Patricia Arencibia, The Post, US Correspondent
El gobierno interino de Venezuela dio este viernes una de las señales políticas más fuertes desde la caída de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el envío inmediato al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía general, que podría alcanzar a cientos de presos políticos detenidos desde 1999 hasta hoy.
El anuncio llegó en un contexto de fuerte reconfiguración del escenario venezolano, apenas semanas después de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos y del inicio de un proceso de acercamiento diplomático entre Caracas y Washington.
Rodríguez sostuvo que la iniciativa busca “cerrar una etapa de violencia política” y “reparar las heridas que dejó el extremismo”. Según explicó, la propuesta ya fue encomendada de urgencia a dos comisiones legislativas para que sea tratada en las próximas horas por la Asamblea Nacional.
“Esta no es una ley para la venganza, sino para la convivencia”, dijo la mandataria interina. Y agregó: “Queremos que nadie vuelva a imponer el odio como método. Venezuela necesita justicia, pero también paz”.
El Helicoide y el gesto simbólico
Uno de los anuncios que más impacto generó fue la transformación del Helicoide, el centro de detención más temido del país y denunciado durante años por organismos de derechos humanos. Rodríguez aseguró que el edificio dejará de funcionar como cárcel y será reconvertido en un espacio de servicios sociales y deportivos.
“Vengo a esta Cámara no solo como presidenta, sino como abogada. Mi padre murió después de haber sido torturado. Sé lo que significa el abuso del poder”, afirmó, en un discurso cargado de referencias personales y políticas.
Liberaciones, dudas y denuncias
El anuncio de la amnistía llega después de una serie de excarcelaciones iniciadas tras la caída de Maduro. El gobierno interino sostiene que ya fueron liberadas más de 600 personas, aunque organizaciones de derechos humanos reducen ese número a 302 y advierten sobre la falta de transparencia del proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, alertó que aún existirían centros de detención clandestinos en funcionamiento, incluso después de las liberaciones.
A diferencia de medidas anteriores, la nueva ley eliminaría completamente las causas penales, y no solo las penas. Quedarían excluidos los delitos comunes como homicidio o narcotráfico.
Señales hacia Washington
El anuncio también coincidió con una serie de gestos diplomáticos hacia Estados Unidos. Este viernes, la embajada norteamericana confirmó que todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados, aunque sin precisar cifras.
La comunicación se produjo pocas horas después de una llamada entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio con Rodríguez, en la que se abordaron temas clave como la reapertura del espacio aéreo y la reforma del sector petrolero.
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó esta semana cambios en la ley de hidrocarburos que reducen el control estatal y habilitan mayor participación privada, incluido el reconocimiento del arbitraje internacional, una exigencia histórica de los inversores.
Un giro político con final abierto
Entre los nombres que podrían recuperar la libertad en las próximas horas aparece el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, referente de Primero Justicia y uno de los principales aliados de María Corina Machado, detenido desde hace diez meses.
También fue liberado el ciudadano peruano-estadounidense Arturo Gallino Rullier, quien ya fue trasladado a Estados Unidos.
Pese al giro discursivo y las señales de apertura, persiste el escepticismo. Durante años, el chavismo utilizó a los presos políticos como moneda de negociación, alternando liberaciones con nuevas detenciones.
Ahora, con un nuevo tablero político y la presión internacional en aumento, la pregunta sigue abierta: ¿se trata del inicio de una transición real o de otro capítulo táctico en la larga crisis venezolana?
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