THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

En la Argentina se repite una demanda: reactivar el consumo “poniendo plata en el bolsillo de la gente”. El Gobierno, en cambio, rechaza esa idea por considerarla demagógica. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez: la gente necesita más poder de compra, pero no mediante emisión o transferencias artificiales. El problema no es la premisa, sino el método. Lo incorrecto es “poner plata” de forma literal.

La experiencia argentina con los llamados “planes platita” es conocida: el Estado distribuye recursos que no tiene o que detrae de otro lado, genera un alivio transitorio y luego llega el costo en forma de inflación, déficit o impuestos. Pero existe otra forma de mejorar el ingreso real: evitar que el Estado le quite a la gente parte de lo que ya gana.

El poder adquisitivo no depende solo del salario nominal, sino de cuánto queda después de impuestos, tasas y cargas obligatorias. En la Argentina, esa extracción es enorme.

La principal fuente es clara: la presión tributaria. Una parte significativa de lo que se paga al consumir bienes y servicios no es el producto en sí, sino impuestos acumulados. Si la carga efectiva ronda el 50%, reducirla implicaría un aumento real del poder de compra sin emisión ni gasto adicional.

No es magia: es dejar de restar. Sin embargo, un Gobierno que se define como liberal aún no ha avanzado con decisión en dos reformas centrales: la tributaria y la previsional.

Tal vez sea el momento de hacerlo, no con cambios graduales, sino con una reforma integral y audaz. Una reforma que incluya, entre otros puntos:

● Reducción del IVA al 7% y eliminación en alimentos y bebidas.

● Eliminación de impuestos sobre tarifas de servicios, transporte y educación.

● Supresión del impuesto al cheque.

● Reducción del 50% de las retenciones agropecuarias

● Baja de cargas laborales.

● Eliminación de Bienes Personales y de impuestos a combustibles.

● Implementación de un flat tax del 15% con mínimo no imponible equivalente a 20.000 dólares.

Es una propuesta audaz y riesgosa, pero los momentos críticos exigen decisiones de ese tipo. En paralelo, podría impulsarse una reforma previsional que transforme la ANSES en un sistema mixto: un ingreso mínimo garantizado por el Estado complementado por capitalización individual, generando además un mercado de capitales más profundo.

Y otra que expanda los RIGIS para que alcancen a las empresas de construcción de viviendas y de rutas y autopistas; una reducción de los encajes bancarios del 40 al 20% en una primera etapa y al 10% en una segunda (son de 0% en los países desarrollados); un compromiso para eliminar totalmente el cepo remanente y dejar flotar libremente el tipo de cambio si salen las reformas impositivas en el Congreso.

En materia financiera promover una reforma que elimine todos los costos no financieros para créditos de hasta $10 millones de pesos, y una puntual para la mora en curso que rebaje temporalmente impuestos puntuales a la actividad a cambio de contabilizar a perdida los créditos otorgados de hasta $5 millones.

Es evidente que una reducción de impuestos de esta magnitud afectaría la recaudación en el corto plazo. Sin un ajuste del gasto, el equilibrio fiscal podría tensionarse. Pero la apuesta es otra: que la baja de impuestos genere crecimiento suficiente para compensar la pérdida inicial de ingresos. Laffer puro: menos impuestos, más actividad, más inversión, más empleo, más formalización y, finalmente, una base imponible más amplia.

Es un riesgo, pero gobernar implica asumir riesgos. Además, una reforma de este tipo tendría un efecto político claro: exponer a quienes dicen defender a la gente pero se oponen a reducir la carga que soporta. La pregunta de fondo es simple: ¿quién puede estar en contra de que un trabajador conserve más de lo que gana? Y si el presidente recibiera críticas podría torear a la oposición retándola a bajar, por ejemplo, la estructura de gastos del Congreso a la mitad empezando por las dietas de diputados y senadores.

El problema argentino no es solo de salarios bajos, sino de un Estado que históricamente ha drenado ingresos a través de múltiples niveles: impuestos nacionales, provinciales y municipales; tasas sobre servicios; cargas al trabajo, al consumo, al ahorro y a la producción.

Por eso la gente no llega a fin de mes. La solución no es necesariamente pagar más, sino quitar menos. El Gobierno llegó con una promesa de transformación liberal. El orden fiscal es condición necesaria, pero no suficiente para cambiar la estructura económica.

Si quiere recuperar iniciativa, este puede ser el momento de una decisión disruptiva: no repartir dinero, sino devolverlo; no estimular artificialmente el consumo, sino aumentar el ingreso disponible real; no repetir viejas recetas, sino cambiar la lógica del sistema.

Una jugada inesperada. Porque en política, como en economía, los momentos difíciles no se resuelven con cautela excesiva, sino con decisiones que alteren el tablero. Y, a veces, con la simple idea de que la gente no necesita que le den más dinero, sino que le quiten menos.