Patricia Arencibia, The Post FMGN Press, US Correspondent
A menos de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos está interviniendo en algunos de los asuntos que pueden tener mayor impacto sobre la organización de los comicios: el voto por correo, el acceso a los padrones electorales, el rediseño de los distritos y el financiamiento de las campañas.
El panorama que dejan las decisiones recientes es complejo. En algunos de los casos más importantes, la Corte respaldó posiciones impulsadas por la administración Trump o por dirigentes republicanos; en otros, rechazó pedidos del gobierno y dejó vigentes restricciones promovidas por tribunales inferiores. Más que una única línea de decisiones, lo que aparece es una intensa disputa jurídica sobre quién tiene autoridad para establecer las reglas con las que se celebrarán las elecciones de 2026.
El voto por correo, en el centro de la disputa
Uno de los enfrentamientos más recientes tuvo como protagonista al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). La administración Trump había intentado imponer un mecanismo por el cual los estados debían entregar sus padrones electorales para compararlos con bases federales y verificar la ciudadanía de los votantes antes de distribuir determinadas boletas por correo.
La iniciativa encontró resistencia en los tribunales inferiores. Los jueces cuestionaron la utilización de una base de datos del Departamento de Seguridad Interior para realizar esa verificación y recordaron que la Constitución otorga a los estados un papel central en la organización de las elecciones al Congreso.
La Corte Suprema rechazó el pedido de la administración para levantar esas restricciones judiciales. El gobierno había buscado que el Servicio Postal pudiera condicionar la entrega de determinadas boletas a la cooperación de los estados con el sistema de verificación.
La decisión representa un revés para esa estrategia federal y mantiene abierta una cuestión institucional de fondo: hasta dónde puede llegar el gobierno de Washington en la administración de elecciones que, por diseño constitucional, son organizadas principalmente por los estados.
Los padrones electorales: otra batalla abierta
La administración Trump también mantiene numerosos litigios para obtener las listas de votantes de los estados y compararlas con registros federales con el objetivo declarado de verificar la ciudadanía.
Según el relevamiento presentado por USA Today, el Departamento de Justicia había perdido 23 casos en tribunales inferiores relacionados con estos pedidos. Entre los argumentos utilizados por los estados y organizaciones que se oponen a la entrega de los padrones aparece la cuestionada confiabilidad de determinadas bases federales para establecer la ciudadanía individual de un elector.
El conflicto, sin embargo, permanece abierto. El gobierno continúa intentando obtener acceso a esa información y existen otros expedientes relacionados con la utilización de números de Seguro Social para realizar búsquedas en esas bases de datos.
La batalla por los mapas electorales
Pero probablemente el capítulo con mayor potencial para modificar la composición del Congreso sea el rediseño de los distritos electorales.
Los republicanos mantienen actualmente mayorías muy estrechas en ambas cámaras: 218-214 en la Cámara de Representantes y 53-47 en el Senado. En ese contexto, modificar unos pocos distritos puede tener consecuencias importantes sobre la composición del próximo Congreso.
La Corte Suprema permitió avanzar con mapas impulsados por republicanos en Louisiana, Texas y Alabama. En Texas, el nuevo diseño podría favorecer la obtención de hasta cinco bancas adicionales para los republicanos dentro de una delegación de 38 representantes.
La situación, sin embargo, no fue uniforme. En California, la Corte permitió un nuevo mapa que podría traducirse en hasta cinco bancas adicionales para los demócratas de la delegación estatal. En Missouri, además, rechazó intervenir para permitir que entrara en vigencia un nuevo mapa republicano, dejando temporalmente en pie una disputa estatal.
El caso de Missouri muestra hasta qué punto la cuestión se volvió urgente. La modificación del mapa se produjo en medio del proceso electoral y generó interrogantes sobre la posibilidad de trasladar a numerosos electores de un distrito a otro.
En definitiva, el mapa electoral de 2026 no es solamente una cuestión cartográfica. Puede determinar qué candidatos compiten en cada distrito y qué comunidades quedan agrupadas dentro de ellos.
