Natalia Schneider, The Post, Política

El retiro del artículo 44 del proyecto de reforma laboral reconfiguró el escenario político en el Congreso y abrió una ventana concreta para destrabar una ley que el Gobierno considera clave antes del inicio del período ordinario. Con ese obstáculo fuera del texto, el oficialismo y los bloques dialoguistas trabajan ahora con un objetivo preciso: lograr la aprobación en Diputados el 19 de febrero, devolver el expediente al Senado y sancionarlo definitivamente el 27, apenas dos días antes de la apertura de sesiones.

El artículo eliminado se había convertido en el principal foco de resistencia sindical, política y jurídica. Su contenido —percibido por sectores opositores como un punto de inflexión demasiado brusco en materia de relaciones laborales— funcionaba como un elemento de bloqueo más simbólico que técnico. Al retirarlo, el Ejecutivo optó por una lógica clásica de construcción legislativa: sacrificar una pieza controvertida para preservar el núcleo de la reforma.

Ese movimiento no implica una renuncia de fondo, sino un cambio táctico. La prioridad pasó a ser asegurar la viabilidad parlamentaria de la ley en su conjunto. En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno prefiere una reforma laboral posible antes que una ideal pero impracticable.

En Diputados, el clima se volvió sensiblemente más favorable tras la modificación. Los bloques que se movían en una zona gris —ni oficialistas ni opositores duros— ahora tienen margen para acompañar el proyecto sin pagar el costo político de avalar el artículo más cuestionado. La negociación se concentra en garantizar quórum y votos afirmativos en una sesión que, si se sostiene la hoja de ruta actual, será decisiva el 19 de febrero.

La estrategia legislativa contempla un paso posterior igual de importante: el regreso al Senado. Allí, el oficialismo buscará una sanción rápida, aprovechando que la cámara ya debatió el espíritu general de la reforma y que la eliminación del artículo conflictivo reduce la presión de actores gremiales y políticos que antes empujaban por el rechazo o la dilación.

En paralelo, el Gobierno ya dejó trascender que una vez aprobada la reforma impulsará una ley especial complementaria para abordar específicamente el régimen de licencias laborales. La intención oficial es tratar ese tema por separado, con un enfoque técnico y comparado, buscando alinear la normativa argentina con un patrón que refleje el promedio de lo que ocurre en el mundo y en la región. La decisión responde a la idea de evitar que ese debate —sensible y con alto impacto social— vuelva a trabar el avance del paquete principal.

El calendario no es casual. Convertir la iniciativa en ley el 27 de febrero permitiría llegar a la apertura de sesiones con un resultado concreto en materia de reformas estructurales. Desde la lógica del poder, se trata de instalar una señal de capacidad política: demostrar que el Gobierno no sólo propone cambios, sino que logra traducirlos en legislación efectiva.

Más allá del resultado parlamentario, la secuencia revela una enseñanza central de la dinámica argentina: las reformas profundas no avanzan por imposición lineal, sino por acumulación de acuerdos parciales. El retiro del artículo 44 es, en ese sentido, una admisión pragmática de cómo funciona el sistema político real.

La discusión de fondo —modernización laboral, incentivos a la formalidad, reducción de litigiosidad y nuevas modalidades de contratación— seguirá abierta incluso después de la eventual sanción. Pero la aprobación de la ley antes del 1° de marzo redefiniría el punto de partida del debate: ya no sería una discusión teórica sobre qué cambiar, sino sobre cómo implementar y ampliar un marco normativo vigente.

En ese contexto, el Congreso enfrenta una decisión que excede el contenido puntual de un artículo. Lo que está en juego es la capacidad del sistema político para procesar reformas en un país donde la rigidez normativa convive con mercados laborales profundamente informales. La eliminación del punto más resistido despejó el camino. Ahora, la responsabilidad pasa a ser parlamentaria: convertir una oportunidad política en una ley efectiva dentro de los plazos previstos.

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