En línea con la opinión de los diferentes actores sociales, la UART coincide en que a un año y medio de su sanción, la Ley exhibe resultados que son alentadores respecto del camino elegido, tales como como la disminución en la cantidad de juicios ingresados en el sistema, la jurisprudencia favorable y la adhesión de buena parte de las provincias. Logros y pasos muy importantes y en el sentido correcto.

 

Los pendientes. Sin embargo, un aspecto crítico de la reforma resulta aún una asignatura pendiente. La nueva Ley hizo una reformulación fundamental que atañe de manera directa a las pericias médicas que se realizan en la Justicia Laboral: 1- Poniendo en cabeza de los máximos tribunales judiciales dentro de cada jurisdicción, la creación y puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense o Cuerpos Médicos Periciales conformados por médicos especializados, seleccionados por concurso; 2- estableciendo honorarios de los peritos en función de la tarea realizada (ya no más atados al monto de la sentencia) y 3- peritando con un único Baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades que forma parte de la Ley 27.348.

A  18 meses de su sanción, y sin haberse conformado los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia Laboral, resulta crítica e incierta la valuación del stock de 340.000 juicios aún pendientes y también la evolución de los nuevos juicios que deriven del flujo natural del sistema post reforma, configurando esta situación una amenaza a la sustentabilidad del sistema.

 

Los riesgos. ¿Por qué observamos con preocupación este incumplimiento? Porque asistimos a un descontrol pericial en el ámbito judicial que profundiza el desequilibrio entre las primas cobradas por las aseguradoras y los pasivos a afrontar.

De un estudio realizado en el mes de febrero de este año, se observó que las pericias judiciales correspondientes a 1/3 de los juicios en stock presentan un adicional de 17,5 puntos porcentuales de incapacidad respecto del Baremo, instrumento de medición de las incapacidades, que la Ley 27.348 prevé como instrumento de valoración. Los 2/3 restantes de los juicios pendientes no tenían (a febrero de 2018, fecha del estudio) pericia oficial aún. En caso de que ese 1/3 llegue a sentencia y que los 2/3 con pericias aún pendientes presenten el mismo desvío y también lleguen a sentencia, representa un aumento del pasivo judicial en un 600% es decir que equivale a multiplicarlo por 7. En términos de recaudación total de sistema, representa 2 años de la recaudación total de las ART.

 

La solución. En este escenario, las alternativas no son muchas: o se constituyen los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de la Justicia Laboral en forma inmediata de manera tal que las pericias de ajusten a los valores de ley o habrá que prever el financiamiento adecuado para cubrir el desfasaje judicial señalado.

El planteo inherente a la Reforma, suponía que una vez que el nuevo sistema estuviera completamente en régimen, la baja en la cantidad de juicios y en el costo de tales juicios, compensarían los incrementos del 50% en las indemnizaciones, que se dieron de manera inmediata con la aprobación de la Ley Nacional (independientemente de las adhesiones provinciales) como así también la asunción del costo de los patrocinios legales en las Comisiones Médicas y los gastos adicionales que involucra su crecimiento en número y adecuación en funcionamiento, todo a cargo de las ART.

 

Lo cierto es que hoy, la Reforma se encuentra a mitad de camino en el alcance de los objetivos de baja de litigiosidad. En efecto, en caso de verificarse a fin de 2018 la misma baja en la judicialidad que la evidenciada en el primer semestre (del 34,3%), este año habrán ingresado 86.000 nuevos juicios. Es decir, un valor mucho más bajo que el del año anterior, pero todavía lejos a la luz de la normalidad de un sistema de riesgos del trabajo.

 

Beneficios y alícuotas. El sistema ha brindado más y mejores servicios como así también un incremento sustantivo de indemnizaciones, en un marco de baja de alícuotas de mercado. La alícuota de mercado promedio hoy se ubica en el 3%  de la nómina salarial. Según estimaciones realizadas en diciembre de 2016 (previo a la Reforma), para que ese valor mercado del 3% sea además un valor técnico, sostenible y suficiente para brindar la cobertura prevista en la Ley, debieran darse varios supuestos: que el ingreso de nuevos juicios sea de 13.000 y no de 86.000 como se estima finalizará 2018 y que el valor de los juicios y de las incapacidades bajara un 35%. Es decir, supuestos lejanos a la realidad actual.

 

Conclusión. Desde UART continuamos trabajando a fin de conseguir más y mejores resultados, pero queremos poner el acento en que todavía estamos a mitad de camino en el cumplimiento de algunos aspectos de la Ley. Sin los cuales, el círculo virtuoso de funcionamiento del sistema se ve amenazado al quebrar la ecuación económico financiera que lo sustenta.