De CNN en Español

El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en un panel de cinco miembros.

La magistrada Cármen Lúcia Antunes acompañó los votos a favor de la condena que emitieron el martes los jueces Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, por los cinco cargos contra Bolsonaro: tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

El miércoles, el voto en contra de Luiz Fux había dejado una luz de esperanza para el exmandatario, cuya pena será fijada después de que se conozca el voto pendiente de Cristiano Zanin.

Bolsonaro, que se declaró inocente durante el proceso y puede apelar ante el pleno de la corte, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, según estima la Fiscalía.

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar restricciones impuestas por el tribunal y fue juzgado junto a siete altos asesores y exministros que, según los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático y que culminó en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de 600 personas han sido sentenciadas por ese asedio.

La jueza Cármen Lúcia, durante la exposición de su voto por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia Adriano Machado/Reuters

SI Bolsonaro apela la condena, el pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar todo el caso. En cambio, revisaría puntos específicos como posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretaciones legales.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado en 2023 por otra causa y quedó impedido de ejercer cargos públicos por ocho años, al ser hallado culpable de abuso de poder por difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros.

El caso también es seguido de cerca en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que ha aplicado sanciones a funcionarios de Brasil, calificó el juicio como una “cacería de brujas”, y esta semana la portavoz de la Casa Blanca, consultada por el juicio, dijo que el mandatario “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” de su país para proteger la libertad de expresión. El Gobierno de Lula respondió en un comunicado: “El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.

El caso ha polarizado más a Brasil. El domingo, cuando el país celebraba un nuevo aniversario de independencia, hubo manifestaciones callejeras a favor y en contra del juicio al expresidente.

Como excapitán del Ejército, Bolsonaro tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial, tal como establece el artículo 295 del Código de Proceso Penal para militares retirados y figuras públicas con prerrogativas de seguridad. El Supremo Tribunal Federal definirá el lugar exacto de cumplimiento de la pena.

El líder ultraderechista, según los argumentos de la Fiscalía que validaron los jueces, participó de una trama tenía como objetivo “perpetuar” al expresidente en el poder luego de la derrota en las urnas en 2022 frente a Lula da Silva. Los golpistas, añadió la acusación, planearon asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes.