Que la principal comisión de diputados que se encarga de gestionar el presupuesto que envía cada año el poder ejecutivo esté en manos de un comunista explica muchas cosas de la Argentina.

En primer lugar explica que, ese panfleto, no es otra cosa más que un dibujo tendiente a disimular el mantenimiento de una estructura de poder privilegiada que, al contrario de lo que vocifera en las calles, es el mecanismo por el cual se crea una nueva nobleza que accede a toda clase de beneficios desiguales, pagada por una sociedad esclava que se debate en una miseria igualitariamente repartida.

Eso, y no otra cosa, es el comunismo y eso, y no otra cosa, es aquello en lo que la Argentina se convirtió al permitir que los jerarcas de esas ideas (camuflados en el siempre “amplio” peronismo) llegaran a ocupar las posiciones más trascendentes de las decisiones nacionales.

El comunismo (escondido en el ávido peronismo) convirtió a la Argentina en un páramo mísero gobernado por una casta millonaria integrada por jerarcas como Heller a la cabeza.

Heller (que construyó una pantalla “cooperativa” para que su banco no pague impuestos y que deja su lugar de trabajo para ir a ver a Boca) fue el ariete con el que Cristina Kirchner pretendió abalanzarse sobre la Justicia por otro camino alternativo: el de meterse en los bolsillos de aquellos que la tienen que juzgar.

La vicepresidente había ideado un estrambótico artículo que pretendía crear una regla general permanente utilizando una ley que, por definición, es solo transitoria: un verdadero zafarrancho.

Echar mano de la ley de presupuesto -que solo dura un año- para generar una legislación que elimine para siempre una exención en el ingreso de los jueces, configura un “ejemplo de facultad” de lo que los constituyentes quisieron evitar consagrando el principio de la intangibilidad del ingreso de los magistrados en la Constitución.

En efecto, si un profesor de Derecho Constitucional quisiera ejemplificar ese principio a sus alumnos podría valerse de lo que quiso hacer la vicepresidente en este caso: un poder político, queriéndose valer de un artilugio claramente ilegal para toquetear el ingreso de los magistrados.

Muchas veces desde estas columnas defendimos la idea de que los jueces debían pagar los impuestos cuando ellos deriven de una legislación general aplicable a toda la población y que no sea “inventada” exclusivamente para ellos.

La ley del impuesto a las ganancias (atacable constitucionalmente por otros motivos, pero dictada para todos los argentinos) es una ley genérica, no aprobada específicamente para impactar sobre el ingreso de los jueces. En ese caso, no se estaría configurando un caso de ataque al principio de intangibilidad de los salarios judiciales justamente porque la ley es general y no específicamente pensada para perjudicar a los jueces.

Pero, al revés, un intento de terminar con esa excepción usando una ley transitoria como la del presupuesto, sin generar un debate abierto y sincero sobre la cuestión y en un contexto de clara animadversión de este gobierno encabezado por Cristina Kirchner hacia la Justicia (que la tiene sentada el banquillo de los acusados) configura un claro y grotesco intento de perjudicar a los jueces.

En ese marco resultó francamente inconcebible cómo la Asociación de Magistrados pidió o aceptó (no quedó muy claro finalmente quien solicitó y quien aceptó) una reunión con la vicepresidente para “conversar” sobre el tema. La reunión fue luego suspendida (a pedido de la Asociación) pero aun así resulta impensable que la mera posibilidad de haberse reunido haya existido.

La Asociación de Magistrados representa a todos los jueces del país, incluidos los que están juzgando en varios procesos a la vicepresidente. Admitir que la acusada tiene poder para regular el ingreso de quienes la juzgan seria convalidar lo que la Constitución quiso evitar y lo que el sentido común repele. En ese sentido, resulta llamativo que, aunque sea por 24hs, esa reunión hubiera estado firme y con hora de celebración para el mediodía de hoy.

El oficialismo finalmente no puedo lograr la aprobación de ese artículo; de ese adefesio, en realidad. Pero la arremetida de la vicepresidente y del comunista Heller -que presta sus servicios cada vez que la jerarquía que integra lo llama para defender sus privilegios- contra los jueces no cesará.

(Es justo aclarar aquí que el bloque comunista de diputados votó en contra del artículo. Pero no por defender a los jueces o los principios constitucionales (cuya vigencia son los primeros en querer destruir) sino porque desde hace años los empleados judiciales están asimilados a los jueces desde el punto de vista de la normativa que los alcanza con lo que, si se aprobaba la desaparición de la exención, esos empleados iban a tener que pagar el impuesto también).

Es imperioso que la cuestión del estipendio judicial quede clara y sin discusiones: el ingreso de los jueces no puede ser “toqueteado” por los poderes políticos para, de ese modo, presionarlos (precisamente lo que estaba ocurriendo con esta iniciativa cristinocomunista).

Pero también es cierto que la condición de juez no es suficiente para sortear la vigencia del artículo 16 de la Constitución que establece la igualdad ante la ley y que supone la aplicación general de las leyes.

La ley de impuesto a las ganancias debería ser derogada porque los impuestos directos federales solo pueden ser temporarios y no permanentes (como en realidad es Ganancias, solo que con la “trampita” de la “renovación” lo han transformado en permanente desde 1932). Pero mientras exista, su aplicación debería ser genérica sin más exenciones que las que se establezcan por niveles de ingreso y no por “categoría” de trabajadores.

Ahora bien, todo proyecto que establezca que los jueces deben pagar Ganancias, debe ser presentado, discutido y aprobado en un marco completamente ausente de sospechas de que eso se está haciendo para presionar a los jueces. De lo contrario, como habría ocurrido en esta oportunidad, estaríamos frente al más flagrante caso de lo que los constituyentes quisieron evitar.