El gobierno difundió ayer el indice de precios del mes de junio el que arrojó un incremento  promedio del IPC del 1.6%

Naturalmente que cuando uno compara ese numero con la guasada del 25% (y subiendo) con el que dejaron el país Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, uno no puede menos que reconocer los méritos de una administración que ha desmoronado la inflación que iba camino de disolver a la sociedad argentina como tal.

Sin embargo, las causas profundas de la inflación siguen estando latentes. El freno en seco a la emisión de dinero falso, el corte del gasto y de despilfarro fiscal y el apego al equilibrio de las cuentas públicas no son suficientes -no solo para que la baja de la inflación sea una variable sostenible en el tiempo- sino para algo mucho más profundo como es que esa baja de inflación pueda ser combinada con una robusta actividad económica, un flujo de inversiones frescas que multipliquen el producto (lo cual haga caer el tipo de cambio real como consecuencia de una mayor oferta de bienes en el mercado) y un mercado laboral expansivo que aumente la base de trabajadores activos registrados.

Para conseguir todo eso hay que atacar un núcleo pétreo que la Argentina carga como una mochila en su propio orden jurídico. Lo que hizo de la Argentina el país que es (esto es, un rotundo fracaso en el concierto de las naciones, uno de los pocos países -sino el único- que INVOLUCIONÓ en términos de desarrollo en el último siglo); un país que no es capaz de alimentar bien y de cuidar la salud media de la población como debe, un país que se debate entre no tener inflación pero ser el más caro del mundo y no generar empleo o tener precios de exportación competitivos pero a costa de un incremento insoportable en el nivel general de precios internos.

Toda esta ensalada laberíntica de la cual PARECIERA que quiere salir desde hace mucho tiempo y no lo logra, ha sido provocada por el TIPO DE ORDEN JURÍDICO que el país se dio a sí mismo.

Por eso destaque recién la palabra “parecería” porque, efectivamente, quienes nos han dicho hasta ahora que venían a mejorar lo que era obvio que venía en picada solo han hecho eso: DECIRNOS que venían a darnos algo diferente, pero no nos dieron otra cosa más que más de lo mismo. Incluso, como en el caso del perokirchnerismo, nos vinieron a dar más dosis del veneno.

El único gobierno que hasta ahora al menos HA IDENTIFICADO el problema es el de Javier Milei. Todavía le cuesta terminar de emprenderla contra el problema que él mismo ha identificado. Pero al menos le ha planteado a la sociedad que el problema de fondo del país es EL TIPO DE LEYES que fueron aprobadas durante los últimos 100 años. Ese tipo de ley moldeó el país que vivimos hoy. Mientras ese modelo legislativo no sea cambiado de raíz (lo cual impactaría también en la manera que la Justicia se expide en sus fallos) el diseño general de la Argentina NO VA A CAMBIAR.

Podremos pasar a ser un país con más inflación o con menos inflación pero el rumbo general del estándar de vida no va a cambiar.

Para dar vuelta como una media la manera en que los argentinos viven (que de eso se trata, después de todo, este chiste, porque lo que debería buscarse es que la cotidianidad del país cambie, que la cotidianeidad de los Juan Perez de la vida cambie [para mejor, obviamente]) se necesitaría INCENDIAR practícamente TODO el orden jurídico argentino y hacerlo de vuelta.

Una vez, estando en la radio (creo que gobernaba Macri) dije que el país debería hacer de cuenta que fuera 2 de mayo de 1853 y que no había ninguna ley; que solo estaba la Constitución y que había que empezar a construir un ORDEN JURÍDICO nuevo si es que, realmente, se quería cambiar el rumbo de decadencia que arrastrábamos.

La pregunta es ¿por qué es difícil cambiar todo el orden jurídico argentino? Pues porque el que esta vigente fue construido por un entramado de intereses que prácticamente envuelve hoy a todas las actividades del país, de modo que cuando uno quiere meter mano allí para mejorar la condición del conjunto perjudica invariablemente la condición actual de un grupo o colectivo concreto.

