La Justicia -ese poder que tantas insatisfacciones le ha dado a la Argentina y en cuyos estrados se pueden buscar las explicaciones a por qué terminaron pasando cosas en el país que podrían haberse evitado si esa Justicia hubiera actuado como tendría que haber actuado- produjo dos hechos trascendentes.

En primer lugar, atendiendo al airado reclamo social frente al papelón de la primera audiencia del juicio oral por los cuadernos de la corrupción, en la que los acusados parece que se hubieran puesto de acuerdo para mofarse del tribunal y de la sociedad, la Cámara Federal de Casación Penal (una especie de “Corte Suprema” del Derecho Penal) le ordenó a los jueces del TOF 7 que, a partir de la semana que viene, organice tres audiencias semanales de no menos de ocho horas de duración en la sala AMIA de Comodoro PY de modo presencial con todos los protagonistas (acusados, testigos, abogados , etcétera) presentes en el recinto. Además dispuso que se habilite la feria judicial de enero para continuar el proceso y que se termine esa payasada de que el jueves de Carnaval en febrero no hubiera audiencia.

Aunque ahora ya parezca anecdótico, el país debería saber el nombre y el apellido de la lumbrera que en algún momento creyó que el juicio podía desarrollarse en las condiciones en las que comenzó.

Obviamente debe ser alguno de los tres jueces del tribunal. O quizás el de algún secretario que llevó la ocurrencia y luego fue aprobada por los jueces. No sé. Pero sería interesante que la gente conociera ese nombre para que la vergüenza pública que sufra ese inepto haga que en el futuro deje de pensar tantas estupideces.

En segundo lugar, el día en que paradójicamente tuvimos otro accidente en las vías del Sarmiento, la Corte dejó firme la condena a prisión para Julio De Vido, el gerente general de la banda criminal que asoló al país entre mayo de 2003 y diciembre de 2023 (con el intervalo 2015-2019, aunque conservando incluso en ese interregno un notorio poder de daño) y que, entre otros estragos, produjo la muerte de 52 personas el 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de ese ramal ferroviario, como consecuencia de haberse robado toda la plata que debería haber ido al mantenimiento de los trenes en óptimas condiciones de funcionamiento.

Todavía se recuerda a Cristina Fernandez de Kirchner cuando, tiempo después y ante la llegada de nuevos coches adquiridos por la gestión de Florencio Randazzo, haciéndose la graciosa en la inauguración de esos nuevos vagones, dijo “apurémonos porque si no viene la otra formación y nos lleva puestos”.

¡Qué nivel de seguridad en la impunidad que hay que tener para comportarse de semejante manera frente al sufrimiento de 52 familias que ya no tenían a sus muertos y frente a los que quedaron gravemente heridos por aquel impacto! ¡Qué convencimiento de que no les va a pasar nada, hagan lo que hagan y digan lo que digan, que hay que tener para animarse a ser tan grosero!

Pero es que justamente esa fue la otra cara de la moneda que caracterizó al kirchnerato: una era la obvia profundidad de su corrupción; la otra era la impunidad y la absoluta certeza de que por encima de ellos no había nada, ni la ley, ni la Justicia, ni la Constitución, ni nada.

Por eso hay que reivindicar estos tiempos que han llegado para recordarles a ellos y a todos aquellos a los que se les haya pasado por la cabeza imitarlos, que, tarde o temprano, la justicia llega, te bajan del pony a rebencazos y terminas de bruces en el polvo de una celda.

Si bien está claro que la sensiblería argentina, impide que se le imponga a estos  delincuentes todo el rigor que se ganaron y, aun hoy, se dan el lujo de bailar en los balcones, emitir proclamas golpistas desde las redes sociales o comer con la boca abierta frente a una cámara de Zoom en la audiencia de un juicio que debió tener desde el principio una solemnidad de la que quisieron privarlo, al menos, con muletas, algún  día la justicia llega y todo aquel oropel vacío de burdeces insoportables, de robos homéricos y de increíbles tomaduras de pelo, se termina.

Pero la Argentina deberá pensar de ahora en más algún mecanismo que acelere los procesos en los que la sociedad reclama tener certeza sobre dónde fue su dinero robado, sobre quién se lo robó y sobre las consecuencias que todos esos estragos provocaron.

No es posible que los delincuentes especulen con el tiempo y hagan jugar a su favor una exasperante pusilanimidad judicial que retiene en los cajones de la eternidad las decisiones que la gente espera.

Si la Cámara de Casación no hubiera actuado ayer, este juicio por los cuadernos de la corrupción  habría durado décadas. En el ínterin, quizás, muchos de los responsables murieran sin conocer su merecido. Quizás también habrían muerto muchos ciudadanos que sufrieron las consecuencias de los desfalcos y que no iban a tener, al menos, la posibilidad de ver a los responsables sufrir las consecuencias que establece la ley.

Esta discordancia temporal entre la comisión de un delito mientras se es funcionario publico y la pena que corresponde aplicar a quien los cometió, debe terminar ya. Obviamente las características técnicas que tienen los juicios en la Argentina contribuye a que eso ocurra. Muy bien habrá que cambiar las técnicas procesales de los juicios. Pero en el mientras tanto, con los procedimientos actuales, son los jueces, ejerciendo el enorme margen de discrecionalidad que la ley les da, los que deberán empezar a optar por los plazos más cortos antes que por los plazos más largos.

Para dar un ejemplo futbolero simple: son los árbitros los que, sin cambiar una coma del reglamento actual, tienen en sus manos juzgar las simulaciones, las mentiras para hacer tiempo, los cambios truchos hechos al solo efecto de comer minutos, las interminables ceremonias en un tiro libre también destinadas a demorar, las “lesiones” inventadas de los arqueros que se tiran al piso para cortar el ritmo aluvional de los ataques contrarios… Todo eso, con voluntad, puede terminarse de un día para el otro.

En la Justicia del Poder Judicial también, es exactamente igual: son los jueces los que, con las mismas leyes actuales, pueden hacer más expedito un juicio y, como ello, traer un poco de razonabilidad a lo que no es más que la lógica del sentido común que la gente espera.

Lo que ocurrió ayer es el perfecto ejemplo de los que decimos: para decidir lo que decidió, la Cámara de Casación no necesito que se reúna un consejo de notables para reformar el Código Procesal Penal. No. Con el simple ejercicio del sentido común y con la ley actual dispuso que el tribunal deje de favorecer al “bando infractor”, como diría un reglamento de fútbol.

En el futuro, seguramente, la Argentina (que parecería que tiene vedado el ejercicio natural del sentido común y que necesita escribir todo) precisará de una reforma que les imponga a los jueces una celeridad que ellos podrían aplicar incluso ahora, pero que esta visto que no quieren.

Esa modificación debería tener como guía, como el norte que oriente su propósito, lo que no es otra cosa que el sentir común de la gente que precisa que el concepto de justicia se restaure rápido y que no esté sujeto a la especulación de un conjunto de impresentables que, encima de haber arruinado a un país, se dan el lujo de jugar con la pusilanimidad de los que deben juzgarlos.