
El episodio ocurrido ayer en Dolores, además de absolutamente increíble por la chapucería del juez Martín Bava y porque resulta sorprendente que un magistrado no haya verificado si todos los extremos para que un imputado pudiera declarar estaban cumplidos (lo cual comprueba una vez más por qué este juez sacó un 2 en su examen de admisión pese a lo cual el peronismo lo ungió igual) es una muestra más de cómo la organización ilícita a cargo del gobierno pretende utilizar las instituciones de la república como herramientas de aprovechamiento propio.
La citación a Macri en una denuncia hecha por un ex convicto, padre de un marino ejemplar que desde hacía 10 años no quería saber nada de su padre, Luis Tagliapietra, no tiene ni pies ni cabeza.
Esta persona, que se recibió de abogado en la cárcel, estuvo detenido por robo automotor, por falsificación de documentación pública de autos “mellizos”, por robo en poblado y en banda, por estafas reiteradas, por tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia de drogas y por haber desfigurado a trompadas a su pareja Barbara Marcotegui quien lo denunció por alcohólico, violento y drogadicto. Era una especie de personaje ideal para las operaciones de bajo fondo a las que nos tiene acostumbrados el peronismo.
Primero hay que subrayar la mágica aparición de este eterno juzgado de Dolores cada vez que el peronismo necesita de la intervención de la Justicia en una causa armada. Ya había ocurrido con el Operativo Puf, diseñado por Eduardo Valdez y, desde la cárcel, por Roberto Baratta, para intentar voltear la causa “cuadernos” -que en aquel momento instruía Claudio Bonadio- con una denuncia también por espionaje que en aquel momento se encargó de instruir el juez Alejo Ramos Padilla, en otra aparición rutilante en guerra con todo principio de competencia jurisdiccional.
En este caso, tampoco se entiende qué tiene que ver un juzgado de Dolores con una causa en donde se denuncia espionaje a familiares de fallecidos del ARA San Juan que no viven en Dolores por lo acontecido con un submarino cuya base tampoco era esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Cómo terminó esa causa en ese juzgado es un verdadero misterio de la competencia.
En segundo lugar, cabe anotar que el juez había llamado a declarar a más de 20 personas desde abril hasta ahora por este mismo caso, pero no a Macri. Luego de la derrota del 12 de septiembre mágicamente aparece Tagliapietra denunciando al ex presidente que es convocado in limine por el juez, incluso con la prohibición de salir del país, justo cuando Macri estaba fuera de la Argentina.
En tercer lugar, si bien obviamente no hay pruebas para esto, cuesta creer cómo Macri iba a ordenar espiar a familiares de los fallecidos en una desgracia nacional provocada, justamente, por otra incompetencia peronista que había hecho la reparación de media vida del buque en la Argentina y, como de costumbre, mal.
Todos recordamos la histórica frase de la entonces presidente Cristina Fernández cuando anunció el “al agua pato” en referencia a la próxima botadura del ARA San Juan luego de ser reparado. La presidente se vanagloriaba de que esos trabajos habían sido hechos en la Argentina, con mano de obra argentina, con horas hombre argentinas, con ingeniería argentina y en astilleros argentinos.
Al mismo tiempo se lamentaba que el gemelo del ARA San Juan, el ARA Salta, no había tenido la misma “suerte” ya que esos trabajos habían sido encargados y hechos en Brasil en 2001.
Hoy, 20 años después, el ARA Salta sigue en servicio y el San Juan terminó a más de 900 metros de profundidad cobrándose la vida de 44 argentinos.
¿Por qué Macri iba a mandar a espiar a este conjunto de sufridas víctimas del accidente de un submarino con el que él no tenía nada que ver, cuando transitaba, a mediados de 2017, por el pico máximo de su popularidad? ¿Qué información se supone que podría obtener secretamente de ellos, más que llanto y pesadumbre? Incomprensible.
Tagliapietra basó su denuncia en que, en varias ocasiones en donde las víctimas se reunían, vio cómo les sacaban fotos y que cuando hablaba por teléfono muchas veces sus comunicaciones se cortaban. También dijo que, en reuniones con Macri, el presidente actuaba como si supiera lo que los familiares de las víctimas iban a pedir. Estos, créase o no, han sido los argumentos para que el juez lo imputara y lo citara a indagatoria.
Lo que ocurrió ayer es literalmente incomprensible. La AFI había advertido a Bava que no estaba dentro de las facultades de la Agencia dispensar del secreto de inteligencia a Macri; que, como ex presidente debía ser dispensado por un decreto de Alberto Fernández.
No obstante esa advertencia Bava no solicitó al Poder Ejecutivo ese decreto. Citó a Macri con la máxima premura.
Aquí caben varias especulaciones. ¿Se trató de una maniobra hecha a propósito para hacer desfilar a Macri varias veces por el juzgado? ¿Intentaron que Macri declarara igual, haciéndole “pisar el palito” de decir cosas que no podía decir para, en ese caso, imputarle un delito in fraganti y detenerlo? ¿O fue una efectiva burrada proveniente de un burro? Probablemente nunca lo sabremos.
Pablo Lanusse advirtió la anomalía, la expuso y el propio fiscal de la causa (que no podía creer lo que estaba ocurriendo) estuvo de acuerdo con él, con lo cual la audiencia se abortó en medio del papelón que conocimos todos.
Pero las cosas no terminaron allí. Bava solicitó la dispensa a Fernández y el equipo técnico de María Eugenia Bielsa y de Martín Soria redactaron, más que un decreto, un alegato de acusación en donde le hicieron firmar al presidente que se otorgaba esa excepción en la presunción de que el imputado conocía secretos de inteligencia que tenían que ver con la causa, en una evidente extralimitación y dando por sentado el espionaje.
Una paparruchada, solo empardable, a mi criterio, por la idea de algunos dirigentes de JXC de acompañar en procesión a Macri, imitando lo que hacía Cristina Fernández cada vez que era citada a tribunales: completamente demás para mi humilde entender. Es de la mayor importancia que la oposición muestre hasta en los más mínimos detalles que no utiliza los mismos métodos del peronismo. Aun cuando se esté frente a un evidente intento de utilizar políticamente a la Justicia para inventar delitos que intentan equiparar a la oposición con el gobierno, aquella debería ser muy cuidadosa para no caer en esa trampa.