La puesta sobre la mesa del proyecto de modernización laboral viralizó la difusión de casos de abusos completos -desde los más variados sectores de la actividad productiva- por los que reclamos sin ninguna sustancia desembocaron en sentencias que mandaban a pagar cifras exorbitantes que, en muchos casos pusieron en peligro la continuidad económica de empresas enteras o, en otros, las hicieron directamente desaparecer.

Se conocieron casos de empleados a los que se despidió luego de que filmaciones claras los mostraban robando mercadería del lugar de trabajo; casos insólitos de accidentes de trabajo en donde los reclamos escalaban a peticiones ridículas que llevaban un simple esguince de tobillo (muchas veces ni siquiera provocado en ocasión del trabajo) a ser la causa de poco menos que un infarto de miocardio. Y así la lista de sin sentidos que podría continuar hasta el infinito.

Cifras que, aplicando las disposiciones de la ley en condiciones de buena fe, no podrían haber superado unos miles de pesos se transforman en cifras millonarias que tornan impagable las sentencias o que, incluso, significan la muerte de la fuente de trabajo para los demás empleados y la propiedad del negocio para su dueño.

Es obvio que la primera causa de este completo enviciamiento de lo que en algún momento pudo haber sido la idea de brindar cierta protección al trabajador, es la económica. La posibilidad de hacerse de unos cuantos millones inventando enfermedades, accidentes, o tergiversando las causas reales de un despido (como el caso de los videos de robos hechos y derechos que deberían ser, largamente, una causal justificada de despido pero que sin embargo han dado lugar a acciones en donde el ladrón se da por injustamente despedido, inicia un juicio y lo gana con sentencias que condenan a la empresa víctima del robo a pagarle al ladrón millones de pesos) se convirtió en una zanahoria demasiado tentadora como para no intentar comerla.

¿Quién ha hecho posible que naciera la tentación? Pues la combinación de dos actores que deberían ser los primeros guardianes de la aplicación justa de la ley pero que, en realidad, se convirtieron en los caranchos que viven de la carroña.

Me refiero a los jueces del fuero del trabajo y a los abogados laboralistas, principalmente. Y digo “principalmente” porque también hay una larga lista de ladrones secundarios compuesta de peritos médicos, contables, seguidos de un interminable “etcétera”.

Esta verdadera mafia encontró -en las entrañas de una legislación que fue el producto de una concepción que tiene en la lucha de clases su corazón principal- el mecanismo perfecto para poner en funcionamiento una temible maquinaria de extorsión, engaño y robo.

El rencor peronista hacia los “propietarios” (no olvidemos que el peronismo es un producto barato del fascismo y éste es, a su vez, una derivación del colectivismo socialista) llevó a la instauración de un regimen legal persecutorio de la propiedad privada bajo la pantalla de la “igualdad”. 

Como el peronismo nunca se presentó a cara descubierta como un claro movimiento confiscatorio (más allá de las obvias evidencias que van desde su marchita hasta sus verdaderas acciones) camufló detrás de lo que presentaba como “derechos del trabajador” lo que era una verdadera avanzada clasista contra el capital.

Para ello instauró un regimen legal completamente desequilibrado y lo apuntaló con la creación de un fuero judicial completo encargado de aplicarlo. Ese fuero fue, desde su origen, totalmente parcial y negador de la equidistancia entre las partes, mostrando una descarada preferencia por los trabajadores en relación de dependencia.

Sobre ese escenario -ya desbalanceado desde el principio por razones puramente ideológicas- se montó un escenario de “conveniencias” cuando los abogados y los jueces comenzaron a descubrir un filón para hacerse millonarios. Se generó lo que se conoció como la “industria del juicio” en la que, pese a su obviedad, siguieron operando miles de actores que tergiversaron un esquema, que ya era de por sí parcial, para convertirlo directamente en una maquinaria de extorsión.

Luego, en los 2000, llegó el kirchnerismo con los Recalde y los Moyano que colonizaron la justicia laboral directamente con militantes para convertirla en un cadalso de propietarios por razones ideológicas y económicas.

Hoy en día si no hay por detrás una organización empresaria gigante capaz de no tambalear por la existencia de uno de estos juicios inventados, las posibilidades de que un emprendimiento individual, familiar o de un grupo de amigos con una idea, prospere son muy cercanas a cero, toda vez que todos ellos tendrán sobre sus cabezas la espada de Damocles que implica el mero hecho de tomar a un dependiente.

Es de la mayor urgencia, para mi modo de ver, que el camino reformador que ha iniciado la administración del presidente Milei contemple en un futuro cercano dos o tres reformas adicionales a la que se está discutiendo en el Senado ahora.

Una de ellas es el estudio serio de la continuidad del fuero laboral. Tal como está constituido y bajo las directrices con que fue concebido ese fuero en 1947, es cualquier cosa menos una justicia imparcial y equidistante. No hay venda en los ojos de la Dama de la Justicia en los tribunales del trabajo: hay un “juicio” condenatorio ANTES de que las actuaciones comiencen. Un “prejuicio”.

Mientras esa anomalía central no sea removida las chances de poner en caja el completo desequilibrio que existe hoy en el mercado laboral será de muy difícil solución.

En segundo lugar, otra generación de reformas debería contemplar la imposición de severas multas pecuniarias a los abogados que litiguen temerariamente. La multa por temeridad en las exigencias debería castigar a los profesionales que las reclamen con el pago de 5 veces la suma reclamada temerariamente. Es decir, verificada la exorbitancia el abogado que la planteó debería pagar el monto que reclamó temerariamente multiplicado por cinco.

Otra cuestión que debería estudiarse seriamente es el alcance de lo que podríamos llamar “ultra actividad de la ley”. Si bien es obvio que un acuerdo privado obtenido bajo presión no puede ser oponible a la parte que fue víctima de la presión y que esa parte siempre podrá reclamar lo que le corresponde por ley, cuando se verifique la existencia de acuerdo final, justo y honesto en el que las dos partes coincidieron, ese acuerdo debería cerrar el conflicto abrogando la vía judicial para ambas partes, o bien terminar ipso facto la pretension de iniciar un juicio cuando la parte demandada presente suficiente evidencia de la aceptación por parte de la parte actora de un acuerdo privado (limpio, justo y honesto) previo. Un trámite que no demore más de 24hs y que desaliente el inicio de procesos infundados.

El nivel de indignación que causa el hecho de que personas que incluso desde el inicio no tendrían derecho a nada (porque han robado, han mentido o simplemente no han cumplido con su trabajo) hacen juicio reclamando millones luego de que, privadamente, aceptaron un arreglo por el que ya se llevaron dinero más que suficiente pese a sus faltas graves, es francamente desolador.

El verdadero milagro argentino es que aun en las presentes condiciones de injusticia (aunque la origina palabra “injusticia” ya va quedando chica frente a los agravios comprobados) siga habiendo gente con ganas de hacer algo, de desarrollar una idea o de emprender un negocio: tenés que tener un sueño muy grande y una pelotas gigantes para tirarte a esa pileta sin agua.

Es muy de fondo lo que está en juego en la Argentina. No es una mera “reforma” o “modernización” laboral: es el intento de reemplazar una concepción clasista de la existencia que parte de la lucha de clases como principio orientador, por otra que parte de la idea de que, sin respeto y sin justicia imparcial para aquellos que tienen ocurrencias que pueden cambiar un futuro gris por otro multicolor, no habrá horizonte brillante para la Argentina, no habrá un futuro en donde dejemos de morder el polvo de la escasez para aspirar a vivir en la miel de la abundancia: solo habrá un paupérrimo puerto de miserias.