¿Cuándo se convencerá el presidente de que debe dar por terminado el ciclo de Durán Barba como su principal asesor en materia política?

El ecuatoriano fue el principal arquitecto de la estrategia de no explicar cómo se encontraba el país al 10 de diciembre, cuando Macri asumió la presidencia.

Desde ese momento no hay día en que el presidente no pague un costo político por semejante decisión. Está claro que el peor de todos ocurrió ayer cuando la Corte Suprema emitió un fallo   ordenándole al gobierno dar marcha atrás con el cuadro de recomposición tarifaria que el ministro Aranguren había anunciado en abril.

Desde que se conocieron los aumentos comenzó un proceso bestial de instalación de la idea de la “insensibilidad social del gobierno” y del “tarifazo”. Fogoneado por la oposición política y a caballo de la demagogia que, se crea o no, sigue cautivando de modo muy fuerte los oídos argentinos, se fue generando un clima que daba por sentado que el aumento había sido cruel, desproporcionado e impagable.

Que existió una operación política puede deducirse fácilmente del hecho que más del 80% de aquellos que recibieron facturas con aumento, las pagaron. ¿Cómo es que era impagable algo que la mayoría fue a pagar? Ese porcentaje de gente abonando sus facturas no coincide con un clima social de rebelión contra los nuevos precios, que fue la imagen que, justamente, se instaló con éxito en los medios de comunicación y en el subconsciente colectivo.

Un gobierno culposo y titubeante en esta materia se dejó llevar a los empellones porque no tenía en sus manos el inmenso activo que hubiera significado haberle informado a la gente, en tiempo y forma, el verdadero estado en que nos encontrábamos. El crimen de Durán Barba, en ese sentido, ha sido inmenso y le ha propinado al gobierno un tipo de daño fiero, cual es el de aparecerse, vestido de distintas maneras, prácticamente todos los días.

Es más, las famosas audiencias públicas -que ahora parecen haberse convertido en una suerte de comuneros franceses- se podrían haber convocado (aun cuando el gobierno sostuviera que no fueran necesarias para el tipo de aumento que estaba fijando) y haberlas utilizado como un gran foro de explicación del desastre kirchnerista y de cómo el populismo irresponsable y ladrón había dejado en pelotas a la Argentina. Allí también podría haberse explicado los esfuerzos que iban a ser necesarios para reparar tanto daño.

Pero no. Durán Barba y sus tecnócratas dijeron que no era tiempo de “tirar mala onda” y que no había que hablar del pasado. Muy bien, muchachos, ahora el pasado el vuelve en forma de fallos de la Corte.

El fallo de la Corte es un fallo populista. Pero confiar en que, de repente, en un país de fuerte raíz populista, apareciera un poder completo fallando en favor del sentido común económico era pedir demasiado. La Corte está poblada de estatistas, de peronistas y de personas que siguen creyendo que los gastos del Estado no son gasto de la gente. Se trata de jueces que llaman la atención sobre la “sensibilidad” y se olvidan de lo que paga el gas un garrafero, o lo que paga la luz un cordobés, o lo que pagamos todos por la inflación generada por el déficit público, explicado en un 80% por los subsidios que la Corte –de hecho- mandó a reponer.

En efecto: el problema de las distorsiones de los precios de la energía sucede en la Capital y el Gran Buenos Aires. El resto del país hace rato que paga precios muy distintos a los del área metropolitana. En segundo lugar, las tarifas kirchenristas benefician a la gente de más altos recursos que tiene instalaciones de red y que están en condiciones económicas de pagar lo que las cosas valen. Del total del territorio alcanzado por los aumentos, la mitad no tiene red de gas natural y debe pagar el precio exorbitante de las garrafas que no tiene ninguna protección del fallo de la Corte. Si hay insensibilidad es la de aquellos que le hacen pagar más caro los insumos energéticos a quienes no los tienen y más barato a quienes los derrochan. Se trata de una curiosísima aplicación del criterio de la justicia social.

La manera más “sensible” y justa -socialmente hablando- de que la gente que menos tiene esté mejor, es que por fin sus casas estén provistas con gas de red. Eso requiere inversiones y las inversiones requieren de precios que las tornen viables. El fallo de Corte está a años luz de entender esa lógica. Los jueces, por el contrario, prefirieron guarecerse detrás del “tachín tachín”del populismo antes de tomarse el trabajo de colaborar con la sociedad ejerciendo una tarea docente.

La mayoría de los comentaristas no se han atrevido a analizar el fallo desde la justicia social REAL sino desde el piripipí de las palabras demagógicas y desde lo que, desde hace décadas, se ha impuesto como verdad revelada de la Argentina, sin que ese tótem sea desafiado nunca.

Si la demagogia no se enfrenta desde todos los poderes del Estado, el país no podrá salir del modelo social que el kirchnerismo llevó a un extremo.

La demagogia es un cáncer social. Si nadie se atreve a enfrentarla nos matará. Moriremos contentos por haber hecho lo políticamente correcto –no enfrentar al tótem- pero moriremos de todos modos. En ese momento de agonía, será inútil que alguien, blandiendo el fallo de la Corte, quiera hacerse oír pidiendo a los gritos que vuelva la “sensibilidad” porque ese conjunto de papeles así lo exige: el colapso lo hundirá a él y a sus papeles.

Resulta triste llegar a la conclusión de que el máximo escalón de la República también está infectado por el cáncer. ¿Qué queda por esperar si el doctor más calificado prefiere seguir apostando a los placebos antes de pasar por antipático y dar los remedios adecuados?

En este nudo gordiano de la situación económica argentina, el país tuvo la mala suerte de toparse con una combinación explosiva: un presidente que se dejó convencer de que ocultar la verdad era mejor que decirla y un conjunto de jueces que, por jugar a la política, han vuelto a condenar a la injusticia a los que viven peor.