Contrariamente a lo que hacemos casi siempre, que es comentar monográficamente un tema de la actualidad, hoy traeremos cuatro breves cuestiones que tuvieron lugar el día de ayer.

Comencemos por lo que fue la difusión del sorprendente índice de inflación de noviembre que dio 4,9%. La sorpresa se basa en varias cuestiones. En primer lugar la discrepancia con lo previsto por el promedio de las consultoras privadas que siguen desde hace años la evolución de ese índice. Todas ellas tenían mediciones que superaban el 5%, mucho más compatible con el índice dado a conocer por la Ciudad de Buenos Aires que, tan solo unos días antes, había difundido un 5.8%.

En segundo lugar, no deja de impresionar como un número espantoso como 4,9% puede poner contento a un gobierno.

En tercer lugar, la incidencia ponderada del índice en alimentos y bebidas que fue del 3.5%, lo cual lleva a preguntar por la influencia del corset de “precios justos” que, como todo el mundo sabe, es un artificio en el que no puede basarse la esperanza de una baja consistente del nivel de precios porque como toda artificialidad suele explotar cuando deja de imponérsela.

Además, en cuarto lugar, este es el primer número dado a conocer luego de que Marco Lavagna, el jefe del INDEC, se incorporó al equipo económico de Massa. La aparición del hombre que perdió todos los datos del censo en misa y en procesión al mismo tiempo, llama la atención.

Sigamos con cuestiones que tuvieron a la Justicia en el centro de la escena. La Corte Suprema convalidó la sentencia a 13 años de prisión a Milagro Sala por fraude al Estado y asociación ilícita en la causa conocida como “pibes villeros” que pasó a la historia por el recuerdo de aquellas vívidas imágenes de televisión en la que se ve a los sicarios de Sala sacar bolsones llenos de dinero de un banco para cargarlos en una camioneta que los esperaba afuera.

La decisión deja firme definitivamente un fallo que ya contaba con el doble conforme de la Justicia provincial. Queda por verse si Sala cumplirá su pena en una cárcel común como está solicitando el gobernador Morales.

Sala fue la cabecilla de una organización paraestatal amparada y sostenida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que manejaba fondos millonarios sin control alguno del gobierno elegido por el pueblo de Jujuy que tenía a Eduardo Fellner como gobernador.

Una vez más: la Justicia debe contribuir con un esfuerzo de docencia hacia la ciudadanía y, desde la propia terminología que utiliza en sus expedientes, colaborar con la educación cívica de la población.

En este caso (como fue también en el de Cristina Fernández de Kirchner) debe dejar de nominar las causas con nombres burocráticos como (“Defraudación a la Administración Pública” o “Administración Fraudulenta”) para pasar a caratular las causas con el nombre de los intereses contrapuestos que enfrenta, el del pueblo, por un lado, y el del presunto estafador por el otro.

En este caso, por ejemplo, la carátula del caso debió ser “El pueblo de Jujuy vs Milagro Sala”. Así la gente tendrá bien en claro que en un platillo están los bolsillos de los ciudadanos y del otro los de alguien a quien se presume los ha robado. Las palabras “Estado”, “Administración Publica” “Administración Fraudulenta” no tienen la virtualidad de llevar inmediatamente al cerebro de la gente la idea del perjuicio propio. Son muy difusas. Las personas no identifican al Estado (y mucho menos a la “Administración Pública”) con ellas mismas; suponen que son entes diferentes cuyo perjuicio no las afecta.

En otro caso que tuvo a la Corte como protagonista, Horacio Rosatti decidió tomarle juramento a los cuatro representantes de los Diputados para el Consejo de la Magistratura, ignorando, de ese modo, las maniobras escandalosas del Frente de Todos y de la aún más impresentable Cecilia Moreau para impedir que los representantes de las minorías sean reconocidos. Con esto solo queda dejar firme el desbaratamiento del grosero embuste público que Cristina Fernández de Kirchner pretendió hacer con los representantes del Senado (dividiendo ilegalmente el bloque del Frente de Todos para con eso conseguir robarle un representante al PRO) para que el Consejo quede con su conformación definitiva. Dicha conformación, pese a todo, sigue siendo completamente peligrosa para la democracia desde el momento en que la ley que lo conforma incorpora estamentos políticos en su integración -algo que debería estar prohibido- tal como lo está en todos los institutos de naturaleza semejante que existen en los países libres y verdaderamente democráticos.

Y por último el día coronó con una “joyita” del presidente lacayo recibiendo en la sede del gobierno, la Casa Rosada, a una delegación de los terroristas subversivos que desafían la soberanía argentina en la Patagonia, encabezados por la madre del prófugo de la justicia chilena Jones Huala, condenado por terrorismo y que seguramente se haya guarecido en territorio argentino bajo la protección del gobierno.

Francamente que la autoridad máxima de la nación reciba en su despacho a quienes desconocen la bandera, la Constitución y el territorio argentino, bajo la excusa -como dijo la portavoz Gabriela Cerruti- de que la Argentina es un país “multicultural” da asco.

Mire, Cerruti, la Argentina no es una nación “multicultural” pese a lo que usted quiera artificialmente imponer. El país no es una colcha de patchworks: la Argentina es una nación única e indivisible bajo una Constitución que invitó a todos los hombres y mujeres del mundo a venir aquí y fundirse en un imaginario caldero que diera origen a un pueblo único. Quien no quiera ingresar en el caldero podrá vivir su vida libremente de todos modos porque nuestra Constitución es magnánima con todos, como lo dice el Preámbulo. Pero jamás tendrá derecho a poner en duda la integridad del país. . La Argentina no es “multicultural”: es un crisol de razas, pese a la alergia que a usted pueda causarle el término. Lo que nos une es la obediencia a una Constitución, la extensión de un territorio y el reconocimiento de una bandera. Todo aquel que desconozca este abecé jurídico está incurso en lo que la Constitución define como delito de sedición, en su artículo 22.

Como ven, un día en el que la actualidad nos invitaba al comentario de más de un tema. Creo que de cada uno de ellos podría haberse hecho un análisis monográfico, pero esta vez preferimos variar y meternos un poco con todo.