La Casa Rosada dio este jueves un paso que venía preparando desde hace meses: Javier Milei firmó la reforma laboral y activó así un proceso legislativo que promete modificar el mapa del empleo en la Argentina. La iniciativa apunta a alterar reglas históricas, reducir la influencia de los sindicatos y, al mismo tiempo, habilitar nuevos mecanismos para incentivar la formalización de trabajadores.

Según explicaron a Infobae las autoridades que participaron del diseño del proyecto, la reforma se concibió para responder a cuatro problemas que, según el Gobierno, traban el desarrollo del mercado laboral: la falta de creación de puestos de trabajo, los salarios estancados, la proliferación de juicios laborales y una presión impositiva que desalienta la productividad.

La premisa fue clara desde el inicio: redactar un paquete de normas que vuelva a estimular a las empresas a contratar, en un país donde el empleo privado formal no crece desde hace más de una década. Y hay un dato que para el oficialismo es clave: cerca de la mitad de los trabajadores activos tiene menos de 35 años y está en la informalidad. Para el Ejecutivo, es justamente ese sector el más perjudicado por el esquema vigente.

Con ese diagnóstico, la reforma se despliega sobre varios frentes: contratos y convenios colectivos, el sistema judicial laboral, la estructura impositiva vinculada al empleo y los mecanismos destinados a promover inversiones.

Un nuevo fondo para cubrir indemnizaciones

Entre las herramientas novedosas aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento pensado para cubrir los costos de indemnización cuando se produce un despido. El Gobierno lo presenta como un alivio especialmente diseñado para las PyMEs, que muchas veces quedan al borde de la quiebra cuando deben afrontar los pagos derivados de la desvinculación de un empleado.

El FAL se financiará con una contribución mensual obligatoria del 3% de la remuneración utilizada para calcular los aportes patronales al SIPA. Esos fondos serán administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, aunque los criterios de inversión todavía no fueron definidos.

Funcionarios involucrados en la redacción del proyecto adelantaron que la reglamentación establecerá límites estrictos —por ejemplo, que los fondos no podrán invertirse en la propia entidad que los administra— y que el Banco Central especificará el marco operativo. También remarcaron que el esquema, aseguran, no representará un costo adicional ni para el empleador ni para el empleado.

Los sindicatos, ante un esquema más transparente

La iniciativa también introduce cambios que afectarían la estructura sindical. Uno de ellos es un nuevo ítem en los recibos de sueldo que permitirá identificar con claridad cuánto aporta el trabajador al financiamiento gremial y cuánto contribuye la empresa.

Durante la elaboración del texto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvo reuniones semanales con representantes de la CGT para discutir estas modificaciones. En algunas cuestiones hubo acuerdo; en otras, el desacuerdo respondió tanto a cuestiones técnicas como a posicionamientos políticos. Entre quienes participaron de esos encuentros estuvieron también el ministro Federico Sturzenegger y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Si bien la reforma no avanza sobre las cuotas solidarias —que son una de las principales fuentes de ingresos de los sindicatos—, sí elimina la obligatoriedad de que las empresas funcionen como agentes de retención de las afiliaciones. En adelante, ese mecanismo será opcional y requerirá consentimiento expreso del trabajador y acuerdo entre las partes.

Para el Ejecutivo, este cambio no representa un obstáculo para los gremios, que “deberán desarrollar sus propios sistemas de recaudación”, algo que, según afirman, hoy es fácilmente resoluble mediante herramientas digitales.

Ajustes en la Justicia laboral

El capítulo judicial también presenta modificaciones. Por un lado, se refuerza el traspaso de los fueros laborales de la Nación a la órbita porteña. Por otro, se establecen definiciones destinadas a eliminar zonas grises que históricamente han alimentado juicios contradictorios.

Uno de esos puntos es la aclaración de que el aguinaldo no debe incluirse en el cálculo de las indemnizaciones por despido. Para fundamentar ese criterio, el Gobierno consultó al exjuez laboral Guillermo Comadira, quien respaldó la decisión por considerar que acompaña la doctrina predominante en el país.

La necesidad de fijar esta precisión surgió de la jurisprudencia dispar: mientras algunos juzgados —como varios en la provincia de Buenos Aires— sostenían que debía computarse, otros —como los de la Ciudad— lo rechazaban. Con el nuevo texto, aseguran los redactores, “se elimina la posibilidad de interpretaciones divergentes”.

El impacto esperado

Para el Gobierno, la reforma podría traducirse en un aumento de la formalización dentro del sector privado. Más trabajadores registrados implican mayor recaudación para el Estado y un sistema más ordenado, condiciones que el Ejecutivo considera necesarias para avanzar luego con cambios en el régimen previsional.

Lo que no tienen, admiten, es una proyección numérica del efecto total que la reforma podría generar. “Preferimos no aventurar cifras que después no se cumplan. Lo que sí tenemos claro es que las empresas van a preferir registrar a su personal”, afirman en la cúpula libertaria.