Por favor, dejemos de repetir como loros que Leandro y Luciana Báez podrían acogerse a los beneficios de declarar como arrepentidos porque eso es un disparate.

Ni Leandro ni Luciana están imputados, ni procesados en ninguna causa. No se les sigue ninguna investigación, ni tienen ningún proceso abierto en la Justicia. Para ser arrepentido es condición sine qua non estar imputado en una causa abierta porque solo así se hacen entendibles los beneficios procesales que recibe el “colaborador eficaz”.

Lo que el arrepentido negocia es, justamente, tener una pena menor y un mejor tratamiento procesal a cambio de la información que brinda. Además esa información solo puede involucrar a personas que estuvieran en un escalón “jerárquico” superior al que depone sin que tengan peso las acusaciones que haga hacia peldaños que estuvieran por debajo de su propia responsabilidad.

Nada de todo eso se precisa para una declaración testimonial pura y simple. El testigo puede declarar abiertamente lo que sabe, sin necesidad de estar imputado o procesado y sin ceñirse a pirámide alguna.

Que luego de su declaración el juez o el fiscal puedan entender que hay que imputarlo por algún delito que su propia declaración conlleva, es otra cosa y entonces sí, a partir de allí, podrían entrar a jugar las especificidades de la declaración de arrepentido.

Pero en esta instancia los hijos menores de Lázaro podrían prestar su declaración bajo el régimen de testigo protegido que es un esquema diferente al del colaborador eficaz porque el testigo no negocia nada en materia de libertad o condenas; sólo se asegura una determinada acción estatal que tienda a su seguridad personal y eventualmente a la de su familia.

Nosotros los periodistas cumplimos un rol importante en la sociedad democrática. Es más, en la Argentina muchos chanchullos a cuyo destape estamos asistiendo fueron investigados y descubiertos por los periodistas y sin su acción casi nada de lo que estamos viendo habría ocurrido.

Pero muchas veces en el afán de la simplificación o del título impactante cometemos errores fáciles de evitar. Este es un caso típico en donde la repetición a granel de un error técnico puede conducir a la transmisión de escenarios equivocados.

Es posible incluso que las presentaciones de Leandro y Luciana sean una especie de imploración tácita a que los imputen. Pero eso no significa que mientras no lo estén puedan ser “arrepentidos”.

En cuanto al fondo de la cuestión, no caben dudas de que una aparición en el expediente –ya sea como testigos o como arrepentidos luego de que hayan sido imputados- puede producir una hecatombe en pleno juzgado de Casanello.

El juez va camino de convertirse en una causa en sí mismo si las sospechas sobre sus encuentros con la ex presidente Fernández en la quinta de Olivos se confirman. Al parecer hay dos elementos muy contundentes que corroborarían esas versiones. En primer lugar, las celdas de la telefonía celular permitirían ubicar a Casanello en ese lugar. A este efecto ni siquiera importan las fechas, porque un juez jamás podría haber estado reunido en secreto con la presidente. Mucho menos cuando el centro de su causa podría ser la presidente. Además parecería haber testigos oculares de la reunión que estarían dispuestos a declarar.

Es obvio que para estos menesteres sería imperioso que un fiscal, con las simples sospechas existentes, estuviera abriendo otra causa ante otro juez por donde deberían correr esas investigaciones. Sería el colmo que esas pruebas deban rendirse como un proceso incidental a la “ruta del dinero”, en el propio juzgado de Casanello.

Hasta ahora ese fiscal no ha aparecido. Elementos para abrir una causa sobran. El señor Jorge Chueco, cerebro financiero/legal de Báez, acaba de señalar al juez como recibiendo dinero para lentificar la causa, en un escenario idéntico al que describió la semana pasada el periodista Eduardo Feinmann.

Además, de hecho, lo que la versión dice ocurrió en la realidad: de hecho la causa se enlenteció artificialmente, cuando cada semana la prensa inundaba de pruebas a la sociedad por televisión.

Es más, actuaciones posteriores de Casanello no lo ayudan, no van en su favor. El juez adoptó la velocidad de un rayo para pedir explicaciones, documentos y medidas de prueba en el caso de los Panama Papers y en el que terminó con cinco chicos muertos luego de una fiesta electrónica en Costa Salguero, en un hecho que involucra las medidas de control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas modalidades no coinciden. Es la misma persona, pero en un caso actuó como para que propagara su apodo de “tortuga” y en el otro podría competirle a Sebastian Vettel en los circuitos de Fórmula Uno.

La sociedad asiste al espectáculo y espera. No habría nada peor que una defraudación. Muchos están esperanzados en que la cantidad de pruebas de los hechos corruptos (nunca antes vista en los tribunales argentinos) finalmente sea suficiente para castigar a los culpables.

La Justicia es más que Casanello. Y el Estado le debe a los argentinos una respuesta. Una vez. Aunque sea una vez en la vida.