Una vieja ironía sin tiempo se ha convertido, por el moderno imperio de los memes, en un renovado recuerdo que, con toda su acidez, recorre hoy las redes sociales sin mención a lo político pero que, en la Argentina, tranquilamente se la podría aplicar a los dirigentes que se hallan en la mismísima cúspide de la pirámide del poder.

“Cuando todo lo demás falle, lea las instrucciones”, dice la irónica tomadura de pelo a aquellos que empecinadamente tratan de poner en funcionamiento todo tipo de aparato sin leer antes cómo funciona.

Las Constituciones de los países son, en alguna medida, un gran manual de instrucciones sobre cómo debe funcionar el país, en especial su gobierno.

El inconmensurable fracaso argentino ha tratado de ser explicado de mil maneras diferentes: desde el lado económico, desde análisis sociales o demográficos, desde estudios históricos. Todo falló. 

Algunos de esos intentos son (y fueron) muy sofisticados y profundos, tratando de interconectar las distintas causas que se han confabulado para producir  el fracaso.

Pero quizás todo sea más fácil de explicar si se “leen las instrucciones”.

En efecto, quizás el estrepitoso fracaso argentino se explique porque el país se apartó completamente de lo dispuesto en su propia Constitución para organizar su funcionamiento.

Ese apartamiento fue gradual y progresivo, pero nunca cesó. 

Desde el primer golpe de Estado, la sociedad inició un viaje hacia un convencimiento que hoy se ha hecho carne en una parte muy importante de la ciudadanía, bombardeada en ese sentido, claro está, por una dirigencia política a la que le conviene esa monumental confusión.

Que esa anomalía haya comenzado lentamente con la primera interrupción militar de la continuidad constitucional, lejos de lo que pudiera parecer, no es para nada ni casual ni contradictoria.

La anormalidad de la cual, en mi opinión, se deriva la enorme decadencia argentina, tiene que ver con la rebelión que los gobiernos y una parte importante de la sociedad le han planteado al principio constitucional de control judicial del poder político.

En efecto, la sociedad argentina ha sido lentamente convencida (en especial a partir de la aparición política del peronismo) de que lo que hagan aquellos que sean votados por la “voluntad popular” no puede ser revisado ni mucho menos anulado por lo que disponga un juez.

Se ha llevado a las profundidades del pensamiento colectivo un mantra según el cual solo se es una democracia si lo que se respeta es lo que hacen aquellos elegidos por una mayoría circunstancial.

Lamentablemente, hoy, millones de argentinos están convencidos que la democracia sólo consiste en obedecer lo que disponen los que fueron votados por una mayoría.

Por eso decía que no es contradictorio que ese alejamiento de lo que expresamente instruye la Constitución haya comenzado con la primera ruptura de la continuidad institucional por un golpe militar, porque esa altanería del que pretende mandar sin límites es característicamente militar.

La vicepresidente Kirchner dio, en el sentido de esa ignorancia, una clase magistral el viernes pasado cuando claramente insinuó eso: que un gobierno elegido por la “voluntad popular” no puede estar sujeto a la vigilancia de un poder no elegido y, mucho menos, constituir una asociación ilícita.

Está claro que en esto último hay una manipulación maliciosa de lo que se está tramitando ante el tribunal: allí no se dice que un gobierno (el suyo) fue una asociación ilícita: eso es un sofisma solo sostenible por alguien que quiere desviar demagógicamente el centro de atención de lo que se está discutiendo.

Lo que los fiscales Luciani y Mola demostraron es que dentro del gobierno de los Kirchner funcionó una asociación ilícita compuesta por el matrimonio presidencial y por otros funcionarios de su administración, pero eso de ninguna manera autoriza a decir que los fiscales digan que el gobierno entero fue una asociación ilícita.

Al revés, sostener que por el solo hecho de ser funcionario de un gobierno elegido no se pueden cometer crímenes, sería poner a la casta política por encima de la ley y encontrar en las elecciones un salvoconducto para eludir la aplicación del Código Penal.

Si la vicepresidente (y la parte de la sociedad que la acompaña en este desvarío) se limitarán a leer lo que dicen “las instrucciones” de gobierno, no se estaría viviendo nada de todo este delirio y, probablemente, si toda esta inconstitucionalidad no se hubiera instalado subrepticiamente en el inconsciente colectivo hace tanto tiempo, el país tampoco habría caído en semejante decadencia.

Por eso mismo, y a contrario sensu, la solución a los problemas del país quizás sea más simple de lo que se piensa: señores fascistas la “voluntad popular” no significa nada en tanto los elegidos por ella cometan delitos o desconozcan los derechos individuales; que ustedes sean elegidos por una mayoría circunstancial (es decir de un momento, no eterna, no de siempre) no los pone por encima del sistema de control que nos escudriña a todos: al contrario ustedes van a ser los primeros controlados.

Paren ya con la cantinela de la democracia aluvional que termina todas las discusiones preguntando quién ganó. Ganar no constituye, según “las instrucciones” constitucionales ninguna presunción a su favor. No solo pueden cometer delitos como cualquiera, sino que sus posiciones en el Estado hasta se los pueden facilitar. 

Los poderes elegidos popularmente están sujetos al control constitucional justamente por ser elegidos popularmente: como los resultados de esas elecciones nunca son unánimes los que pierden deben disponer de algún mecanismo que los defienda frente a la posibilidad de que sus derechos sean avasallados por los que ganaron. Y la sociedad toda (incluso los individuos que votaron a los que ganaron) debe tener algún mecanismo para defender el Tesoro Público (integrado por las contribuciones de todos los ciudadanos) cuando este es asaltado aprovechando los privilegios que da el sentarse en los sillones del Estado.

Si esas “instrucciones” se hubieran respetado quizás la rampante corrupción que corroyó las raíces mismas de la convivencia no se habría producido y quizás, tampoco, las libertades individuales de los argentinos (que fueron asfixiadas por el estatismo megalómano de los que ganaron) se hubieran restringido. Tal vez con ellas en plena vigencia el progreso y el avance hacia la modernidad también se habrían salvado.

Si se entendiera que “las instrucciones” indican que nuestro sistema es un poquito más sofisticado que un mero votar para entregarle todo el poder a quien gana como si aquí reinará Mussolini, y que en realidad lo que gobierna es un sopesado sistema de poderes y contrapoderes que fueron diseñados para proteger los derechos de los habitantes, tal vez todo este circo de ignorancias vacías no existiría.

El 17 de junio de 1972 un grupo de agentes de inteligencia del gobierno de Richard Nixon en EEUU organizados por un conjunto de hombres del presidente (y con conocimiento de éste) violó la sede del partido Demócrata en Washington para poner micrófonos que permitieran escuchar sus conversaciones.

Un vigilante los descubrió y con ello se puso en marcha una investigación que incluyó al FBI, a la prensa y a la Justicia y que terminó con la presidencia de quien había sido elegido por la “voluntad popular”. Nixon no dijo “a mi no me pueden acusar porque a mi me eligió el pueblo y a mi la ley no se me puede aplicar”. No: rendido ante la evidencia renunció y quienes habían pergeñando el plan fueron condenados. Así funciona la democracia limitada por los contornos de la ley.

De modo que lo mejor que podría hacer la vicepresidente, en lugar de  seguir con su pasmosa ignorancia, es “leer las instrucciones”. Y no solo eso, sino ser la primera en someterse a ellas.