo al día de hoy.
Entonces, aquí habría que hablar con claridad y dejar, una vez más, la demagogia y las mentiras de la “corrección política” de lado. La democracia interna de los partidos debe ser sustentada por los bolsillos de sus afiliados, no por el de la sociedad. Y sí: la democracia interna de los partidos es un requisito sine qua non para la participación electoral, con lo que también se convierte en un requisito sine qua non para sus afiliados el meter la mano en sus propios bolsillos y pagar el costo de esa democracia interna: juntarse en el bar de la esquina, armar un “partido politico” y luego declararse “pilar fundamental de la república” para pasarle los gastos al pueblo, no va más.
A partir de ahora los partidos políticos deberían tener tres obligaciones ineludibles: asegurarle a la ciudadanía un método democrático para que sus candidatos sean presentados a la sociedad, pagar por el costo de ese método y presentarle al elector la trayectoria completa de los candidatos elegidos para que aquellos que tengan que decidir puedan decidir en base a saber a quiénes están votando.
Hasta que un sistema así no sea organizado, la Argentina podrá tener un conjunto de privilegiados saltando como chicos caprichosos arriba de una mesa al grito de “nosotros somos el pueblo por que el pueblo nos votó”, pero todo el mundo sabrá que eso es una farsa. No puede haber democracia cuando el ciudadano no conoce a quien está eligiendo y, encima, tiene que pagar los gastos del proceso por el cual ese don nadie pudo presentarse a reclamarle su voto.
