THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hay algo todavía más preocupante que la estrategia política de Cristina Fernández de Kirchner para intentar internacionalizar su condena. Es el espectáculo de ver a un abogado de reconocida trayectoria prestarse a negar uno de los conceptos más elementales sobre los que descansa cualquier Estado de Derecho.

El abogado brasileño Rafael Valim, contratado por la expresidenta para presentar un escrito ante la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostuvo que Cristina Kirchner es inocente. No sorprende que un ser humano pueda decir una barbaridad. Lo que sí llama poderosamente la atención es que semejante afirmación provenga de alguien que exhibe con orgullo su experiencia jurídica y que, sin embargo, parece haber olvidado uno de los primeros principios que aprende cualquier estudiante cuando cruza por primera vez la puerta de una facultad de Derecho: la institución de la cosa juzgada.

La cosa juzgada no es un tecnicismo caprichoso. Es el mecanismo civilizatorio mediante el cual una sociedad pone fin a un conflicto judicial después de que las partes han ejercido plenamente todas las garantías constitucionales para defender sus derechos. Una vez agotadas las instancias previstas por la ley, la sentencia adquiere carácter definitivo. No porque los jueces sean infalibles, sino porque una comunidad no puede vivir sometida a una incertidumbre perpetua acerca de aquello que ya fue resuelto conforme a las reglas del debido proceso.

Una de las funciones esenciales del Poder Judicial consiste precisamente en proporcionar esa certeza que permite a la sociedad seguir adelante. Sin ella, no habría seguridad jurídica, ni paz social, ni confianza en las instituciones. Esa idea forma parte de los rudimentos del Derecho.

Por eso resulta tan desconcertante que un abogado de la trayectoria que pretende exhibir el señor Valim, y cuyos honorarios seguramente no son precisamente modestos, pueda afirmar con absoluta liviandad que una persona cuya condena ha atravesado todas las instancias legales disponibles es, sencillamente, “inocente”. No se trata de una diferencia interpretativa. Se trata de desconocer deliberadamente el efecto jurídico de una sentencia firme.

Paradójicamente, esa afirmación termina revelando la verdadera naturaleza de toda esta payasada. Si el eje del planteo consistiera en denunciar una supuesta irregularidad procesal —que no existió, pero al menos sería una discusión jurídica reconocible— podría entenderse el terreno del debate. Sin embargo, sostener la inocencia de quien ya fue declarada culpable por los tribunales competentes no constituye un argumento jurídico: constituye una consigna política.

Y ello explica también por qué el escenario elegido no es un tribunal internacional con competencia para revisar la sentencia, sino un organismo esencialmente político de las Naciones Unidas. El escrito no tiene incidencia alguna sobre la situación legal de Cristina Kirchner. Es, en los hechos, un panfleto político presentado ante un ámbito político.

Resulta igualmente revelador qué aspecto de la condena parece desvelar hoy a la expresidenta. La privación de la libertad, que constituye la pena principal, parece haber cedido protagonismo frente a la sanción accesoria: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Y esa consecuencia no sólo resulta jurídicamente válida. Es perfectamente lógica.

Quien fue encontrada culpable de haber defraudado al Estado mediante una maniobra que, en uno de los expedientes ya juzgados, significó un perjuicio cercano a los mil millones de dólares para el patrimonio público, difícilmente pueda reclamar el derecho a regresar precisamente al lugar desde el cual cometió esos delitos. La inhabilitación perpetua no constituye una venganza. Es una medida de protección institucional destinada a impedir que quien abusó del poder vuelva a disponer de él. Más aún cuando todavía existen otras causas pendientes de resolución.

Frente a semejante cuadro, las alternativas son pocas. O el doctor Valim exhibe un desconocimiento sorprendente acerca de uno de los pilares más básicos del Derecho —algo difícil de conciliar con la solemnidad con la que se presenta—, o admite implícitamente que toda esta puesta en escena no persigue objetivo jurídico alguno, sino exclusivamente político: reinstalar a Cristina Kirchner en el centro del escenario, fortalecer su liderazgo interno y convertir una condena penal en un episodio más de la eterna narrativa de la persecución.

Nada de esto debería sorprender. El peronismo ha hecho históricamente de esa metodología una forma de ejercer el poder: convertir a toda la sociedad en rehén de sus propias disputas internas. Poco importa el daño institucional, la erosión de la confianza en la Justicia o la permanente siembra de dudas sobre aquello que los tribunales ya resolvieron. Lo único relevante es preservar su propio equilibrio de poder.

Pero una república no puede funcionar si cada sentencia firme queda sometida al capricho del condenado de turno o a la propaganda de sus abogados. La civilización comienza precisamente allí donde la ley se impone sobre los nombres propios.

La Argentina necesita que la Justicia y la realidad les propinen a quienes se creyeron dueños del Estado una última lección de civilización. Que comprendan, de una vez por todas, que nadie está por encima de la ley. Que los apellidos ilustres no otorgan inmunidad. Y que quienes fueron encontrados culpables de haber saqueado el patrimonio de los argentinos deben responder plenamente por sus actos: con la pena que la Justicia les impuso, con su patrimonio cuando corresponda repararlo y con la pérdida del prestigio que ellos mismos decidieron dilapidar.