Es increíble, pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logra superarse a sí mismo en materia de barbaridades institucionales, incluso cuando uno cree haber visto todo.

Una vez más, valiéndose de su lacayo designado, Alberto Fernández, protagonizó un brulote de proporciones oceánicas cuando el presidente llamó a una cadena nacional para “informar” que, de acuerdo a una operación de espionaje ilegal consistente en el hackeo intencional de una plataforma privada de mensajes, un grupo de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios habían hecho un viaje secreto al Sur para tener una reunión en una propiedad privada cerca de Bariloche.

El presidente dijo que lo que decía había aparecido en una nota de un periódico de alcance nacional y que, como su gobierno había venido “a terminar con los sótanos del poder”, era su deber denunciarlo públicamente porque los asistentes a esa reunión se habían asegurado que los “medios hegemónicos” silenciaran la noticia.

O sea, el presidente que se adjudica haber terminado con las roscas y el espionaje, convoca una cadena nacional para decir que, valiéndose de una operación de espionaje ilegal perfeccionada muy posiblemente con la participación del ex jefe de inteligencia de la organización criminal Montoneros, se había enterado de que un conjunto de ciudadanos había tenido una reunión. El presidente confesó por televisión que el aparato del Estado en connivencia con ex terroristas vigila a ciudadanos privados.

Más allá de que todas las iniciativas legales que intente iniciar el pseudo presidente o el mismísimo gobierno son nulas de nulidad absoluta por estar basadas en un medio ilegítimo para obtener evidencias (lo que en doctrina se conoce como “fruto del árbol prohibido”), desconozco cuál es el delito que habría consumado un conjunto de ciudadanos por el solo hecho de reunirse. Salvo que el presidente quiera anular por decreto en derecho constitucional de reunión.

También es curioso que un gobierno que denuesta la prensa independiente que investiga pretenda escudar su acusación en una “investigación” de un medio periodístico. Claro, quizás mi error aquí consista en creer que el medio en cuestión (Página 12) es un medio periodístico independiente y no una organización paraestatal de difusión del relato oficial.

También resulta evidente la desesperación del gobierno y del peronismo kirchnerista en tratar de enlodar al poder del pueblo que hoy va a dictar su veredicto en el caso que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada.

Porque volvemos a insistir con la línea de nuestra columna de ayer: quien está enjuiciando a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 12 imputados es el pueblo de la nación argentina representado por el poder que la Constitución organizó a tal efecto.

En una república representativa como es la Argentina, el pueblo gobierna, legisla y juzga por intermedio de sus representantes (artículo 1 de la Constitución). Los jueces representan al pueblo en tanto están elegidos por los poderes elegidos popularmente.

La particular actividad que desarrollan impone la necesidad de que su método de elección sea diferente al de los poderes políticos a los efectos de que los derechos de TODO el pueblo queden bajo la protección constitucional en caso de disputa. Pero eso no obsta a que el Poder Judicial sea un poder del pueblo. Es más, si se me permite la ironía, el Poder Judicial al estar organizado para defender los derechos de TODOS los ciudadanos (de los que ganan y de los que pierden una elección) es el poder más popular de todos; es el Poder al que se acude cuando el derecho de cualquiera o el patrimonio público que pertenece a todos está en peligro.

Resulta obvio, a esta altura, que la verdadera dueña de este gobierno arrastró al presidente a un nuevo grotesco público al obligarlo a confesar que el gobierno operó un hackeo intencional de una red privada de comunicación para espiar la actividad de ciudadanos privados. Si eso no es un sótano, habría que preguntarle al testaferro que sienta en el sillón de los presidentes, qué entiende por un “sótano de la democracia” que, según él, “su” gobierno vino a terminar.

La verdad es que dio bastante asco ver a un hombre derrumbado y demacrado poner su cara de amianto para defender las trapisondas de casi veinte años de saqueo al bolsillo de los argentinos.

Pero qué otra cosa podía esperarse de alguien sin ningún principio moral, sin ninguna regla de conducta; de un individuo que se valió de los privilegios del poder para gozar de una vida que, con sus decretos, le negaba a sus conciudadanos. Solo vergüenza y oprobio rodea a este hombre que prestó su nombre para ser a la fachada de una delincuencia organizada desde el poder, para presentarse como la pantalla de un pillaje continuo que no solo pretende utilizarlo para seguir atornillándose al poder sino para cubrir el largo camino criminal que ha signado los años del kirchnerismo desde 2003 hasta hoy.

El futuro inmediato de este grotesco es el tacho de los trastos en los tribunales. Ningún juez que se precie de tal dará curso a una investigación basada en un claro acto de espionaje encabezado por el gobierno y por agentes paraestatales disfrazados de periodistas.

Lo que ocurrió ayer no es más que una prueba adicional de la desesperación en la que está inmersa una organización criminal que ha copado el Estado desde hace casi veinte años y que hoy puede ver las primeras sombras de las rejas que la esperan.