La denuncia del fiscal Alberto Nisman, que mandaba iniciar una investigación para ver si era correcta su tesis de que la ex presidente Fernández y el ex canciller Timerman lideraron una banda integrada a su vez por otras personas adherentes al gobierno K para encubrir a los asesinos de la AMIA, debe ser reabierta.
Es más, no se entiende cómo, alguna vez, dos instancias judiciales sucesivas mandaron archivarla sin siquiera producir, al menos por curiosidad judicial, una sola de las más de 50 medidas de prueba que fueron solicitadas por los fiscales intervinientes, entre ellos el propio asesinado.
Rafecas y todos los jueces de la Sala I de la Cámara Federal le deben a la sociedad una seria explicación de por qué decidieron lo que decidieron. Como es muy posible que no puedan darla, todos deberían ir a parar a la calle.
Más de novecientas horas de escuchas telefónicas –de las cuales solo se conocieron públicamente algunos minutos- con implicaciones muy serias y de las que se desprendía, sin hacer demasiado esfuerzo investigativo, el plan para remover a Irán de la principal lista de sospechosos, fueron olímpicamente ignoradas por la Justicia. Ese solo hecho resulta de por sí injustificable.
A eso se le suma nada más y nada menos que la muerte del fiscal que impulsaba la investigación: una simple cuestión de sentido común hubiera llevado a cualquiera que tuviera bien puestos los pantalones de juez a investigar los que el fiscal muerto denunciaba.
Tan solo 24hs antes de presentarse ante el Congreso para revelar detalles que tal vez solo él conocía, Nisman apareció en el baño de su casa con un tiro en la cabeza.
La investigación de su muerte fue un desastre de pies a cabeza. La escena del crimen fue contaminada y arruinada a propósito. Las autoridades judiciales se dejaron influir por las autoridades políticas, empezando por el jefe de seguridad de la principal imputada en la denuncia del muerto. Y la fiscal investigadora tenía más ganas de irse a su casa que llegar a la verdad.
Tanto la DAIA como el fiscal Germán Moldes iniciarán dos acciones para intentar revivir la denuncia de Nisman. La primera para presentarse como querellante del expediente y el segundo pidiendo la nulidad del fallo de la Sala I de la Cámara que mandó archivar las actuaciones.
Las alertas rojas de Interpol contra los acusados originales iraníes siguen en vigencia, lo cual torna aún más desopilante el archivo de la denuncia que señalaba a un conjunto de argentinos como desarrollando actividades desde el Estado para encubrirlos.
Lo compatible entre una situación y otra es que el país que tiene firmes esos pedidos internacionales y que sospecha que alguien intentó encubrir a esas mismas personas, al menos intente averiguar si dicha sospecha es cierta. Lo único que no puede hacer ese país es recibir la sospecha y desestimarla in limine, como lo hicieron Rafecas y la Sala I.
La infiltración kirchnerista en la Justicia, que tiene por objetivo obstaculizar las investigaciones que tengan por objeto traer claridad a los oscuros manejos del gobierno K en todos los órdenes de la vida argentina, debe ser tomada muy seriamente y encararse con la mayor celeridad, poniendo en funcionamiento todos los resortes constitucionales posibles para desbaratarla.
Una de esas acciones es estudiar seriamente la remoción de Alejandra Gils Carbó como Prouradora General. El gobierno no debería desestimar ningún acuerdo político con la oposición en el Congreso para aislar allí al fanatismo K y acercarse a los dos tercios de ambas cámaras para organizar el juicio político y destituirla.
Ella gobierna la acción del Ministerio Público en todo el país. Con un zorro en el gallinero de ese porte y de esa jerarquía es muy posible que el cuerpo de fiscales no investigue lo que tiene que investigar o que, aquellos que sí lo decidan, no cuenten con el apoyo necesario para avanzar con fuerza expeditiva en su tarea de vindicta pública.
Muchos no tienen dudas acerca de las tareas de encubrimiento que llevaron adelante Fernández y Timerman para hacer zafar a Iran de las acusaciones por la AMIA y llevar el centro de la investigación hacia Siria. Solo en ese marco son compatibles las negociaciones en secreto por el Memorandum, su firma en las sombras de Aleppo y sus divagantes disposiciones.
Ojalá la muerte de Nisman no haya sido en vano y su trabajo reviva con la esperanza de saber hasta donde llegó la inescrupulosidad y el delirio de poder K. Lamentablemente muchas verdades que el fiscal conocía no podrán recuperarse: quedaron en la misma cabeza que le destrozó el disparo. Pero aun así será edificante saber la verdad y ver en la calle a los que irresponsablemente usaron sus sillones judiciales para mantener a los argentinos en la oscuridad de la ceguera.