La verdad es que el fin de año no pudo ser más preocupante desde el punto de vista de la vigencia de los principios republicanos.

Ya comentamos lo que ocurrió en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en donde en un trámite express -que jamás ocurre cuando de aliviar la situación de los contribuyentes se trata- un conjunto irresponsable de legisladores volvió atrás el sistema que impedía la reelección de intendentes por más de dos períodos.

La indignación social todavía estaba en ebullición cuando la Sra Cristina Fernandez de Kirchner autorizó una sesión nula del Senado para sancionar la ley por la que el impuesto a los bienes personales será más gravoso para los ciudadanos honestos y previsores con sus ahorros.

La convocatoria de la cámara no tuvo quórum. A los treinta minutos de convocada, como prevé el artículo 15 de su reglamento interno, debió darse por terminada de inmediato. Sin embargo la impresentable vicepresidente que este país se ha dado el lujo de darse, la dio por comenzada cuando ya habían pasado 10 minutos de ese límite gracias a que apareció una senadora por La Rioja, Clara Vega, que la gente votó como de Juntos por el Cambio y que luego, ya elegida, formó un bloque unipersonal separado del bloque de la coalición por la que alcanzó su banca.

Las evidencias de la nulidad de la sesión quedaron expresamente patentes en las fotografías de los relojes y de los miembros presentes cuando ya se había cumplido el tiempo máximo previsto por el reglamento de funcionamiento del Senado.

La prepotencia peronista que se maneja atropellando a todo el mundo cuando tiene el número, se manifestó esta vez por la lisa y llana práctica de la trampa. El famoso dicho popular se invirtió esta vez: en lugar de hacerse la ley y luego la trampa, aquí se hizo primero la trampa y luego la ley.

Parece mentira que en el lugar en donde se da nacimiento a las leyes no se respeten las leyes, ni siquiera aquellas que los propios cuerpos del Congreso se dan a sí mismos para funcionar.

La oposición hizo pública la manifestación de la truchada. Y dejó que la ilegitimidad de la sesión constara en el mismo acto. Debido a ello, inmediatamente surgió la inquietud sobre si la cuestión llegaría a los estrados de la Justicia.

Sin embargo desde los círculos más especializados que siguen habitualmente estos temas se comentó que existe una tradición conteste en el sentido de que la Justicia rechaza in limine este tipo de planteos sobre la base de que las cuestiones reglamentarias de otro poder debe resolverlas ese poder y que no son de competencia judicial.

Quiere decir que una fuerza con la suficiente falta de escrúpulos podría forzar un avasallamiento de las normas internas, conseguir sus objetivos políticos y los ciudadanos contra los cuales las eventuales normas dictadas en contradicción el Derecho no tendrían defensa de los jueces porque estos dicen que esas son “cuestiones de los legisladores”. Inconcebible. ¿Dónde está entonces el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución si la “política” argentina ha instalado la “tradición” de que los “trapitos” de un poder no pueden ser “lavados” por la intervención de otro?

¡Esto es un soberano disparate! Un tano diría “¡me ne fregan las tradiciones!”. El poder judicial ha sido organizado para controlar a los otros dos poderes. Máxime cuando un poder -nada menos que el que hace las leyes- viola la ley para sancionar una norma.

Esto en cuanto a lo procedimental. Pero además este impuesto a los Bienes Personales estaba destinado a desaparecer según la promesa del Estado durante la administración Macri. En ese momento para alentar el blanqueo de capitales (que se cumplió en niveles récords) se prometió una baja gradual de las alícuotas hasta su desaparición. Ahora, el estado estafador incumple su promesa y no solo no continua con el programa de descenso paulatino de las alícuotas sino que las incrementa.

Este es un impuesto que solo tienen cuatro países en el mundo. Pero hay más: la Argentina es el único país que combina este robo con otros seis impuestos que directa o indirectamente afectan el patrimonio de los ciudadanos.

Por la aplicación combinada de esta estafa, en cinco años el Estado le roba a los ciudadanos el 40% de su acervo patrimonial. Si esto no es una confiscación, ¿cómo se llama?

¿Cómo es posible que los impuestos obliguen a los contribuyentes a vender parte de su patrimonio para pagar los impuestos que gravan su patrimonio? A ver si nos entendemos: una persona previsora, responsable (es decir todas las cualidades que, por supuesto no caracterizan al Estado) ahorra -sometiéndose, quizás, a una serie de sacrificios personales- para tener una seguridad o para darle una tranquilidad a sus hijos, y el Estado lo obliga a desprenderse de esas posesiones en base a lo que no es otra cosa que un atraco con la pátina de la ley.

Es más, en una movida propia del odio de clases que impera en la Argentina, si esa persona decidió llevar sus ahorros a jurisdicciones más responsables y donde la seguridad jurídica está garantizada, pero tuvo la honestidad de declarar ese patrimonio a las autoridades nacionales será castigado en exceso.

Solo queda esperar que, al momento del pago, una lluvia incesante de demandas judiciales producidas por particulares damnificados agolpen los estrados de la Justicia. ¿Su Majestad de los Ojos Vendados se dignará a atender esos reclamos entonces? ¿O se le ocurrirá otra excusa para no defender los intereses de aquellos cuyos intereses fueron los únicos que se tuvieron en cuenta para crear el poder Judicial, los intereses de los ciudadanos individuales?

Los jueces deberán enviar este mamarracho con el que la Sra Fernández obsequió a los argentinos de fin de año al mismísimo tacho de los trastos. Al mismo tacho donde debería estar ella.

Por Carlos Mira