La Argentina está entrando de a poco, una vez más como en el cuento de la rana hervida, en un sistema de ley de la selva. A las tomas de tierras en varios lugares del país -organizadas por avanzadas de organizaciones kirchneristas y con la anuencia del Papa, o directamente por grupos sediciosos que, bajo la bandera mapuche, están armando un negocio personal en el sur en contra de la propiedad de argentinos a quienes supuestamente debería proteger la Constitución- se le ha sumado ahora un levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires con manifestaciones de efectivos en las calles y con acuartelamientos de distintas divisiones de la fuerza y, también, un alzamiento de vecinos en Pilar que en abierta oposición a la autoridad del Estado lograron imponer su voluntad de que Lázaro Báez vuelva a la cárcel de Ezeiza y no pueda ingresar en un country de esa zona del conurbano norte.

Se trata de un enrarecimiento cada vez más evidente de la vida cotidiana que sucede mientras el presidente aparece cada vez más desbordado por la situación a que lo somete el coronavirus por un lado y su vicepresidente, por otro.

Fernández ha perdido el control, si es que alguna vez lo tuvo, de las riendas más importantes del Estado: nadie le responde.

Cristina Elisabet Fernández no afloja en su presión por conseguir lo único que le importa, es decir, su impunidad y la de sus hijos y un horizonte judicial que le permita implementar el plan de venganza que viene ideando desde hace mucho en el Instituto Patria.

A la embestida contra los jueces Bertuzzi y Bruglia ahora se suma la de Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7 que lleva la causa de los cuadernos en la que la vicepresidente aparece seriamente involucrada.

Este juez acaba de solicitar un per saltum a la Corte Suprema esperando que ésta decida en consonancia con la acordada dictada por ella misma hace ya un tiempo en la que concluía que los traslados de jueces dentro de una misma competencia y jurisdicción no requieren de una nueva confirmación del Senado.

Como se sabe, y siguiendo con la falta completa de apego a las normas a la que Cristina Elisabet Fernández está llevando al país, la mayoría kirchnerista en el Consejo de Magistratura con el increíble voto positivo de la ubicua y poco confiable diputada Graciela Caamaño, desconoció esa jurisprudencia de la Corte y mandó los pliegos de estos jueces nuevamente al Senado para que sus lugares caigan barridos por la tiranía del número con la que la vicepresidente se maneja allí.

La pregunta es qué hará la Corte, apretada entre la presión de la vicepresidente y su propia acordada. Si es coherente y se mantiene fiel a lo que ella misma decidió en la acordada, el conflicto con el kirchnerismo, con el poder ejecutivo y con Cristina Elisabet Fernández se agravará y sus consecuencias nadie las conoce, porque nadie sabe, tampoco, hasta dónde está dispuesta a ir la vicepresidente con su andanada de rencor.

Que el país no le interesa nada y que solo obedece a su odio, no necesita ser ya probado. Si alguna prueba faltaba, no hay más que ver las demoras a las que está sometiendo el tratamiento de la ley del conocimiento (cuyo texto en la “versión Cambiemos” fue suspendido) demoras que, cada día que pasa, implican someter a la Argentina a la antigüedad, el atraso y la miseria porque no hay dudas que el país que no se mantenga acorde con los progresos que aporta la tecnología mundial, se ahogará en la miseria. Sin embargo allí aparece Cristina Elisabet Fernández poniendo palos en la rueda para que la ley no avance, simplemente por su resentimiento contra las empresas que brindan esos servicios.

A su vez, hay cada vez más indicios de que la histórica pasividad de los sectores “racionales” de la sociedad, se va perdiendo gradual pero incansablemente. Lo que ocurrió en Pilar ayer a la noche es una prueba manifiesta de eso.

Ahora hay convocada otra manifestación frente a la Corte para pedir por el respaldo a los jueces a los que se quiere desplazar porque tienen casos que complican a la vicepresidente. Mucha gente se va haciendo a la idea de que el monopolio de la violencia puede no solo ser peronista.

Frente a esta eventual realidad, la responsable número uno de generarla -Cristina Elisabet Fernández- no da señal alguna de retroceso.

Al contrario, en las últimas semanas parece haberle agregado algo de desesperación a la consecución de sus objetivos. A partir de esa pérdida de foco la vicepresidente parece ya no medir los efectos de sus actos y solo se propone arremeter. Ve que el tiempo pasa y si su situación judicial no mejora antes de las elecciones del año que viene (en las que el kirchnerismo puede perder varias bancas legislativas y varias de las posiciones electivas que se disputarán en el interior) entiende que los jueces pueden volver a estar atentos al ruido de las urnas y no mostrarse inclinados a absolverla. Ella sabe que puede gritar a los cuatro vientos que la “absolvió la historia” pero que esas palabras no se escuchan detrás de los muros de la cárcel.

Se juegan días y horas históricas en el país. La señalización que indica que el camino se bifurca frente a nosotros entre una rampa que conduce a la confirmación del fascismo y otra que supone intentar recuperar la República, ya se ve en el horizonte.