Carlos Mira, The Post FMGN Press
Hoy se cumple un año de uno de esos días que quedarán registrados en la historia institucional argentina. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena que le había impuesto la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Vialidad. Desde entonces, la expresidente es, jurídicamente, una delincuente condenada por corrupción contra el Estado argentino.
Para muchos, entre los que me cuento, aquella decisión produjo una satisfacción incompleta. No porque se dudara de la trascendencia institucional de que el poder político finalmente respondiera ante la Justicia, sino porque la magnitud del daño causado parecía exigir una sanción mayor. El propio fiscal Diego Luciani sostuvo durante el juicio que las penas previstas resultaban insuficientes frente a la dimensión del esquema de saqueo organizado que se había montado desde el Estado.
Pero las reglas del Estado de Derecho son esas. La condena quedó fijada en seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Así lo decidió la Justicia y así debe respetarse.
Desde entonces, la sucesora al mando de la mayor organización de saqueo público que haya conocido la historia argentina cumple su condena en su domicilio del barrio de Constitución. Una paradoja difícil de ignorar: que el lugar desde donde transcurre su detención lleve el nombre del documento fundamental que tantas veces fue atropellado y violado durante los años de ejercicio del poder kirchnerista.
También hay mucho para discutir acerca de ese supuesto cumplimiento de la pena. La señora Kirchner ha convertido su arresto domiciliario en una suerte de centro de operaciones políticas. Ha recibido innumerables visitas, ha protagonizado encuentros de evidente contenido partidario y ha mantenido una intensa actividad pública a través de las redes sociales.
El juez de ejecución de la sentencia, el doctor Jorge Gorini, le ha permitido ejercer privilegios que difícilmente estén al alcance de cualquier otro condenado. Entre ellos, la posibilidad de sostener una actividad política permanente mediante el uso irrestricto de herramientas de comunicación que, en los hechos, la mantienen plenamente activa en la conducción de su espacio.
El asunto no es menor. El kirchnerismo construyó durante años una romántica reivindicación del delito, de los delincuentes y hasta de la propia vida carcelaria. Elevó a los máximos niveles del Servicio Penitenciario a funcionarios convencidos de que la flexibilidad hacia el crimen constituía una política de derechos humanos. Bajo esa filosofía, las cárceles dejaron muchas veces de ser lugares de cumplimiento de penas para transformarse en centros de comando desde donde organizaciones criminales seguían operando hacia el exterior.
Uno de los instrumentos favoritos de aquella permisividad fue el uso indiscriminado de teléfonos celulares por parte de los presos. Desde las celdas, numerosos jefes de bandas dirigían secuestros, extorsiones, robos y asesinatos ejecutados por sus cómplices en libertad.
Resulta llamativo que la misma Justicia que condenó a Cristina Kirchner no haya considerado necesario limitar ese privilegio en su caso. Si bien la administración federal posterior desmontó muchas de aquellas políticas de laxitud, la viuda del hombre que diseñó el sistema de saqueo institucional más sofisticado de la Argentina ha conservado la posibilidad de comunicarse libremente y de utilizar las redes sociales como plataforma política. Desde ese domicilio-prisión siguen saliendo mensajes cargados de resentimiento y confrontación destinados a mantener movilizada a una tropa que todavía se resiste a aceptar el veredicto de los tribunales.
A un año de la decisión definitiva de la Corte Suprema, sería razonable revisar esa situación. La igualdad ante la ley exige que los privilegios desaparezcan y que quien ha sido condenado por corrupción cumpla su pena en condiciones semejantes a las del resto de los condenados. Su traslado a una unidad penitenciaria común, como el penal femenino de Ezeiza, sería un paso en esa dirección.
Pero hay otra deuda todavía más importante. La condena penal no agota las exigencias de la Justicia. El decomiso de los bienes obtenidos mediante el delito constituye una parte esencial de la reparación social. En el caso Vialidad, se calcula que los perjuicios ocasionados al Estado alcanzan cifras cercanas a los mil millones de dólares. Recuperar, aunque fuera una parte de esos recursos, debería ser una prioridad para los tribunales y para el Estado argentino.
La prisión de Cristina Kirchner tiene un enorme valor simbólico. Demuestra que el poder no garantiza impunidad eterna. Pero la verdadera justicia no consiste únicamente en encerrar a los responsables. También exige que las condenas se cumplan sin privilegios y que el patrimonio robado vuelva, en la medida de lo posible, a manos de sus legítimos dueños: los ciudadanos argentinos.
Un año después del fallo histórico de la Corte, el país puede afirmar que la impunidad absoluta ha sido derrotada. Pero todavía está esperando que la Justicia termine su trabajo.
