Finalmente el gobierno, dentro del temario de sesiones extraordinarias del Congreso, incluyó el proyecto conocido por el nombre de ‘ficha limpia”.

Luego de dos intentos fallidos de tratar el proyecto presentado por la diputada del PRO Silvina Lospenato, el presidente la llamó personalmente antes de fin de año para explicarle que el gobierno buscaba el mismo objetivo que ella pero dentro de un contexto ”mejorado”.

Con el correr de los días y de varias declaraciones fuimos definiendo mejor lo que, al menos el gobierno, entendía por “proyecto mejorado”.

El jefe de gabinete Guillermo Francos fue quien con más precisión se refirió al tema cuando dijo que él estaba de acuerdo con la “sustancia” de la idea pero que quizás  difería con las “circunstancias”.

También por las mismas declaraciones nos fuimos enterando que por “circunstancias” debíamos entender el hecho de que “la gente no pensara que se estaba aprobando un proyecto para poner fuera de la carrera electoral de Cristina Fernández  de Kirchner”.

¡Tantas vueltas para eso! ¿Pero quién es este personaje oscuro y marginal (“marginal” en el sentido de estar al “margen” de la ley) como para que un país este dedicando parte de la poca energía que tiene para ver si la señora se enoja o no?

Cristina Fernández de Kirchner no va a quedar al margen de una contienda electoral por el imperio de la “ficha limpia”. El problema de Cristina  de Kirchner no es la “ficha limpia”: el problema de Cristina Fernández de Kirchner es el Código Penal y su persistente inclinación a violarlo. Ese es su problema; no la “ficha limpia”.

Si Cristina Fernández de Kirchner tuviera un legajo impecable y libre de acusaciones, procesos y condenas por corrupción, robo, lavado y apropiación indebida del dinero de todos, no tendría  ningún motivo para preocuparse. 

Lo único que falta es que ahora el problema sea una ley que diga que los ladrones no pueden ser candidatos: el problema allí no es la ley. El problema es que sos ladrón. Si no lo fueras no habría ningún problema. 

Entonces, que la señora de Kirchner no se ofenda tanto  y que el gobierno no tenga tanto miedo de que ella se ofenda. No habría ninguna ofensa si ella no hubiera empezado por robarse los dineros que el pueblo le confió para que administrara.

Este es el mismo ejemplo de un agente de viajes que se ofendiera porque su licencia para operar le fuera retirada porque se quedó con la plata de los pasajeros: el problema no es de quien te retiro la licencia, hermano: el problema es tuyo que te robaste la plata de tus clientes.

En ese caso, ¿a quién se le ocurriría culpar a la Asociación de Agentes de Viajes y enojarse con ella cuando el real destinatario de la culpa y del enojo debería ser el agente estafador?

Tu problema, Fernández, no es la proscripción: son los tipos penales que violaste. Y no tenés derecho a “ofenderte”; los ofendidos somos nosotros... ¡ Lo único que falta: vos robas y, encima, te ofendes porque la ley te descubrió..!

Entonces, el jefe de gabinete y el resto del gobierno no deberían tener esos pruritos tontos de andar cuidando a ver quién se ofende. La “sustancia” y las “circunstancias” no difieren aquí. Solo se trata de preservar a las instituciones para que sus sillones no se vean poblados de ladrones. Si nadie robara no habría ofendidos. El camino para no vivir ofendido es relativamente fácil: consiste simplemente en conservar la honestidad.

Por otro lado, tengo una visión ligeramente distinta de lo que podríamos llamar “agregados para mejorar el proyecto de ficha limpia”. En lugar de que esas nuevas cláusulas disfracen lo que en realidad se parece bastante a un mecanismo para que la señora no se enoje, los que agregaría serian unas disposiciones que dejaran de una vez en claro que la Argentina NO TIENE un sistema de triple instancia -que implicaría que un caso no este cerrado hasta que haya un fallo de la Corte Suprema- sino que la garantía del debido proceso acaba con los fallos de cámara (en el fuero penal, con la decisión de la Cámara de Casación) y que la intervención de la Corte solo cuenta para revisar cuestiones relacionadas con las profundidades constitucionales del caso, pero no con las prosaicas consecuencias de un delito que fue suficientemente probado en las instancias anteriores en las que el acusado tuvo pleno acceso a una defensa completa.

Esa sí seria una mejora que aclararía definitivamente cuál es el correcto funcionamiento procesal del sistema argentino. Mantener en un limbo de incertidumbre miles de casos hasta que la Corte se digne a dar su opinión, somete a la sociedad a un desasosiego incompatible con el clima preciso y cierto que debe imperar en un país para que pueda vivir en paz.

Entonces, ojalá el Congreso apruebe una ley que no es otra cosa que un efecto obvio del sentido común: el pueblo no puede elegir como su representante a marginales que lo terminen robando. Y si, de paso, se puede dejar en claro (por si hiciera falta) que las oportunidades de apelación ordinaria de un caso en la Argentina terminan en los estrados de las cámaras de apelaciones, tanto mejor.

A partir de allí, podrás enojarte con tu prontuario pero no contra el hecho natural de que el que roba no puede representar al pueblo. Te llames como te llames.