Que un gobierno puje en el Congreso para aprobar una ley para cerrar colegios es una soberbia metáfora de lo que ocurre en la Argentina.

La Corte Suprema falló la semana pasada recordándole al gobierno, no solo que la ciudad de Buenos Aires es autónoma (parece mentira que en el país se haya necesitado de un fallo del más alto tribunal para confirmar, efectivamente, que el caballo blanco de San Martin es blanco) sino que no tiene ninguna autoridad para pasar por encima de lo que establece la Constitución en materia de derechos civiles y de facultades reservadas por los estados federados.

“La pandemia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”, dijo el presidente de la Corte en su fallo. Terminante.

Pero ese idioma es refractario para el gobierno: no está dispuesto a inclinarse ante ese esquema de control.

La Constitución organizó un sistema de limitación del poder. El kirchnerismo es el altar de lo opuesto: el crecimiento elefantiásico del poder a costa de las libertades individuales. Y no está dispuesto a bajarse de ese pedestal.

Frente al dique de contención que la Corte intentó, el kirchnerismo redobla la apuesta y supone que la fuerza bruta de sus asientos en el Congreso (porque esos escaños no se utilizan para un intercambio racional de ideas sino para la imposición irracional de un número, con lo que, con el disfraz de un sistema aparentemente civilizado, se impone la fuerza bruta) pueden darle una pátina de legalidad a su avance incontenible.

Ni siquiera piensa en que -si esa ley se sanciona- será otra vez objeto de recusación constitucional en la Justicia porque no importa el calibre de la pieza jurídica con la que se pretenda esquivar la supremacía de la Constitución: ella es siempre infranqueable aún cuando el Congreso vote una ley por unanimidad que la desconozca.

El kirchnerismo tiene una lógica de aplastamiento del adversario de la que no se separa y respecto de la cual, a lo sumo, está dispuesto a buscarle variantes pseudo legales para imponerla, pero no para renunciar a utilizarla.

Cómo la Corte le dijo al presidente “usted no puede desconocer la autonomía de la ciudad”, entonces ahora el kirchnerismo sube la vara y acude al Congreso para mejorar la calidad jurídica con la que quiere oponerse a la Constitución.

Simplemente no entiende la simplísima idea de que no hay pieza jurídica que supere a la Constitución y que la interpretación última de lo que ella dice depende de la Justicia en general y de la Corte en particular.

A esta altura incluso la cuestión supuestamente epidemiológica en las escuelas es ya tan solo una excusa: aquí alguien se atrevió a decirle al General “señor usted no puede hacer lo que quiere por mas tanques que tenga… aquí hay una ley suprema (que no es precisamente su palabra) que debe respetarse y que está por encima suyo, de modo que, por favor, retroceda”.

Ese idioma es intragable para el kirchnerismo: “¿Usted me está ordenando a mi retroceder? ¿Pero quién se ha creído? ¿No entendió que yo estoy aquí por el voto popular y que, por eso mismo, puedo hacer lo que se me de la gana?”

El kirchnerismo históricamente se manejó así con la Justicia. Ya en Santa Cruz desafió a la Corte cuando está le mandó reponer al Procurador General de la Provincia, Eduardo Sosa, en su cargo. Y se salió con la suya: no lo repuso y Sosa se jubiló.

Esa es la pelea en la que está hoy el gobierno: en tratar de que quede claro que la Argentina vive bajo un sistema en donde el que gana las elecciones puede hacer lo que quiere, sin límites, sin respetar ninguna posición en contrario, sin balance de poder… Sin democracia.

Para ellos la democracia termina la noche de la elección. En ese acto se le transfiere al ganador (siempre que sean ellos, claro) todo el poder del pueblo como si el resultado electoral hubiese sido 100% a cero.

Ni siquiera la performance de eficiencia ayuda al gobierno en este tema y en particular referencia a la pandemia.

El país es el tercero en orden de muertos por cada 100 mil habitantes a nivel mundial por coronavirus.

La gestión durante la enfermedad ha sido espantosa. El país económico se fundió. Las empresas se fueron o cerraron. Cientos de miles de argentinos perdieron su empleo. La pobreza trepó a la mitad del país y a más del 60% en chicos menores de 14 años.

Y el responsable de ese desastre es el que se postula para darle lecciones de cierre a todo el país.

Hay jurisdicciones estaduales que, dentro de la pauperización nacional, han logrado sacar la cabeza por encima de la media: a esos lugares el presidente quiere llegar con su voz de mando para decirles que dejen de hacer lo que los ha distinguido para mejor para que pasen a hacer lo que él les ordena.
Es decir, la aspiración al disparate es doble: atentar contra la supremacía de la Constitución y someter a un manejo probadamente fallido a quienes lograron esquivarlo.

El kirchnerismo encuadra perfectamente dentro del modelo de aquellos gobiernos (como el húngaro, por ejemplo) que se escudan en una excusa vendible (como es el miedo a una enfermedad) para consolidar un poder autocrático, sin control y con atropello a los derechos civiles.

El gobierno también sabe que dos aliados insuperables para la consolidación de su modelo son la pobreza y la ignorancia expandidas.

De allí que machaca con la producción industrial de pobres y la restricción educativa. Sabe que los pobres y los ignorantes son la carne de cañón de su plan. Y va por eso.