El fenómeno político que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023 sigue reordenando los escenarios electorales en la provincia de Buenos Aires. Las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las legislativas nacionales de octubre serán la prueba de fuego para La Libertad Avanza y su alianza con el PRO: ¿puede el proyecto libertario transformar su impacto disruptivo en fuerza territorial sostenible o se quedará en un pico electoral pasajero?

La respuesta obliga a separar factores estructurales de decisiones tácticas. En lo estructural, Buenos Aires concentra una porción decisiva del padrón nacional: ganar bien en esta provincia equivale a capital político y bancas que definen mayorías legislativas. Además, la heterogeneidad bonaerense —ciudades medias, conurbano, zonas rurales— favorece a fuerzas con capacidad de segmentar mensajes. La alianza con el PRO le aporta a Milei cuadros, logística y presencia municipal que su movimiento original no tenía: es la infraestructura que permite disputar intendencias y mesas en distritos donde antes le faltaba aparato.

Sin embargo, esa misma estructura exhibe límites. El conurbano profundo mantiene redes clientelares y una relación cotidiana con el Estado provincial que no se desactiva solo con consignas contra la “casta”. Allí, la resistencia cultural hacia propuestas económicas radicales y el peso del empleo público y las políticas sociales constituyen un freno real. Además, la ampliación hacia votantes moderados choca con el estilo de comunicación de Milei: la provocación moviliza pero también genera rechazo en franjas que deciden la elección en distritos ajustados.

Tácticamente, el 7 de septiembre actuará como barómetro y terreno de ensayo. Si la coalición logra presentar listas cohesionadas y evitar fracturas internas, podrá traducir intención en mesas ganadas: la suma del aparato PRO con la narrativa libertaria puede llevar bancas provinciales que amplifiquen poder legislativo. Si, por el contrario, aparecen rupturas, candidaturas débiles o mala coordinación territorial, la fuerza perderá momentum y dejará el terreno abierto a una oposición que aún conserva estructura en el territorio.

Las encuestas disponibles muestran una pelea ajustada en Buenos Aires: variaciones por consultora y universo son sinónimo de volatilidad. En un escenario así la movilización, la fiscalización y el discurso local importan más que los grandes slogans nacionales. Convertir intención en voto efectivo exige trabajo puerta a puerta, respuestas concretas a problemas como seguridad o transporte y mensajes que no se queden en abstracciones económico-ideológicas.

El presidente bajó la semana pasada al barro -literal- de lo más profundo de la miseria del conurbano para posar, junto a los integrantes más prominentes de su alianza con el PRO, en un a foto tomada en Villa Celina con un cartel en donde se leía “Kirchnerismo Nunca Más” (en donde la tipología de estas dos últimas palabras coincidían con las usadas históricamente para referir al libro que contó las brutalidades de la dictadura).

El escenario fue bien pensado: Milei y los demás dirigentes aparecerían rodeados de un paisaje cruelmente desolador en donde lo que se alcanzaba a distinguir no era otra cosa más que basurales a cielo abierto y una gigantesca villa miseria: el escenario generalizado en el que el kirchnerismo convirtió a gran parte del cinturón que rodea a la Capital en los últimos 20 años.

El calendario es una variable estratégica: votar en septiembre antes de la elección nacional obliga a la oposición a dividir esfuerzos, lo que beneficia a quien tenga mejor logística y turnos de campaña. Pero ese adelanto también expone al oficialismo: cualquier error o polémica queda fresca y puede trasladarse a octubre con efecto multiplicador. Por eso la campaña oficial intenta ahora modular tonos, buscando ampliar la base sin perder la identidad que activó su núcleo duro.

El cuadro se complica por la aparición de grupúsculos (ni siquiera me animo a llamarlo “partidos”) que son rejuntes de gentes que por uno u motivo se ha sentido herida y, como toda respuesta, se dedica a ponerse en contacto con otros que pasaron por los mismos “sufrimientos” para armar a las apuradas un espacio con el objetivo de sacarle votos a quien lo hirió. Un profesional de esas maniobras es Miguel Ángel Pichetto que tiene la habilidad de mostrarse como un “moderado del sentido común” pero que, a la hora de contar los porotos, siempre anda estorbando y generando divisiones en lo que podríamos llegar el “frente anti-hampa”.

Así, ayer por ejemplo, el diputado -que parecía enhebrar argumentos tan sólidos contra la mafia kirchnerista (a la que, por otro lado, él fue funcional tanto tiempo) se manenistaba en X contra la iniciativa del presidente de penar a los legisladores que votaran leyes que supongan gastos para el erario público sin decir de dónde saldrían los fondos para financiarlos.

Pichetto enmarcó la cuestión dentro de lo que el llamó “amenaza del Presidente al Congreso” agregando -dramáticamente- que eso era una “amenaza para la democracia”, sumándose así a una de las clásicas cantinelas kirchneristas.

Sin embargo, lo que indica la realidad es que el presidente solo está proponiendo completar lo que le falta a la Ley de Administración Financiera. Esa ley ya dispone -hace mas de 30 años- que el Congreso no puede aprobar leyes que supongan gastos sin que, al mismo tiempo, se especifiquen las fuentes de financiación. Esa ley, sin embargo, no estableció ninguna pena si esa prohibición era violada. Lo que el presidente está proponiendo es justamente eso: que si esa disposición es violada los que la violen sufran un castigo. Punto. Aquí no hay amenazas, ni peligros ni nada de lo que insinúa el “herido” Pichetto. Aquí hay una propuesta para introducir en la Ley de Administración Financiera una modificación que incluya lo que toda legislación que prohíbe algo establece de costumbre: una pena para quien viola la prohibición.

En octubre la magnitud del desafío crece: Buenos Aires aporta una parte central de las bancas nacionales y cualquier desvío en su rendimiento se siente a escala federal. Una performance sólida en ambos turnos consolidará a Milei como actor con capacidad de incidir en mayorías legislativas; resultados dispares entre septiembre y octubre dibujarán, en cambio, a una fuerza con alto poder de movilización pero con techos para consolidarse como mayoría.

No puede soslayarse el efecto de las polémicas públicas y los símbolos: piezas de campaña que polarizan o apelan a comparaciones extremas suelen activar contramovilización en sectores moderados y movilizar a la oposición. El desafío táctico del oficialismo es, por tanto, ampliar sin diluir una marca que se construyó sobre ruptura y confrontación.

Por último, la oposición bonaerense tiene recursos organizativos y referentes locales con arraigo; su principal tarea es convertir esa estructura en unidad y mensaje creíble. Si lo logra, le pondrá techo electoral al fenómeno libertario. Si no lo logra y se fragmenta, la coalición oficialista podrá aprovechar la dispersión para ganar terreno.

En síntesis: la coalición de Milei llega a septiembre con posibilidades reales en la provincia de Buenos Aires, sostenidas por un padrón estratégico y por la suma territorial que le presta su alianza con el PRO. Pero esas posibilidades son condicionadas: el conurbano, la volatilidad del electorado y el costo político de la polarización marcan límites objetivos. El 7 de septiembre será la foto inicial; octubre, la película completa. Allí se decidirá si el fenómeno se consolida como fuerza estructural o si queda en un pico electoral con capacidad de inquietar pero no de gobernar mayorías estables.