Estamos, como comentamos el otro día, frente al “síndrome del beneficiario abstracto y del perjudicado concreto”, según el cual para mejorar la condición del TODO tengo que impactar NEGATIVA E INICIALMENTE la condición de la que actualmente goza un grupo concreto de individuos.

Ese grupo concreto de individuos es el que, por diferentes ramas de actividad (para utilizar una terminología bien peronista) ha venido rosqueando junto al poder público para obtener la sanción de leyes que ATENTANDO CONTRA LA CONDICIÓN DEL CONJUNTO provocara un beneficio directo e inmediato al conjunto que consiguió  arrancarle al poder público la ley.

No importa que los integrantes del grupo concreto beneficiado formen a la vez parte necesaria del conjunto general perjudicado porque la monetización del beneficio conseguida por la obtención de la ley supera con creces el costo que sufren en su condición de integrantes del TODO.

Esto dio como resultado una sociedad que se parece a un mecano en donde el TODO anda mal aunque algunos engranajes PAREZCA que andan bien.

Cuando uno quiere entrarle a una legislación particular porque su continuidad distorsiona la actividad económica general, la encarece, la hace poco competitiva y condena al consumidor local a vivir prisionero de un conjunto de vivos que tiene la vaca atada (porque consiguió atarla a través de la ley) TODO EL SECTOR afectado por la pretensión del cambio se alza en pie de guerra.

Si el que pretende impulsar un cambio quiere entrarle a TODA LA LEGISLACIÓN de privilegio tendrá un conflicto en cada esquina porque los intereses tocados son CONCRETOS mientras que los beneficios que podrían exponerse para balancear la discusión son ABSTRACTOS.

Es en el fondo de esta discusión donde se encuentra el nudo gordiano de la inmensa traba argentina.

Resulta hasta gracioso ver que un país que se la quiere dar de tan “revolucionario”, cuando es expuesto a lo que realmente sería una revolución (esto es establecer un orden jurídico general e igualitario y no una colección de leyes particulares hechas a medida de los interesados [los conceptos de “orden jurídico” y “conjunto de leyes”, son diferentes]) reacciona como el peor de los conservadores al grito de “AQUÍ NO SE CAMBIA NADA”.

Entonces, ¿Quién es el verdadero “revolucionario”? ¿El peronista que se la dá de “combatiente” o el Sr Del Caño -que hablan del pico para afuera pero que luego sancionan leyes hechas a la medida de los grupos de interés- o Milei que en el fondo propone arrasar con lo que el Congreso escribió en los últimos 80 años y darle a los argentinos una ley general frente a la cual todos sean iguales?

Mientras la sociedad no tenga claros estos conceptos y se siga comiendo el verso de gente que se pone el uniforme de guerrillero pero que, en el fondo, fueron los que contribuyeron a crear este país parcelado en donde el TODO ABSTRACTO paga los privilegios de cientos de GRUPOS CONCRETOS, la Argentina -los argentinos- no vivirán mejor. 

El país podrá tener más o menos inflación, pero la diaria de los sueños, las ilusiones, las ganas y la alegría de levantarse para hacer de hoy un día mejor que ayer no aparecerá entre nosotros.

Eso solo se logrará cuando una topadora destruya y aplaste las leyes que nos hemos dado (y que nos convirtieron en lo que somos) y esa legislación sea reemplazada por un orden ecuánime e imparcial que, primero, establezca normas aplicables a todos en su carácter de ciudadanos (y no en su carácter de farmacéutico, constructor, médico, juez, abogado, camionero, escribano o siruja) y, luego, obligue a los jueces a fallar teniendo en cuenta esas condiciones y no las “ramas de actividad”.

Esa sí sera una REVOLUCIÓN y no ese conjunto de blasfemias a las que nos tienen acostumbrados los guerrilleros de pacotilla, que no por groseras y abyectas harán del país una nación de verdaderamente iguales.

Los admiradores de la Revolución Francesa (de la que ayer se cumplieron 236 años) deberían estudiar más en qué consistieron las (para mi) escasas contribuciones de ese movimiento a las libertades del individuo. En esas pocas decisiones rescatables se hayan muchas de las respuestas a lo que deberíamos hacer.