Carlos Mira, The Post , Editorial
La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC no es un gesto administrativo ni un recambio rutinario. Tampoco puede leerse como una consecuencia tardía del cambio de signo político. Ocurre después de dos años de gobierno de Javier Milei, cuando el ajuste ya fue ejecutado, los costos sociales ya se pagaron y la inflación empieza a mostrar señales de desaceleración. Justamente por eso, la decisión importa.
Lavagna atravesó el tramo más áspero de la gestión: el shock inicial, la corrección brutal de precios relativos, la liberalización de tarifas y meses de inflación en niveles socialmente asfixiantes. No fue un funcionario heredado por inercia ni un técnico tolerado a la espera de un reemplazo. Fue parte funcional de una estrategia política concreta: sostener la credibilidad del principal indicador económico cuando el Gobierno más la necesitaba.
Su continuidad, pese a provenir del gobierno anterior y no responder al oficialismo, cumplió un rol preciso. Operó como una garantía externa, un límite implícito frente a cualquier sospecha de manipulación. Para buena parte de la sociedad —y también para analistas, inversores y organismos internacionales— la presencia de Lavagna permitía separar el ajuste del relato: el número podía doler, pero no parecía dibujado.
Por eso, la pregunta relevante no es por qué se va, sino por qué el Gobierno decide prescindir ahora de ese activo simbólico.
La salida se produce cuando el Índice de Precios al Consumidor deja de ser un dato relativamente lineal y se vuelve metodológicamente más sofisticado y políticamente más sensible. Durante la gestión de Lavagna se profundizó la actualización de la canasta: mayor peso de los servicios, incorporación sistemática de consumos digitales —plataformas, suscripciones, comercio electrónico— y una presencia más explícita de las tarifas públicas de utilities como electricidad, gas, agua y transporte.
Desde el punto de vista técnico, el cambio es difícil de cuestionar. Refleja mejor cómo consumen hoy los hogares. Desde el punto de vista político, concentra tensiones. Los servicios ajustan de manera persistente, las tarifas dependen directamente de decisiones del Ejecutivo y los precios digitales son menos visibles para el seguimiento cotidiano del ciudadano. El índice gana precisión, pero pierde simpleza. Y cuando eso ocurre, la figura que lo conduce se vuelve tan relevante como la fórmula que lo calcula.
Con Lavagna al frente, el Gobierno compartía el costo de explicar un IPC más complejo. Sin Lavagna, ese costo queda plenamente concentrado. La metodología permanece, pero el paraguas político se cierra.
El impacto inmediato de la decisión no se mide en décimas del índice, sino en confianza. En la Argentina, la discusión pública rara vez pasa por ponderaciones estadísticas. Pasa por quién firma el número. La permanencia de un funcionario proveniente del ciclo anterior funcionaba como una señal de continuidad institucional en un país donde las estadísticas oficiales cargan con una historia pesada.
Conviene, además, ordenar el debate y marcar responsabilidades. El kirchnerismo no tiene autoridad política ni técnica para presentarse como guardián de la credibilidad estadística. A partir de 2007, el INDEC fue intervenido, degradado y utilizado como herramienta de manipulación sistemática, destruyendo la confianza en los datos públicos. El daño fue concreto y medible: la distorsión deliberada de las cifras de inflación y crecimiento terminó afectando incluso la cotización de los bonos atados al PBI, un instrumento creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que perdió valor justamente porque el Estado falseaba el crecimiento que debía certificar. Ese antecedente explica por qué, aún hoy, cualquier movimiento en el organismo dispara sospechas.
Después de dos años de gestión, el Gobierno decidió quedarse solo al frente del organismo que mide el dato económico más sensible del país. La salida de Lavagna no cambia el índice, pero cambia el marco en el que ese índice será leído. A partir de ahora, cada número será plenamente propio. En la Argentina, eso no es solo una responsabilidad técnica: es una apuesta política de alto riesgo.
