Patricia Arencibia, The Post , US Correspondent

WASHINGTON DC, Dic 23, 2025.- La interdicción marítima realizada por fuerzas estadounidenses en la madrugada del 20 de diciembre, que derivó en la incautación de un buque petrolero vinculado a Venezuela, marcó un punto de inflexión en la política de Washington hacia el gobierno de Nicolás Maduro. La operación fue presentada oficialmente como una acción de cumplimiento del régimen de sanciones que pesa sobre el crudo venezolano, en el marco de las atribuciones del Departamento del Tesoro (OFAC) y de la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Internacionales (IEEPA).

Hasta ahora, la relación bilateral había estado dominada por instrumentos financieros, judiciales y diplomáticos: sanciones a funcionarios y empresas estatales, congelamiento de activos, restricciones al comercio energético y acusaciones formales por narcotráfico, incluida la presentada en 2020 por el Departamento de Justicia contra altos funcionarios del chavismo. La utilización directa de medios militares para interceptar un activo estratégico introduce una dimensión operativa distinta en ese esquema.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la interdicción de bienes en alta mar es una práctica regulada en contextos de conflicto armado y ha sido analizada en instrumentos como el Manual de San Remo sobre Conflictos Armados en el Mar. Aunque Washington encuadra la operación como una medida de aplicación de sanciones, la participación de fuerzas armadas sitúa el episodio en una zona jurídicamente más compleja que el mero control económico.

El giro quedó subrayado por las declaraciones del presidente Donald Trump pronunciadas la noche del domingo. En un discurso dirigido a su base política, el mandatario se refirió de manera directa a Maduro y afirmó que, si el líder venezolano “se hace el duro”, “será la última vez que lo haga”. Trump no anunció acciones militares concretas ni habló de una declaración formal de guerra, pero vinculó explícitamente la presión en curso con la disposición de su administración a intensificar las medidas contra Caracas.

Funcionarios estadounidenses sostienen que el fundamento de estas acciones radica en la consideración de que los ingresos petroleros de Venezuela financian actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional y regional. Bajo ese enfoque, el crudo venezolano deja de ser tratado exclusivamente como un bien comercial y pasa a ser considerado un recurso estratégico asociado a redes criminales transnacionales, argumento que ha sido utilizado para justificar la interdicción de buques y el aumento de la presencia naval en el Caribe.

Hasta el cierre de esta nota, ningún comunicado oficial ha calificado al presidente Maduro o a su gobierno como “objetivo militar”. Sin embargo, el uso de fuerzas armadas para neutralizar activos estratégicos introduce hechos que trascienden las definiciones formales y reconfiguran el estatus del conflicto, al menos en el plano operativo.

La escalada tiene implicancias regionales inmediatas. En Colombia, la extensa frontera con Venezuela ha sido identificada en múltiples informes como un espacio de circulación de grupos armados, economías ilegales y redes de contrabando. En Washington se reconoce que un aumento de la presión operativa sobre Caracas impacta directamente en el equilibrio de seguridad regional y en la posición de Bogotá, que enfrenta un contexto político interno sensible.

En este escenario, también resulta significativa la ausencia de referencias públicas a Cuba en el discurso oficial estadounidense. Pese a los vínculos históricos entre La Habana y el chavismo, la administración Trump ha optado por concentrar su narrativa y sus acciones en Venezuela como eje financiero y logístico, evitando ampliar explícitamente el alcance del conflicto en instancias multilaterales.

Desde una perspectiva militar, el principal riesgo no es una acción convencional inmediata, sino una escalada progresiva. La interdicción de buques podría dar paso a nuevas medidas sobre escoltas armadas, puertos o infraestructuras clave, siempre bajo el argumento de interrumpir flujos considerados ilícitos. Cada paso eleva la posibilidad de incidentes con consecuencias difíciles de contener.

En paralelo, el gobierno de Maduro anunció la convocatoria a un Congreso Bolivariano Constituyente Originario, en momentos en que la presión externa se intensifica. Sin una declaración formal de guerra, pero con acciones cada vez más directas, la relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa una etapa en la que los hechos operativos comienzan a redefinir el alcance del conflicto.

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