El fiscal Ramiro González solicitó al juez Ariel Lijo que requiera el audio de la entrevista realizada a Eugenio Zaffaroni que abrió la polémica respecto a su planteo sobre la continuidad del Gobierno de Mauricio Macri.

Mucho se ha escuchado respecto de esta cuestión -desde que es una estupidez a la que no hay que darle importancia hasta que es un delito grave- por lo que convendría hacer un para de comentarios.

En primer lugar hay que aclarar que efectivamente la ley ha transformado en delitos no solo un determinado conjunto de conductas sino también su inducción o propaganda. El código penal prevé esta conducta en el artículo 209 y siguientes. El primero de ellos dice claramente: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.

A su vez la sedición contra el orden constitucional armada o no está prevista por los artículos 229 y siguientes del mismo código. Allí se aclara que se entiende también como sedicioso el accionar no armado que públicamente impida la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o el desenvolvimiento de los funcionarios nacionales o provinciales legítimos.

Siguiendo estos pasos, a primera vista no cabe duda que Zaffaroni ha instigado con sus dichos a impedir que funcionarios nacionales legítimos ejecuten las leyes, bajo la forma de inducir a su derrocamiento.

La combinación de los artículos 209 y 230 lo hacen pasible, a mi entender, en primera instancia de caer bajo el delito de apología de la sedición.

La apología sin uno la juzga por la pena que el legislador previó para su caso es un delito grave. Su pena máxime lo hace inexcarcelable y quien reciba esa condena deberá cumplirla efectivamente en prisión. Solo si el juez optara por aplicar el mínimo de la pena (dos años) la misma podría quedar en suspenso por ser menor a tres años.

Pero en el caso de Zaffaroni hay algunas cuestiones adicionales por considerar. Se trata nada menos que los dichos de un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Además, Zaffaroni es actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas cualidades no hacen sino agravar su cuadro. Primero, si bien nadie puede argumentar la ignorancia de la ley como dato a su favor (porque las leyes se presumen conocidas por todos después de siete días de su promulgación) en el caso de Zaffaroni, claramente menos.

Luego están los antecedentes del propio juez, materialmente proclive a allanar el camino de los delincuentes hacia la libertad como él mismo lo ha confesado (“cada vez que llega un expediente a mis manos lo primero que pienso es ‘cómo lo hago zafar a este tipo’”). Esa circunstancia le da un marco a sus dichos que no es otro que el de la propia actividad delictual, con la que parece sentirse cómodo.

A todo esto se agrega que el comentario fue hecho en un medio público de comunicación lo cual multiplica su capacidad de daño. Inmediatamente al lado de estas cuestiones se da el hecho de que el impacto en las mentes de las personas que los dichos de un ex Juez de la Corte y actual miembro de un tribunal internacional puede ser muy grande, toda vez que muchos pueden sentirse validados a iniciar acciones que configuren el delito instigado dado que la “sugerencia” vino nada menos que de un juez.

En segundo lugar, hay que considerar que Zaffaroni es reincidente en el hecho porque hace solo unos pocos días se expidió en el mismo sentido. Es más, cuando repite el comentario él mismo refiere a lo que había dicho antes. No hay duda de la intención dolosa de su apología.

La Argentina es de por sí un país en donde no se saben las consecuencias de este tipo de hechos. Son cuestiones que uno sabe cómo empiezan pero no cómo terminan.

Además Zaffaroni por una mínima cuestión de decoro, teniendo en cuenta las funciones que desempeñó y las que desempeña, debería abstenerse de cometer este tipo de exabruptos, claramente reñidos con las más elementales formas de la independencia y la imparcialidad.

Si él cree que debe cumplir a esta altura de su vida un rol político, nadie le impide desarrollar esa actividad. Pero considerar que un gobierno legítimamente constitucional debe irse antes de la finalización de su mandato porque “eso es mejor para el país” es una afirmación que no puede hacer alguien que ocupa su lugar.

Por lo demás su argumento es tan pobre como lo ha sido toda su obra. Realmente cuesta creer como algunos lo consideran una “eminencia” cuando su grado de ignorancia ha sido varias veces ratificado.

En este caso dijo que Macri debería irse para evitar que la deuda siga subiendo. A ver, Zaffaroni, el gobierno kirchnerista al que usted adscribe dejo un tendal de 20 millones de cheques para pagar por mes a distintas personas que reciben asistencia del Estado. ¿Qué considera usted que debe hacerse, toda vez que para pagar esas cuentas el país genera un déficit de 30 mil millones de dólares por año?

a.- dejar de pagar esas prestaciones;

b.- emitir dinero falso para pagarlas y espiralizar con ello la inflación;

c.- tomar dinero prestado para pagarlas por completo mientras se toman medidas para sanear el funcionamiento económico…

Estas son las opciones, Zaffaroni, elija la que usted prefiera. Pero no sea hipócrita y dígaselo a la gente. Digale que como no quiere tomar deuda, no pagará más las prestaciones. O diga que las seguirá pagando emitiendo dinero sin respaldo.

Delincuente o no, usted, señor Zaffaroni, lo que no puede ser es hipócrita. La hipocresía no es un delito del código penal. Porque si lo fuera, allí sí, que hace años que dormiría en un calabozo.