Una seguidilla de recientes fallos en las cortes federales ha paralizado, al menos por el momento, los esfuerzos de la administración Trump por deportar a hasta un millón de migrantes indocumentados este año, con los jueces determinando en distintas ocasiones que las personas no pueden ser expulsadas del país sin el debido proceso.

Algunas de las decisiones más significativas se han centrado en la decisión del gobierno de suspender los beneficios otorgados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por un programa de libertad condicional humanitaria, iniciativas otorgadas por la administración Biden que han permitido a cientos de miles de migrantes, principalmente de Haití, Cuba y Venezuela, vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

También está bajo escrutinio legal la invocación por parte del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, normativa de tiempos de guerra muy pocas veces utilizada en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump ha invocado para acelerar la deportación de venezolanos sospechosos de pertenecer a la temida pandilla Tren de Aragua.

Si bien los fallos emitidos en las últimas semanas no son definitivos, han limitado efectivamente la capacidad del gobierno para proceder con su agresiva agenda de deportación, al menos por ahora.

A continuación, un vistazo a las decisiones judiciales más importantes y lo que está por suceder:

TPS de los venezolanos

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco confirmó el fallo de un tribunal inferior que impide a la administración Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de aproximadamente 350,000 venezolanos que residen en varios estados, muchos de ellos en Florida. La decisión de la administración Trump contemplaba que el TPS expirara abruptamente el 7 de abril, pero la decisión del tribunal restableció el programa a nivel nacional por otros 18 meses, hasta el 2 de octubre del próximo año. La Corte del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó la decisión del juez de distrito Edward M. Chen de bloquear la orden de revocación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Chen había determinado previamente que deportar a los venezolanos beneficiarios del TPS sin una revisión adicional podría resultar en un “perjuicio irreparable”. Chen también dictaminó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de rescindir los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación para los venezolanos se basó en “amplías generalizaciones y estereotipos”.

TPS para haitianos y venezolanos

Un juez federal de Boston decidió no escuchar los argumentos de una demanda que busca evitar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y venezolanos. El juez federal de distrito Richard Stearns citó un fallo emitido el día anterior por California que ya había suspendido los planes de deportación, haciendo innecesarias nuevas medidas por el momento. Stearns también reconoció la probabilidad de una apelación del gobierno federal y la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema, expresando su preocupación de que litigios adicionales pudieran complicar los procedimientos.

Parol Humanitario

El 14 de abril, una jueza federal de Boston impidió que la administración Trump rescindiera las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a quienes se les permitió entrar a Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional humanitaria durante la presidencia de Biden. El programa, que comenzó en enero de 2023, permitió a los migrantes que pasaron las verificaciones de antecedentes y contaban con un patrocinador en Estados Unidos pudieran venir al país durante dos años. Para diciembre de 2024, el último mes en que el programa —conocido como CHNV por las iniciales de las nacionalidades involucradas— estuvo vigente, más de 500,000 personas lo habían utilizado para entrar a Estados Unidos. La jueza de distrito estadounidense Indira Talwani dictaminó que los migrantes en libertad condicional pueden permanecer en Estados Unidos mientras solicitan beneficios migratorios. En efecto, su fallo impedirá que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revoque su libertad condicional como parte de un plan del gobierno para finalizar el programa humanitario el 24 de abril. La jueza aún no ha programado nuevas audiencias, pero los abogados de los migrantes dijeron que esperan que pronto emita su fallo final sobre la legalidad de la decisión del gobierno de expulsar a los migrantes que ingresaron al país bajo el programa de libertad condicional.

Deportaciones a El Salvador

La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en la noche del sábado para impedir que la administración Trump deportara a un grupo de venezolanos detenidos en Texas, acusados de pertenecer a pandillas. Si bien el tribunal no concedió ni denegó directamente la solicitud de los detenidos, suspendió el proceso, suspendiendo las deportaciones desde zonas de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. “Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”, declaró el fallo. Esta medida se produjo poco después de un fallo de la Corte Suprema del 7 de abril que reafirmó el derecho de las personas que enfrentan la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros a impugnar su expulsión mediante recursos de hábeas corpus ante jueces federales. La Corte Suprema no tiene programada otra audiencia sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a migrantes, pero ha programado una audiencia de argumentos orales para el 15 de mayo sobre otro tema que podría tener profundas ramificaciones en la vida de millones de personas: los esfuerzos del gobierno para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados. Los tribunales han reconocido desde la aprobación de la Decimocuarta Enmienda en 1868 que, con pocas excepciones, toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana por nacimiento. El gobierno argumenta que la enmienda no aplica a los hijos de migrantes indocumentados. Mientras tanto, el juez federal de distrito James Boasberg en Washington ha dictaminado que existe causa probable para declarar en desacato a los funcionarios del gobierno de Trump por violar sus órdenes de marzo de no usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a migrantes venezolanos a una mega prisión en El Salvador, o su exigencia de la devolución de los aviones que ya estaban en ruta a Centroamérica con los deportados. En su decisión, Boasberg dio a la administración hasta el miércoles para presentar una declaración explicando los pasos tomados para “purgar” el desacato asegurando que los migrantes venezolanos deportados puedan impugnar sus expulsiones, o identificar a los funcionarios responsables de desafiar su orden del 15 de marzo de detener los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.