Dinero: la Corte abre una nueva etapa
Otro de los cambios importantes se produjo en materia de financiamiento político.
En uno de los casos, la Corte Suprema anuló una restricción vigente desde hacía décadas que limitaba cuánto dinero podían gastar los partidos políticos en coordinación con sus candidatos. La mayoría consideró que esa prohibición afectaba las garantías de libertad de expresión contempladas en la Primera Enmienda.
La norma había sido aprobada por el Congreso en 1974, después del escándalo de Watergate, y la propia Corte la había respaldado en 2001. El nuevo fallo modifica sustancialmente aquel precedente.
La demanda había sido impulsada, entre otros, por el vicepresidente JD Vance y por los organismos de campaña de los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes. La decisión fue adoptada por una mayoría de 6-3.
El efecto práctico es que los partidos tendrán mayor margen para coordinar gastos con sus candidatos durante las campañas electorales, particularmente en materia de publicidad y comunicación política.
También cambia la publicidad política
La disputa por el dinero electoral tuvo además un segundo capítulo: las tarifas de publicidad en radio y televisión.
La legislación federal establece que los candidatos tienen derecho, durante determinados períodos electorales, a acceder a las tarifas más bajas ofrecidas por las emisoras para anuncios políticos. El conflicto consistió en determinar si ese beneficio debía extenderse también a los partidos políticos.
La Comisión Federal de Comunicaciones había decidido avanzar en esa dirección, estableciendo que los partidos deberían recibir las mismas tarifas que los candidatos.
Los tribunales inferiores habían cuestionado esa interpretación, argumentando que la legislación federal se refería específicamente a los candidatos. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que la política de la FCC entrara en vigor mientras continúa la disputa judicial.
El resultado agrega otro elemento al nuevo escenario de financiamiento: los partidos disponen de mayor capacidad para gastar coordinadamente con sus candidatos y, al mismo tiempo, pueden acceder a condiciones publicitarias más favorables bajo la interpretación adoptada por la FCC.
El voto que llega después del Election Day
Otro caso importante involucró a Mississippi y su legislación sobre las boletas enviadas por correo.
La norma permite contabilizar determinadas boletas enviadas antes del Election Day pero recibidas posteriormente, siempre que lleguen dentro de un período de cinco días y cumplan los requisitos establecidos por la legislación estatal.
La Corte Suprema falló 5-4 que la legislación federal no impedía a los estados establecer esos períodos de gracia. La decisión mantiene, por lo tanto, la posibilidad de que determinados estados contabilicen boletas recibidas después del día oficial de la elección.
La cuestión tiene además una dimensión política particular porque Donald Trump ha criticado durante años el voto por correo y ha cuestionado el fenómeno conocido como red mirage: resultados iniciales que pueden mostrar una ventaja republicana que posteriormente se modifica cuando se incorporan las boletas enviadas por correo.
El fenómeno, sin embargo, no constituye por sí mismo evidencia de fraude. Está relacionado con los diferentes tiempos y procedimientos que utilizan los estados para procesar los votos presenciales y los enviados por correo.
Una Corte en el centro de la batalla electoral
Las decisiones muestran algo más profundo que una sucesión de litigios aislados. Las elecciones estadounidenses de 2026 se están desarrollando también en los tribunales.
La administración federal busca mayor acceso a información electoral; los estados defienden su autoridad sobre los padrones y la organización de los comicios; republicanos y demócratas disputan el trazado de los distritos; los partidos buscan ampliar su capacidad de financiamiento y distintas organizaciones cuestionan determinadas medidas por su posible impacto sobre el acceso al voto.
La Corte Suprema aparece así en el centro de una disputa institucional que combina poder federal y poder estatal, libertad de expresión, financiamiento político y administración electoral.
Y hay un dato que explica la intensidad de la pelea: cuando la mayoría legislativa en Washington se mide por apenas unos pocos escaños, una decisión judicial sobre un mapa electoral, una regla de votación por correo o la cantidad de dinero que puede movilizar un partido puede terminar teniendo consecuencias directas sobre la composición del Congreso que emergerá de las urnas en noviembre.
