Carlos Mira, The Post, Editorial
A 50 años del 24 de marzo de 1976, la Argentina sigue atrapada en una discusión que, lejos de esclarecer el pasado, muchas veces lo simplifica, lo distorsiona o lo instrumentaliza. Medio siglo después, el país continúa debatiéndose entre relatos que, en lugar de buscar la verdad completa, seleccionan fragmentos funcionales a intereses políticos, ideológicos o económicos.
Una mirada más amplia sobre los hechos obliga a revisar algunos supuestos profundamente arraigados en el discurso dominante. El primero de ellos es la idea de un “golpe” exclusivamente unilateral. Diversas interpretaciones sostienen que el quiebre institucional no fue un “rayo en un cielo sereno” (como dice Diego Recalde), sino el resultado de un proceso previo de deterioro extremo, en el que sectores del propio peronismo y de las Fuerzas Armadas habrían convergido en la necesidad de un desenlace ya anticipado. En ese contexto, el 24 de marzo no aparece como un punto de partida, sino como un punto de llegada.
Ese deterioro no comenzó en 1976. La violencia política en la Argentina puede rastrearse al menos desde fines de los años 60 y se intensificó durante el gobierno constitucional iniciado en 1973. Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el país vivió una escalada de enfrentamientos armados, atentados, secuestros y asesinatos que marcaron a fuego a la sociedad. La idea de que el terrorismo surgió como reacción al golpe militar ignora que, para entonces, ya llevaba años operando con intensidad creciente.
En ese período, organizaciones guerrilleras protagonizaron acciones que incluyeron asesinatos de trabajadores, empresarios, jueces, policías, e incluso niños y adolescentes. También llevaron adelante secuestros extorsivos en condiciones inhumanas, en muchos casos seguidos de ejecuciones aun después de haberse pagado rescates. Para marzo de 1975, la violencia había alcanzado niveles que, para amplios sectores de la sociedad, resultaban insoportables.
Otro aspecto menos explorado es el origen de la estructura paramilitar que luego derivó en una espiral aún más compleja. Fue el propio Perón el que especuló con la idea de estimular esa actividad paramilitar para volver al poder. Esa estructura cobró vida propia en manos de sectores radicalizados que escaparon rápidamente del propio control del viejo General. En ese caldo de cultivo, las fronteras entre violencia estatal, paraestatal y revolucionaria se volvieron difusas.
Tras el golpe, la construcción del relato sobre lo ocurrido también se convirtió en un campo de disputa. La cifra de 30.000 desaparecidos, instalada como símbolo, ha sido cuestionada por distintas investigaciones que la consideran una estimación no verificada. En ese sentido, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sabato, documentó poco más de 8.000 casos entre muertos y desaparecidos.
Este dato ha sido interpretado de múltiples maneras. Para algunos, refleja un piso comprobado dentro de un fenómeno más amplio. Para otros, evidencia una discrepancia significativa con el número simbólico difundido durante décadas. La discusión no es meramente estadística: remite a la credibilidad de los relatos, a la utilización política de la memoria y al modo en que una sociedad procesa su pasado.
En ese marco, también surge un interrogante incómodo: si las cifras más altas fueran exactas, ¿cómo explicar la ausencia de miles de denuncias formales por parte de familiares directos? Si eso fuera cierto la Argentina, que presume de su humanismo solidario, sería en realidad la sociedad más desaprensiva del mundo, en la que miles de familias y allegados nunca se presentaron para reclamar por sus familiares. Es la tesis, llena de sentido común, de Graciela Fernández Meijide que a pesar de ser una madre de hijo comprobadamente desaparecido, ha sido cancelada por decir la verdad.
La pregunta no busca minimizar el horror vivido, sino subrayar la necesidad de rigor histórico en un tema que ha sido, muchas veces, abordado desde la emotividad o la conveniencia.
Con el regreso de la democracia, el propio presidente Alfonsín endosó la idea de que la cifra de 30000 desaparecidos era una completa mentira. Para rebatirlo el kirchnerismo violó la biblia de la CONADEP -el libro “Nunca Más”- y profanó hasta el mismísimo prólogo -escrito por Ernesto Sábato- para justificar las millonarias “indemnizaciones” que repartieron entre sus propios militantes.
A medio siglo de distancia, la Argentina enfrenta un desafío que excede la interpretación del pasado: el de construir una mirada adulta sobre su historia. Eso implica reconocer la complejidad de los hechos, asumir responsabilidades compartidas y evitar la tentación de reducir todo a una narrativa de buenos y malos.
Mientras el país no logre salir de los relatos cerrados y de las simplificaciones interesadas, seguirá atrapado en una lógica que impide el aprendizaje. Y sin aprendizaje, no hay madurez posible. Una nación que no revisa críticamente su historia corre el riesgo de repetirla, o peor aún, de quedar condenada a los mismos ciclos de frustración, enfrentamiento y estancamiento que han marcado gran parte de su trayectoria afectada históricamente por los típicos delirios de la adolescencia.
