El gobierno ha presentado un pacto fiscal con las provincias que es un perfecto plan de lo que no hay que hacer si lo que se quiere es crecer y empezar a solucionar los problemas de los argentinos.

Básicamente lo que Alberto Fernández y el ministro Guzmán han hecho es repartir patentes de corso a las provincias para que se lancen a una desenfrenada carrera de aumento impositivo contra sus ciudadanos, dándoles, además, sugerencias al respecto, por si los gobernadores se encontraran en el brete de no tener ideas para gravar actividades.

En ese sentido, con toda ligereza y en un acto más de lo que supone es otra mano de bleque al odio de clases, sugirió la implantación de un impuesto a la herencia.

Es tan poco el pulimento que esta gente tiene de su pobre mentalidad que creen que ese es un disparo contra los ricos cuyos herederos deberán pagar fortunas cuando los mayores mueran. Viven en un caldo de odio: los ricos manejan instrumentos de sofisticación financiera a los que la clase media no accede. Seguramente ellos pondrán a salvo el acervo hereditario en un fideicomiso que incluya a los hijos para eludir -legalmente- el alcance del impuesto, con lo que éste, en realidad, impactará sobre la ya golpeada clase media que volverá a ser, de ese modo, una vez más la víctima preferida del leviatán peronista.

Nada de lo que está detrás de este “consenso fiscal” contribuirá al crecimiento y al buen nivel de vida de los argentinos. Al contrario, se trata de un nuevo empellón hacia la profundización de la miseria.

Ya no alcanza con “reformar” el sistema impositivo: el sistema impositivo debe ser sustituido. No se puede “reformar” lo que está mal. Lo que está mal debe ser cambiado por algo que esté bien. La reforma fiscal en la Argentina debería ser salvaje. Una enorme cantidad de impuestos (unos 160 sobre el total de 167 que hay) debe ser eliminada. El gasto financiable con la nueva estructura impositiva no debería superar los 20 puntos del producto. Eso obligaría a bajar el peso del Estado sobre el PIB en más de 25 puntos, unos 100 mil millones de dólares.

Prueba de que el funcionamiento económico no da más es que solo las actividades que operan en negro pueden continuar moviéndose. La economía blanca está detenida, paralizada. La nueva plataforma fiscal debe empezar a contemplar, por ejemplo, los ajustes por inflación hasta que esa anomalía desaparezca de la Argentina. El fisco no puede seguir estafando a los ciudadanos.

En ese sentido no se debería confiar en que un acuerdo con el Fondo traiga la clase de reforma que el país requiere. El FMI va a exigir un presupuesto equilibrado. Pero no obligará a bajar los impuestos, más allá de que sus técnicos, desde la lógica económica, sepan que eso es lo que hay que hacer. El Fondo seguramente avalará un presupuesto que no tenga déficit, aun cuando ello se logre con la continuidad de la suba impositiva. Esta reforma debe salir de las entrañas de una ciudadanía harta de la expoliación.

El país requiere urgentemente de un programa de estabilización y modernización económica que estimule la inversión, la compra de maquinarias, las exportaciones y la renovación de la infraestructura.

Esto requeriría de un amplio consenso, pero no para dar rienda suelta a un jubileo de impuestos al alza, sino para apuntar a un crecimiento sostenido que permita salir por arriba de este laberinto construido por el populismo pobrista del peronismo.

Para ello se precisaría que la oposición organice un plan equilibrado que apunte a generar el apoyo de las dos terceras partes del Congreso. Con una agenda legislativa de esa magnitud se podrían poner en marcha las medidas que destraben el aparato productivo formal. Lejos de perder recaudación, el Estado vería potenciados los ingresos legítimos que a su vez solventarían los gastos razonables que un país como la Argentina puede pagar.

Sin esa base mínima resultará imposible que se genere empleo y que los ingresos medios de la sociedad mejoren. La oposición debería empezar hoy mismo a formular ese plan equilibrado de estabilización y crecimiento que aliente la productividad, el empleo en blanco, la creación de empresas nuevas y la transformación empresarial: de empresas chicas a empresas medianas y de empresas medianas a empresas grandes. El castigo al éxito debe terminar y debe ser reemplazado por el aliento a los que quieren avanzar.

De lo contrario el país se convertirá cada día más en una máquina de inventar nuevas tortuosidades para sobrevivir, tal como el caso de la exigencia de un copago en las prestaciones médicas, un nuevo sablazo a la clase media. Es como si un plan maléfico se hubiera propuesto destruir el más formidable motor social que tienen los países para avanzar.

¿Qué sentido pasaría a tener contar con un seguro médico si cuando necesito una prestación debo hacer un pago adicional para obtenerla?

Pero la idea no surge por generación espontánea. El cúmulo de regulaciones y prohibiciones que afectan a toda la economía, por supuesto, no tiene excepciones para el mercado de la medicina.

La imposibilidad de que allí reine un esquema de precios libres hace que las empresas de medicina prepaga deban apretar los torniquetes de sus prestadores médicos. Estos, llega un momento que no pueden “prestar” (precisamente) sus servicios sin cobrarlos. Eso genera la idea del co-pago.

Si el sistema peronista no tuviera como objetivo asfixiar con prohibiciones y regulaciones la vida que se proponen los argentinos, nada de todos estos sinsentidos existirían.

La postura de la Ciudad de Buenos Aires frente al pacto fiscal ha sido correcta sin dudas. Correcta pero insuficiente. Es más, en gran medida fue motorizada por el hecho de que la firma del pacto implicaba la renuncia de las jurisdicciones estaduales a los reclamos judiciales que pudieran tener contra el gobierno federal.

Como se sabe el GCBA tiene una disputa pendiente de resolución en la Corte por apropiación indebida por parte del gobierno de Fernández de ingresos coparticipables de la Ciudad que en el año 2022 acumularan mas de 130 mil millones de pesos, algo más del 10% del presupuesto completo de la Capital.

Si bien se mira Horacio Rodriguez Larreta pudo enfrentar la decisión fiscal del gobierno porque la ciudad de Buenos Aires cumple en mucha medida con lo que proclama su nombre: es autónoma; vive de los recursos genuinos que generan los ciudadanos que viven en ella. Esos ciudadanos vivirían mejor si el gobierno federal no les robara parte de su esfuerzo. Pero aun así están en una situación de fortaleza.

Las provincias cuyos gobiernos han arruinado las economías de sus regiones dependen en gran medida del capitoste que se siente en los sillones de los presidentes. Ese es otro motivo por el cual el sistema impositivo debe ser implosionado (con la coparticipación federal a la cabeza) para que deje de existir completamente, para que sea borrado de la faz de la Tierra.

Es en esto en lo que debe estar pensando la oposición. En especial los equipos técnicos económicos. Perdón, un momento… ¿Tiene la oposición esos equipos técnicos económicos?

Por Carlos Mira