Natalia Schneider, The Post, Política
Buenos Aires, Ene 2, 2026.- En una jornada cargada de definiciones institucionales, el Gobierno nacional avanzó con una profunda reconfiguración del sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial. La norma redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía sus atribuciones operativas y habilita, bajo ciertas condiciones, la aprehensión de personas, una decisión que encendió alarmas en sectores de la oposición y abrió un nuevo capítulo de confrontación política.
El eje más sensible del decreto reside en la facultad otorgada al personal de inteligencia para intervenir directamente en situaciones concretas. Según el texto oficial, los agentes podrán proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, a requerimiento judicial o frente a delitos cometidos en flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes. Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta necesaria en contextos excepcionales; para sus detractores, un avance riesgoso sobre libertades individuales.
En el mismo sentido, el DNU establece que todas las actividades desarrolladas dentro del Sistema de Inteligencia Nacional tendrán carácter encubierto. El Gobierno justificó esta definición en la “sensibilidad” de las tareas y en la necesidad de reducir lo que denomina “riesgo estratégico nacional”. Además, autorizó a los organismos de inteligencia a garantizar su propia seguridad, proteger instalaciones, personal, operaciones e información, e incluso a repeler agresiones que pongan en peligro su funcionamiento.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación del concepto de contrainteligencia. A partir de ahora, esa función incluirá la prevención de infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje, sabotajes y atentados contra el orden constitucional, así como la detección de injerencias externas que puedan afectar el proceso de toma de decisiones de las autoridades democráticas, los intereses estratégicos del país o a la población en general.
En paralelo, el decreto dispuso la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un nuevo organismo encargado de diseñar y coordinar políticas para la protección del ciberespacio de interés nacional. Sus competencias abarcarán desde la defensa de infraestructuras críticas de información hasta el resguardo de activos digitales estratégicos del Estado y de los sistemas tecnológicos vinculados a servicios públicos esenciales.
La reacción opositora no se hizo esperar. Dirigentes de distintos espacios anticiparon que el debate continuará en el Congreso, donde buscarán impugnar el DNU. El desafío no es menor: para dejarlo sin efecto, el rechazo debería prosperar en ambas Cámaras. De no lograrse ese doble pronunciamiento, la norma mantendrá su vigencia.
Desde Propuesta Republicana (PRO), según indicaron fuentes partidarias, se trabaja en un posicionamiento conjunto con el oficialismo, mientras que la comisión bicameral encargada de controlar los organismos de inteligencia resolvió solicitar informes al Poder Ejecutivo para que detalle los alcances y fundamentos de la reforma.
Las críticas más duras llegaron desde sectores del kirchnerismo y la Coalición Cívica. El exdiputado Leopoldo Moreau sostuvo que el decreto “equivale a la creación de una policía secreta” y denunció un retroceso en la conducción civil del sistema de inteligencia. A su juicio, el Gobierno vuelve a avanzar por decreto sobre atribuciones propias del Congreso y fuerza a distintos niveles del Estado a actuar como “delatores de la oposición política”. En una línea similar, el diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la falta de debate parlamentario y advirtió sobre la fragilidad de los controles institucionales. “Un cambio de esta magnitud debería discutirse con pluralidad, contralor efectivo y pleno respeto por los pesos y contrapesos”, afirmó.
Presupuesto y régimen fiscal: otra cara de la agenda oficial
En el mismo Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó dos leyes clave aprobadas durante las sesiones extraordinarias del Congreso: el Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal. Con estas decisiones, el Gobierno consolidó su hoja de ruta económica para el tercer año de gestión.
El Presupuesto, convertido en ley bajo el número 27.798, prevé —según estimaciones del Ministerio de Economía— un resultado financiero superavitario superior a los $2,7 billones. El presidente Javier Milei celebró su sanción como un “hito”, al considerar que garantiza el equilibrio fiscal y refuerza la credibilidad del programa económico.
En tanto, la Ley 27.799 introdujo cambios en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de flexibilizar la persecución de la evasión y facilitar procesos de regularización de fondos no declarados. Para el Gobierno, la actualización busca incentivar que los ahorros fuera del sistema financiero ingresen al circuito formal y contribuyan a dinamizar la inversión.
Así, mientras la agenda económica avanza con el respaldo parlamentario necesario, la reforma del sistema de inteligencia por decreto promete seguir alimentando un debate intenso sobre los límites del poder ejecutivo, la seguridad del Estado y la calidad institucional.
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