Por Antonio María Delgado
El régimen de Nicolás Maduro asegura haber descubierto un plan de miembros extremistas de la oposición venezolana para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas, en lo que las autoridades describen como una operación de “falsa bandera” destinada a provocar un conflicto mayor entre ambos países. El ministro del Interior, Diosdado Cabello —quien supervisa el aparato de seguridad de Venezuela—, informó el lunes que la policía diplomática ha estado en contacto con funcionarios estadounidenses para coordinar medidas de seguridad. Agregó que Washington recibió la información “con la seriedad que el caso merece”. Cabello, considerado la figura más poderosa de Venezuela después de Maduro, atribuyó el supuesto complot a la “desesperación” de facciones extremistas de la oposición. Señaló a la dirigente opositora María Corina Machado y al ex comisario Iván Simonovis como los “arquitectos de actos violentos”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas acusaciones.
Las denuncias surgen en medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, y siguen a declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien el domingo aseguró que “sectores extremistas de la derecha local” estaban preparando un ataque con “explosivos letales” contra la embajada estadounidense. Rodríguez afirmó que el gobierno de Maduro había alertado a Washington por “tres canales diferentes” y también informado a una misión diplomática europea. “Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en esa instalación diplomática, que nuestro gobierno respeta y protege”, dijo Rodríguez en un comunicado publicado en su canal de Telegram.
Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas formales en 2019, después de que la primera administración de Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde entonces, la comunicación entre ambos gobiernos se ha limitado a temas como ayuda humanitaria, migración y seguridad. La embajada estadounidense en Caracas permanece vacía desde marzo de 2019, cuando el Departamento de Estado suspendió sus operaciones y retiró a todo su personal diplomático tras el colapso de las relaciones con el régimen de Caracas. Todos los servicios consulares siguen suspendidos y no hay diplomáticos ni funcionarios disponibles para asistir a ciudadanos estadounidenses. Aunque el recinto permanece cerrado, es mantenido por un pequeño equipo de contratistas venezolanos y vigilado externamente por patrullas policiales. Las recientes advertencias coinciden con una ampliación de la presencia militar estadounidense en el Caribe, descrita oficialmente por Washington como una operación antinarcóticos dirigida a las rutas de tráfico de drogas vinculadas a Venezuela.
Caracas ha condenado el despliegue como una “provocación” y un intento de crear condiciones para un conflicto y un eventual cambio de régimen. Funcionarios estadounidenses afirman que al menos cinco ataques se han realizado desde septiembre contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas del Caribe. El domingo, el presidente Donald Trump sugirió que futuras operaciones podrían realizarse “por tierra”. Consultada por la prensa sobre los próximos pasos en la campaña contra los carteles venezolanos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Claire Leavitt, dijo que no podía revelar detalles. “No voy a entrar en propuestas específicas que están siendo consideradas por el Presidente y su equipo de seguridad nacional, pero creo que hemos sido bastante claros y transparentes en la visión de esta administración sobre el ilegítimo régimen de Maduro”, señaló.
Washington ha acusado desde hace tiempo a miembros del régimen de Maduro de participar en el tráfico de drogas a gran escala. Agencias de inteligencia estadounidenses sostienen que figuras clave dentro del gobierno están vinculadas al llamado Cartel de los Soles, una red clandestina que se cree responsable de envíos de cocaína desde Venezuela hacia mercados en Norteamérica y Europa. En un memorando enviado al Congreso la semana pasada, la administración Trump justificó los ataques navales al designar a los carteles de la droga como “combatientes ilegales”, y afirmó que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” con esos grupos. La campaña marítima, que comenzó a principios del mes pasado, habría dejado al menos 21 muertos. El despliegue representa la mayor presencia militar estadounidense en la región en décadas. La primera fase incluye una fuerza expedicionaria de Infantería de Marina a bordo del USS Iwo Jima, dos buques anfibios clase San Antonio y más de 2,000 marines preparados para misiones de respuesta rápida.
En total, más de 4,500 efectivos de la Marina y los Marines estadounidenses operan actualmente en el Caribe, respaldados por un crucero, varios destructores y un submarino de ataque clase Los Angeles equipado con misiles de precisión. Diez cazas furtivos F-35 también han sido desplegados en Puerto Rico, superando ampliamente a la envejecida flota venezolana de aviones Sukhoi Su-30 de fabricación rusa y F-16 de origen estadounidense. En respuesta, Maduro ha buscado apoyo internacional. El canciller Yván Gil informó que el mandatario envió recientemente una carta al papa León XIV solicitando su “apoyo especial” para “consolidar la paz” en Venezuela. En los últimos días, las fuerzas armadas venezolanas han realizado varios ejercicios militares que, según Maduro, buscan reforzar la “seguridad territorial” ante lo que describió como amenazas externas.
La reportera de McClatchy en Washington Emily Goodin contribuyó a este reportaje.
