La situación en el sur argentino es alarmante. Si no se hace algo a tiempo los malones de intrusos tomarán un impulso nunca antes visto desde que Roca concluyó la Campaña de Desierto.

El “problema mapuche” remonta a la historia de un pueblo invasor del territorio argentino que hizo desaparecer de la faz de la tierra a pueblos originarios enteros de nuestro país, en un genocidio como no se recuerda en Argentina.

El pueblo de la Araucanía chilena invadió el oeste argentino a través de la cordillera y reclama una franja de territorio nacional chileno y argentino que va del Pacífico al Atlántico. Ya se empiezan a sentir los primeros malones en la Provincia de Buenos Aires. La cuestión dejó de estar limitada al sur patagónico.  

Avanzan a fuerza de asesinatos, incendios, violando y depredando todo a su paso; tal como hacían antes de Roca. Pero hay una sonora diferencia. El gobierno nacional de principios del siglo XX tenía muy en claro la soberanía argentina y el carácter invasor y delincuencial de estos terroristas; el actual gobierno es su cómplice. Los apaña, los subsidia con el dinero del propio pueblo argentino (que es el atacado), y los emplea en dependencias nacionales como las direcciones nacionales de asuntos indígenas y de los pueblos originarios.

Estos terroristas no son originarios; son invasores. Y el gobierno kirchnerista ha pactado con ellos su infiltración en el poder desde donde continúan con sus planes de expansión.

Estos delincuentes no reconocen ni la bandera, ni la Constitución, ni las leyes argentinas; aspiran a la secesión,  aterrorizando a los pobladores, quemando sus propiedades, incendiando bosques que conforman el patrimonio ecológico argentino de cientos de años.

Van por los minerales de la región, van por Vaca Muerta, van por el oro inexplotado. Hace un par de días el presidente Fernández debió salir custodiado en medio de una pueblada en Chubut que apedreó su camioneta y rompió uno de sus vidrios.La gente que ve como la quieren correr de sus tierras se rebela contra un gobierno secuaz de los delincuentes.

Luis Pilquimán, el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es uno de los terroristas y, la sociedad argentina, con sus impuestos, le paga su sueldo. Desde allí planea las líneas de acción para boicotear desde adentro las acciones del Estado. El gobierno, en lugar de defender a los ciudadanos de los delincuentes, les da trabajo a los delincuentes.

Si esta cuestión no se toma en serio, si el gobierno va a continuar siendo parte de la avanzada terrorista que ha tomado el verso “mapuche” como excusa para tocar una fibra supuestamente sensible del típico  “buenismo” idiota y cómplice, cuando nos queramos acordar, tendremos el malón en las arenas del Atlántico.

Es tal la ferocidad fascista del kirchnerismo que no mide ninguna consecuencia con tal de sumar a su tropa toda fuerza que pueda ayudarlo a destruir el sistema de vida ideado por la Constitución.

La Campaña del Desierto fue, justamente, el producto de una decisión de un gobierno resuelto a hacer cumplir esa Constitución y las leyes argentinas en el territorio nacional y a echar del territorio nacional a cualquier fuerza invasora y asesina de argentinos, sean estos originarios de nuestro suelo o europeos.

Este gobierno que el país padece actualmente no tiene esa resolución. No es que estimule la secesión de la Argentina a manos de una supuesta “Nación Mapuche”. Si entendieran el problema no creo que se mostraran partidarios de apoyar a alguien que les dispute el poder absoluto que aspiran tener sobre este país.

Lo que ocurre es que la furia que tienen contra el modelo social constitucional los lleva a asociarse con todos los que, por distintas causas, comparten el mismo objetivo: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, es la troglodita ecuación que razona el kirchnerismo.

Por eso reclutan a cualquiera que levante una bandera anticonstitucional, antirrepublicana, antiliberal y antioccidental. Este comando terrorista que en el sur opera bajo el nombre de RAM, está matando gente, aniquilando patrimonio público y privado argentino, acechando poblaciones civiles enteras… Y el gobierno no hace nada.

O, más bien, los ayuda, como fue el caso de la impresentable ministra de seguridad Sabrina Frederic que mandó a investigar a los vecinos que denuncian los actos terroristas en lugar de perseguir a los terroristas; o de otro caradura -como el diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner- que impulsó la ley del fuego condenando a los propietarios de campos o terrenos incendiados a no poder disponer de su propiedad por entre 30 y 60 años, restringiendo los derechos civiles de los legítimos dueños en lugar de ir a buscar a quienes queman los bosques y los campos ajenos.

El odio que el kirchnerismo tiene por el formato social diseñado en la Constitución es tan ciego que no alcanza a percibir el peligro que hoy financia y encubre. Si los hechos continúan evolucionando cómo han evolucionado hasta ahora no sería extraño que en un futuro, el kirchnerismo deba dirimir el territorio de una Argentina devastada por sus políticas con los propios terroristas a los cuales hoy les da trabajo y apaña.

Mientras, más y más argentinos están viendo como pierden sus casas, sus campos, sus propiedades, el lugar en donde siempre vivieron, porque un conjunto de facinerosos y delincuentes se ha propuesto quedarse con una porción del territorio argentino.

Además de ser la calamidad moderna más destructiva de los últimos cincuenta años, el kirchnerismo también cargará sobre sus espaldas la culpa de haber encubierto y apañado a quienes llegaron para quedarse con lo que nos pertenece.