Natalia Schneider, The Post, Política

El Gobierno activó este miércoles la maquinaria parlamentaria para intentar convertir en ley, este jueves en Diputados, su iniciativa de cambios en la normativa laboral, que ya pasó el filtro del Senado. Con el respaldo de sus socios legislativos, el oficialismo consiguió el despacho principal y se aseguró así la herramienta reglamentaria necesaria para buscar la aprobación por mayoría simple.

El documento reunió 44 adhesiones dentro del plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, coordinado por el libertario Lisandro Almirón. Acompañaron la Unión Cívica Radical y bloques provinciales como Innovación Federal y Producción y Trabajo. El PRO también avaló el texto, aunque dejó asentadas diferencias: pretende reabrir en el recinto la discusión sobre habilitar las billeteras virtuales como vía de pago salarial, un punto que el Senado había eliminado.

El clima político se tensó desde el inicio. El cierre repentino de la empresa de neumáticos Fate y la desvinculación de más de 900 empleados atravesó el debate y alimentó las críticas opositoras. La conducción de la CGT se hizo presente para ratificar su rechazo y confirmar la huelga nacional prevista para este jueves, en un intento por frenar el avance del proyecto.

En ese contexto, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, marcó límites a cualquier renegociación: anunció que se retirará el artículo sobre licencias médicas, pero descartó introducir otras modificaciones. “Se firmará el dictamen con el texto actual”, sintetizó. La postura no cayó bien entre aliados de perfil moderado, que ya anticiparon que insistirán con cambios, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones con aportes patronales hoy dirigidos a la Anses.

Desde la oposición más dura, las objeciones fueron de fondo. Sectores sindicales y del peronismo advirtieron que el FAL implicaría desfinanciar el sistema previsional y derivar recursos al Tesoro. También cuestionaron la eliminación de estatutos profesionales y el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña, medidas que, según sostienen, alterarían el esquema de protección laboral vigente.

Durante el plenario expusieron dirigentes gremiales, juristas, magistrados y representantes de empresas tecnológicas. El respaldo más explícito al proyecto provino del empresariado y de plataformas digitales, que reclamaron reglas más claras para el sector. En la vereda opuesta, abogados laboralistas y sindicatos alertaron que la iniciativa reduciría derechos y debilitaría la negociación colectiva.

La discusión estuvo atravesada por fuertes cruces. Desde Unión por la Patria calificaron el tratamiento como “improvisado” y acusaron al oficialismo de acelerar el trámite para evitar un debate público profundo. La izquierda habló directamente de una norma “regresiva” y anticipó que, de aprobarse, será impugnada por violar compromisos internacionales.

En el plano sindical, la CTA y la CGT coincidieron en advertir que la reforma agravaría la precarización y trasladaría el conflicto al terreno judicial. También señalaron la ausencia de un enfoque sobre los cambios tecnológicos y los nuevos formatos laborales. “No se discuten la robótica, la inteligencia artificial ni las economías emergentes”, reprocharon.

Entre las voces del sector prensa, se cuestionó especialmente la eliminación diferida de estatutos profesionales, por considerar que dejaría a miles de trabajadores sin resguardo normativo. Magistrados laborales, por su parte, rechazaron el traslado del fuero a la Ciudad de Buenos Aires y lo calificaron como una decisión discrecional que podría vaciar el sistema judicial especializado.

En paralelo, especialistas en derecho del trabajo advirtieron que la regulación prevista para las plataformas digitales podría ubicar a la Argentina en una posición atípica a nivel internacional al no reconocer a sus trabajadores como tales. Desde empresas del rubro, en cambio, defendieron el proyecto y plantearon que brindará previsibilidad para el desarrollo del sector.

Con el respaldo cosechado en comisión, el oficialismo confía en reunir los 129 legisladores necesarios para iniciar la sesión prevista para las 14. El pedido de tratamiento especial fue acompañado por el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales aliados.

Aun así, el escenario sigue abierto. El paro convocado por las centrales sindicales, las diferencias dentro de los propios aliados y la posibilidad de judicialización anticipan que, más allá de la votación en Diputados, el debate por la reforma laboral continuará en otros frentes.

En las filas libertarias predominó el silencio. Más allá de la intervención inicial de Bornoroni y algunos cruces aislados, la mayoría evitó tomar la palabra. Según fuentes del oficialismo, la indicación de la Casa Rosada fue limitar las exposiciones para no sumar tensión en medio de un contexto social delicado.

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