Hay momentos en que uno no puede identificar bien cuándo fue “el momento”.

En la literatura universal quizás el trabajo que más reflejó ese intríngulis fue el ensayo de Mario Vargas Llosa que llevó como título “¿Cuándo se jodió el Perú?”

Luego de eso, particularmente para la Argentina, hubo varios intentos para saber cuándo se jodió el país, no siendo pocos los que identificaron ese momento con el golpe militar de 1930 o con la llegada del peronismo al poder, incluso habiendo algunos analistas que conectan un hecho con el otro.

La dificultad seguramente reside en el hecho de que probablemente no haya UN momento sino varios capítulos invisibles o aparentemente subterráneos que empiezan a ocurrir sin que sean evidentes en una primera instancia pero que se van acumulando como el agua en un vaso hasta que, quizás, la gota menos pensada y menos esperada termina produciendo lo que parece ser “el momento”.

Algo similar a esto parecería estar sucediendo con el gobierno.

Es evidente que un mal tufillo se ha instalado en el ecosistema de la administración de Javier Milei. 

Uno no sabe si ya podría parafrasear a Vargas Llosa y preguntarse ¿cuándo se jodió el gobierno de Javier Milei?, pero lo cierto es que esa atmósfera de triunfo y aciertos que acompañaba al presidente hasta comienzos de este año, en algún momento cambió.

Son varios los elementos que se han combinado para que eso sucediera. En primer lugar, un cambio severo en la relación del gobierno con los gobernadores.

Hace unos días el analista Andrés Malamud señaló que el año pasado el gobierno ganó en el Congreso 17 de las 18 votaciones que hubo y este año invirtió esa estadística para perder 17 de 18.

La idea impulsada por la presidente de LLA, Karina Milei, de jugar sola, sin alianzas provinciales (o con frentes en donde el partido de gobierno asume una posición hegemónica) generó muchos roces, recelos y, fundamentalmente, heridos que pese a pertenecer (teóricamente) a un partido anticasta, lo único que parecería importarles es asegurarse un “puestito” o un lugar en una lista.

Ese ambiente es ideal para que muchos que buscan -desde el primer día- la caída del gobierno, encuentren en estos despechados personajes a medida, los vehículos ideales, para desplegar sus operaciones poco menos que golpistas.

Que funcionarios importantes del gobierno puedan ser grabados sin mayores inconvenientes en conversaciones reservadas habla de un gobierno plagado de topos listos para conseguir material y filtrarlo por los canales más adecuados.

Estos canales no son independientes de las usinas derrocadoras del peronismo, siempre abiertas a explotar al máximo todo lo que puedan conseguir.

En ese contexto, uno o varios topos (que podrían ser incluso “tropa” propia) grabaron al Director de la Agenciq Nacional de Discapacidad haciendo comentarios sobre las condiciones de contratación de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Los mismos fueron canalizados por el periodista Jorge Rial (uno de los mercenarios más conocidos dentro de la profesión) en una señal de streaming propiedad de Pablo Toviggino que es, casualmente, la mano derecha del peronista-massista-kirchnerista Chiqui Tapia en la AFA, enemigo #1 del gobierno en cuanto este quiere impulsar el proyecto de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, un verdadero anatema para los taitas de la calle Viamonte.

Es más, la AFA aprobó el año pasado en una resolución de su Comité Ejecutivo (que Tapia maneja sin necesidad de moverse de su casa) la mudanza de su domicilio legal al predio “Lionel Messi” ubicado en Ezeiza, para, de ese modo, salir de la esfera de control de los organismos de nacionales para pasar a estar “sujeta” a los controles del gobierno amigo de Axel Kicillof.

Naturalmente los canales perokirchneristas utilizados para difundir los audios no invalidan el contenido de los audios si se comprobara su autenticidad.

Los audios están editados, es decir, fueron “armados” por una intervención externa que los “trabajó”.

La denuncia fue presentada por Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, y “cayó” en manos de un fiscal militante de La Cámpora, Franco Picardi, en el juzgado federal de un juez que parece haber abandonado su inveterada lentitud para cambiarla por una súbita celeridad: Sebastián Casanello. Todo muy casualmente conveniente.

Obviamente, recibir un tiro en la línea de flotación de la decencia para un gobierno que se presentó como impoluto y dispuesto a terminar con la putrefacción kirchnerista, es un hecho que hace temblar toda la pirámide del poder. Y sobre ese tembladeral el derrocador serial parece dispuesto a actuar.

El peronismo, ahora, parece haber puesto en ejecución la fase “el presidente no puede caminar por la calle por la vergüenza que provoca”.

En línea con esa estrategia salió a “pudrir” una caminata de campaña en Lomas de Zamora en la que no se produjo un muerto (que podría haber sido el propio presidente) de milagro.

Las autoridades peronistas de la Provincia de Buenos Aires salieron poco menos que a justificar los hechos bajo el principio de “qué esperaban” como si lo que ocurrió fuera completamente natural y el culpable de haberlo causado fuera el gobierno por salir a “provocar” en un territorio cuya propiedad catastral le corresponde por ley al peronismo.

Al lado de estas evidencias golpistas por parte del peronismo, también hay otras que evidencian la notoria estupefacción del gobierno que no atina a entrarle al problema que se le ha presentado de una manera seria, creíble, organizada, sustentable y sólida.

Todo parece moverse como un tembladeral frente al que distintas porciones del poder sugieren responder de manera diferente.

Utilizando prácticas de alta mafia, el peronismo hizo saber que iría liberando más audios de modo aleatorio pero sistemático en los días que siguen, tal como hacen los extorsionadores profesionales frente a una víctima que no cede a sus peticiones a la que le pueden seguir enviando desde audios con tonos más subidos, vídeos, capturas de WhatsApp o dedos cortados, si su “pieza” de negociación fuera un secuestrado.

En esa línea, el viernes “airearon” -por la misma señal de Toviggino- audios intrascendentes de la Secretaria General de la Presidencia, como dando impunemente a entender que sus agentes orgánicos están infiltrados entre las paredes que el gobierno podría considerar más seguras: una repugnante escena de una película de gangsters no podría causar más nauseas.

De todas maneras el gobierno no queda eximido de demostrar su inocencia por el simple hecho de que su contrincante se muestre como lo que siempre fue: un truhan que llevó a la política las prácticas más bajas de los arrabales criminales.

La vara de la honestidad de los hermanos Milei no puede bajar un solo milímetro porque si allí se instalara la más mínima duda sobre su integridad moral y su intachabilidad ética, toda la fortaleza de los cimientos que les permite pedir la comprensión que precisan frente al ajuste que llevan adelante, se resquebrajaría sin remedio.

El presidente -me consta- es partidario del principio de que una vez que un jarrón se rompe, pese a que pueda pegarse con Poxipol, ya está roto.

Bueno: aquí debe demostrar que no hay, no hubo, ni habrá un jarrón roto, porque, efectivamente, la magnitud de lo que resta hacer aún requiere de la fortaleza que tienen las cosas sanas y no aquella que pueden disimular las que se pegan con Poxipol.