Natalia Schneider, The Post, Politica
La decisión del camarista federal Carlos Mahiques de excusarse de intervenir en la causa que investiga una quinta en Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un nuevo capítulo en un expediente que ya estaba atravesado por tensiones políticas, judiciales y mediáticas.
El magistrado resolvió dejar de integrar la sala que debía definir el rumbo del expediente —si continuaba en el fuero federal o regresaba al penal económico— luego de que se multiplicaran cuestionamientos sobre su imparcialidad. La polémica estalló tras revelarse que habría celebrado su cumpleaños en el mismo predio bajo investigación, algo que el juez negó públicamente, aunque relativizó la relevancia del episodio.
La causa gira en torno a la titularidad y el origen de los fondos de una propiedad de alto valor en Villa Rosa, Pilar, sospechada de estar vinculada a presuntos testaferros del dirigente Pablo Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En ese expediente se investiga un posible esquema de lavado de activos y la determinación de la competencia judicial resulta clave para su desarrollo.
Mahiques se desempeñaba como subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que debía pronunciarse sobre ese punto procesal decisivo. Su apartamiento se formalizó mediante una nota en la que invocó razones “estrictamente funcionales” y vinculadas a la carga de trabajo del tribunal, sin hacer referencia directa al escándalo por el supuesto festejo ni a los vínculos con la AFA.
El movimiento, sin embargo, llegó después de que dirigentes políticos y abogados reclamaran su excusación por considerar que su participación podía afectar la credibilidad del proceso. El eje de las críticas fue el posible conflicto de intereses: si un juez mantiene vínculos personales o sociales con personas investigadas, su intervención queda bajo sospecha, aun cuando no exista una causal formal de recusación.
El propio magistrado había rechazado inicialmente la idea de apartarse y sostuvo que debía ser evaluado por sus sentencias y no por su vida privada. Incluso planteó que, aun si el encuentro social hubiese ocurrido, no veía motivos para excusarse.
La decisión final de correrse del expediente, por lo tanto, se interpreta en tribunales como una salida intermedia: evita el impacto institucional de un juez que continúa votando en una causa bajo cuestionamientos, pero no implica un reconocimiento explícito de conflicto ético o de imparcialidad.
El efecto inmediato es procesal. Con la excusación, la Cámara de Casación deberá redefinir su integración antes de resolver la competencia del caso, lo que podría demorar el avance de una investigación que ya viene marcada por idas y vueltas entre fueros y magistrados.
Pero el impacto es también político y simbólico. La causa AFA no es un expediente menor: involucra a una de las estructuras de poder más influyentes del país, con conexiones empresariales, deportivas y estatales. En ese contexto, cualquier sospecha de cercanía entre jueces y dirigentes alimenta la narrativa de una justicia permeable a intereses sectoriales.
La situación de Mahiques se vuelve aún más delicada por su trayectoria y sus vínculos institucionales: integra la Cámara de Casación —uno de los tribunales más relevantes del sistema penal— y su continuidad en el cargo depende de una prórroga que requiere aval del Senado. Ese telón de fondo agrega una dimensión política adicional a la controversia.
El episodio expone, además, una tensión estructural del sistema judicial argentino: la frontera difusa entre la vida privada de los magistrados y los estándares de apariencia de imparcialidad. La ética judicial no se limita a la inexistencia de delito; también exige evitar situaciones que puedan erosionar la confianza pública.
En esa zona gris se mueve el caso Mahiques. No hay, por ahora, una acusación penal directa contra el juez. Pero el solo hecho de que su nombre haya quedado asociado a un predio investigado bastó para desatar pedidos de apartamiento, presiones políticas y un replanteo interno en los tribunales.
La causa continuará su curso con una nueva integración de la Cámara. Sin embargo, el daño institucional ya está hecho: la discusión dejó de ser sólo sobre la propiedad de una quinta en Pilar y pasó a interpelar, una vez más, la independencia real y percibida de la Justicia argentina frente a los núcleos de poder que orbitan alrededor del fútbol.
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