Por Ana Ceballos y Syra Ortiz Blanes, El Nuevo Herald

La administración del presidente Donald Trump le solicitó a los 50 estados del país que ayuden al gobierno federal a implementar las diversas medidas de inmigración que quiere poner en práctica, en tanto el gobernador Ron DeSantis busca ampliar los poderes de las agencias estatales y locales para que puedan detener, transportar y deportar a los inmigrantes indocumentados que viven en la Florida.

El jueves, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer un memorando —que casi seguro será peleado— donde se señala que hay “una llegada masiva de extranjeros” en el país y menciona regulaciones y leyes que le permiten a agentes del orden público estatales y locales realizar “cualquiera de los poderes, privilegios, o tareas” de los agentes federales de inmigración.

El memorando indica la forma en que la administración Trump está creando las condiciones para darle a las entidades estatales y locales más autoridad para actuar en asuntos de inmigración con los poderes que las agencias federales han tenido históricamente, dijeron varios expertos legales que hablaron con el Miami Herald. “Es justo decir que el memorando tiene el potencial de que la Florida desempeñe un rol más importante del que tiene actualmente”, dijo el viernes Emma Winger, directora legal del Concilio Estadounidense de Inmigración, con sede en Washington, en una entrevista con el Herald.

Expertos legales en inmigración dijeron que aún hay mucho que conocer sobre el poder que podrían tener los estados. “Sin ninguna guía que acompañe este memorando, resulta difícil saber todo lo que exactamente podrían estar autorizados a hacer los funcionarios estatales o locales”, dijo en un correo electrónico, Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada del Instituto de Política Migratoria.

El memorando sale a la luz en momentos en que DeSantis quiere que los legisladores de la Florida amplíen mucho más el papel del estado sobre inmigración federal durante una sesión especial que comenzará el lunes que, según dijo, busca ayudar a que el presidente Trump lleve a cabo su compromiso de deportaciones masivas. Aunque el memorando del jueves deja abierta la posibilidad de que las autoridades estatales y locales tengan más autoridad legal sobre inmigración, todavía sigue sin saberse con exactitud si a los estados se les permitirá llevar a cabo deportaciones en el futuro, como varias veces ha declarado DeSantis que está ansioso por hacer.

Deportación de migrantes que lleguen a los Cayos de Florida

En una conferencia de prensa el jueves, DeSantis dijo que está buscando tener el poder para deportar y repatriar inmigrantes que llegan a los Cayos de la Florida. El gobierno federal es responsable de regular, poner en práctica y supervisar las diversas leyes de inmigración, como deportaciones. “En la actualidad, si detenemos a los ilegales antes de que lleguen a los Cayos, se los entregamos al Servicio Guardacostas, y entonces ellos los devuelven a sus países de origen. Pero si de una forma u otra llegan a la costa, ¿estamos con las manos atadas para siempre? No me parece una buena política”, dijo DeSantis. “De modo que creo que debemos tener el poder de devolverlos a Haití, a las Bahamas o a cualquier país de donde vengan los ilegales”.

DeSantis no mencionó ninguna orden ejecutiva ni ley federal específica que le permita a la Florida deportar a los emigrantes, y su oficina no respondió a una solicitud del Herald que buscaba más claridad en los razonamientos legales del gobernador.

DeSantis tiene grandes ideas

La semana pasada, DeSantis dio a conocer sus propuestas de inmigración anticipándose a las acciones de Trump sobre inmigración, que hasta ahora incluyen intentos de limitar los derechos de ciudadanía por nacimiento, una declaración de emergencia nacional en la frontera sur y terminar con los procesos de parole del gobierno de Biden que han permitido que más de medio millón de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos entren al país.

El gobernador dijo que las acciones legislativas que propuso tienen como objetivo seguir los planes de Trump, basándose en conversaciones que ha tenido con el primer mandatario. Para respaldar la agenda de inmigración de Trump, DeSantis le pidió a los legisladores estatales la expansión de un programa estatal — el Unauthorized Alien Transport Program — para facilitar “la ejecución de medidas de inmigración consistente con las leyes federales, todo ello sin limitarse a la detención, transporte y deportación de extranjeros ilegales”.

Bajo el programa actual, el estado solo puede transportar a inmigrantes que estén de acuerdo en ser relocalizados y que tengan documentación que indique que ya han sido procesados y soltados por el DHS. Los contribuyentes de la Florida son quienes pagan el costo de los viajes, que solo se permiten llevar a cabo dentro Estados Unidos.

Participación de compañías privadas

Según un proyecto de ley que publicó la oficina del gobernador, al estado podría tener derecho a contratar a compañías privadas para respaldar al programa, con la ayuda de la Guardia Nacional de la Florida y la Guardia Estatal de la Florida, una fuerza militar civil bajo el control del gobernador. “Cerciorarnos de que podemos ampliar la autoridad del programa de transporte es algo realmente importante”, le dijo DeSantis a la prensa el jueves.

El gobernador también le pidió a los legisladores transferir $350 millones de las arcas del estado para financiar los servicios del programa, de acuerdo con la propuesta que dio a conocer la oficina del gobernador. Las autoridades estatales y locales podrán usar dinero del programa para entrenar a los agentes a “realizar o ejercitar los mismos poderes, privilegios o tareas” de los agentes federales de inmigración en sus comunidades, según la legislación que se propuso.

En los últimos años, el programa ha funcionado con un presupuesto anual de $12 millones. La oficina del gobernador no respondió cuando se le preguntó acerca del drástico aumento de los fondos del programa, así como tampoco sobre cómo se emplearía el dinero. De igual modo, el gobernador quiere que todas agencias estatales y de los condados conformen por lo menos el 10 por ciento de su fuerza laboral disponible para “llevar a cabo, ejercitar el poder, privilegios o tareas” de un agente federal de inmigración, dijo la propuesta legislativa que se colgó en el portal del gobernador. DeSantis quiere también tener la autoridad para sacar de su puesto a cualquier funcionario local que no cumpla totalmente con las directivas estatales y federales de inmigración.

Hasta el viernes por la noche, ningún legislador había presentado ninguna legislación con alguna de las propuestas del gobernador.

¿La policía podría ayudar a las deportaciones?

En la Florida, ya hay 48 departamentos de policía que participan en un programa federal —conocido como 287g— que le permite a los agentes realizar funciones limitadas de inmigración en las cárceles de los condados, como poder mantener detenidos a inmigrantes indocumentados durante 48 horas si un agente federal de inmigración lo solicita.

El Condado Miami-Dade no está inscrito, de acuerdo con el sitio web del Departamento de Inmigración y Aduanas, mientras el Condado Broward sí lo está. Entretanto, Winger agregó que las autoridades estatales y locales todavía tienen que recibir la aprobación de obedecer las leyes federales de inmigración aprobadas por el Congreso.

Mark Arias, abogado de inmigración de Orlando, enfatizó que si bien es el Congreso quien redacta las leyes de inmigración, es la rama ejecutiva quien se encarga de ponerlas en vigor. Y en este caso, es el Departamento de Seguridad Territorial es el encargado de tocar a las puertas. “Lo novedoso de esto es que el gobierno federal está pidiendo ayuda. De modo que es interesante ver cómo se va a desarrollar todo el asunto”, dijo Arias.