Natalia Schneider, The Post
Buenos Aires, Dic. 16, 2025.- El Gobierno argentino avanza con su reforma laboral mientras los principales sindicatos preparan una movilización en Buenos Aires, en una combinación que vuelve a poner a prueba la capacidad del presidente Javier Milei para impulsar un programa promercado sin perder el control del orden público.
La CGT, junto con otras centrales sindicales y organizaciones de izquierda, convocó para este jueves a una marcha hacia la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Senado. Se espera que las columnas confluyan desde distintos puntos del centro porteño, incluido el Obelisco.
Fuentes cercanas al Presidente confirmaron que el Ejecutivo aplicará el protocolo antipiquetes para evitar cortes de calles y reducir el impacto económico de la protesta. El operativo estará a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien, pese a su reciente designación, ya venía coordinando la implementación del esquema en su anterior función como secretaria de Seguridad.
Desde el oficialismo señalaron que no habrá modificaciones en el procedimiento y describieron la movilización como una reacción previsible del sindicalismo frente al avance de la agenda de reformas.
La iniciativa de reforma laboral, firmada por Milei el jueves por la mañana tras su regreso de Oslo y enviada ese mismo día a la Cámara alta, es considerada una pieza central del programa económico del Gobierno. El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan reducir costos laborales, limitar la litigiosidad y mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, en un contexto de estancamiento prolongado del mercado de trabajo.
En el Gobierno recordaron que el protocolo de orden público se aplica de forma regular, incluso durante las marchas semanales de jubilados frente al Congreso, donde suelen participar organizaciones políticas, sociales y sindicales. En una de esas manifestaciones, un fotógrafo resultó gravemente herido durante un operativo de seguridad, un antecedente que sigue presente en la evaluación del esquema vigente.
Monteoliva explicó que el dispositivo previsto contempla el análisis de la magnitud de la protesta, los desplazamientos de las columnas y los recorridos, con mecanismos de contención para ordenar la circulación. “El orden público no se negocia”, afirmó, en línea con la política de seguridad que el Ejecutivo mantiene desde el inicio de la gestión.
La decisión de la CGT de movilizarse se terminó de definir tras su participación en el Consejo de Mayo, donde estuvo representada por el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Luego de ese encuentro, la central obrera expresó su disconformidad con el texto final remitido al Congreso y resolvió no acompañar la iniciativa. A la convocatoria se sumaron las dos CTA y organizaciones piqueteras, que denuncian un retroceso en derechos laborales.
El proyecto introduce cambios estructurales en el régimen laboral argentino. Entre sus principales puntos se destacan una mayor flexibilidad en los procesos de contratación y desvinculación, restricciones al derecho a huelga y una modificación del cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios y otros adicionales no habituales. También habilita la creación de bancos de horas mediante convenios colectivos, permitiendo redistribuir la jornada laboral y extenderla hasta 12 horas. Además, autoriza el fraccionamiento de las vacaciones y amplía el listado de actividades consideradas esenciales.
En el oficialismo relativizan el impacto político de la protesta sobre el trámite legislativo. Si bien reconocen que la aprobación de la norma presenta un escenario ajustado en el Congreso, sostienen que la movilización no alterará la correlación de fuerzas. El Gobierno apunta a lograr la sanción antes de fin de año o, en su defecto, durante el primer trimestre del próximo, tras el receso parlamentario.
