THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hay decisiones que, por su gravedad, exceden largamente el contenido de un expediente judicial. La decisión de la jueza Marta Pascual, de la provincia de Buenos Aires, de suspender durante 60 días la aplicación de la nueva ley penal juvenil, que había endurecido las consecuencias para los delincuentes juveniles, es una de ellas.

El argumento utilizado resulta difícil de aceptar: la provincia no cuenta todavía con las dependencias adecuadas para dar cumplimiento al encierro de los menores que delinquen.

Dicho en términos sencillos, el razonamiento parece ser: “No hago lo que es bueno porque todavía no tengo lo mejor”. Y ese razonamiento plantea una pregunta elemental: ¿qué ocurre mientras se espera que existan las condiciones ideales?

Porque la delincuencia no espera. Mientras funcionarios, especialistas, jueces, organizaciones y sectores políticos discuten durante años sobre la complejidad del fenómeno de la delincuencia juvenil, mientras se organizan debates y se buscan explicaciones cada vez más sofisticadas acerca de sus causas y posibles soluciones, los delincuentes juveniles siguen matando, robando, violando, golpeando, traficando y cometiendo toda clase de delitos.

La invocación permanente de la “complejidad” del problema se ha convertido, demasiadas veces, en una manera elegante de ganar tiempo. Y ganar tiempo, frente a determinadas situaciones, significa sencillamente permitir que las cosas continúen ocurriendo.

Los argumentos utilizados para justificar esta nueva demora resultan tan berretas y el propósito de seguir postergando una respuesta concreta frente a la delincuencia resulta tan evidente que esta jueza debería ser separada de su juzgado por prevaricato, mal desempeño de sus funciones y por fallar conscientemente contra la ley.

Porque cuando el Estado tiene que proteger a la sociedad honesta, no puede transformar sus propias deficiencias en una excusa para no aplicar las leyes que esa misma sociedad necesita.

Y aquí aparece también otra cuestión que se conecta directamente con lo que planteábamos en nuestra columna de ayer: la posición del cura Pepe, quien inmediatamente se plegó al fallo. Uno podría esperar de un sacerdote una preocupación particular por las víctimas. Podría esperarse, por ejemplo, que propusiera que León XIV visitara a las madres del dolor y a las instituciones que reúnen y acompañan a las víctimas de la delincuencia, de las que hay muchas en la Argentina.

Pero no. Se celebra, en cambio, la visita del Papa a la cárcel de Devoto para hablar con quienes están allí por haber matado, robado, violado y cometido otros delitos. ¿Y las víctimas? ¿Quién visita a las madres que perdieron a sus hijos? ¿Quién acompaña a las familias destruidas? ¿Quién pone en el centro del discurso a quienes sufrieron el delito y no a quienes lo cometieron?

La Iglesia también ha respaldado, durante años, buena parte de esta mirada. Y lo ha hecho junto con dos décadas de kirchnerismo que destruyeron todo lo que tuvieron delante, pero principalmente aquello que tenía que ver con los valores tradicionales de la familia, la honestidad, el mérito y el esfuerzo honrado.

A eso hay que sumar tantos años de prédica de una persona que la Argentina tuvo la desgracia de engendrar en las filas de su academia: Eugenio Zaffaroni. Una desgracia con forma de ser humano que infestó literalmente la mente de decenas de miles de abogados que hoy son jueces, fiscales y funcionarios judiciales, muchos de los cuales están allí para solidificar un modelo de decadencia moral y de derrumbe de todos los pilares fundantes del bien.

Todo esto también debería formar parte de las cuestiones sobre las cuales la sociedad debe expedirse. Y debe hacerlo de manera directa, clara y sin correcciones políticas. Especialmente cuando se trata de las expresiones de sectores de la Iglesia identificados con los llamados curas villeros y con la cultura de la villa en general. Hay, en torno de este tema, una especie de “vergüenza” para hablar en contra de determinadas realidades sin pelos en la lengua, como si señalar aquello que está mal constituyera una forma de discriminación y no una obligación frente a la sociedad.

Hay que decirlo con absoluta claridad: los delincuentes no son iguales a la gente honesta. No tienen sus mismos derechos ni su misma dignidad. La sociedad honesta tiene derecho a vivir sin miedo. Tiene derecho a que sus hijos puedan salir a la calle, a trabajar, estudiar, volver a sus casas y construir sus vidas sin convertirse en víctimas de quienes decidieron delinquir.

Y es hora de que toda esa dureza intransigente que tantas veces se utiliza en los discursos se traslade definitivamente a los hechos. Hace falta una justicia integrada por funcionarios que no teman ninguna estigmatización social. Funcionarios que sepan que, por el contrario, la sociedad los apoya cuando cumplen con su obligación de protegerla. Porque el Estado no puede seguir esperando a tener lo mejor para hacer lo necesario.

Y mucho menos puede seguir pidiéndole paciencia a una sociedad que hace demasiado tiempo espera. La delincuencia no espera. Las que esperan, siempre esperan, son las víctimas.