Otra de las barbaridades que se están gestando en el gobierno y que confirman la idea de que los funcionarios elegidos el 27 de octubre de 2019 están gestionando intereses privados utilizando los sillones públicos y que no se están ocupando de gobernar el país sino usando y manipulando sus instituciones para resolver problemas particulares de sus integrantes, ha sido la idea de constituir un tribunal especial -presuntamente llamado “Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias”- con el evidente objetivo de liberar a la Sra. Fernández de los múltiples problemas que ella enfrenta en la justicia criminal.

La idea fue elaborada por la llamada “Comisión Beraldi”, es decir, el engendro asesor presidido por el abogado de la Sra. Fernández, también constituido al solo efecto de dar una pátina de respaldo doctrinario a lo que no es otra cosa más que una maniobra para intervenir en las instituciones del país para que éstas absuelvan a la Sra. Fernández de sus imputaciones.

En un primer momento se pensó en aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de 5 a 9 (a la manera que lo había hecho Carlos Menem) para llenar esas nuevas cuatro plazas obviamente con militantes judiciales propios y así elaborar sentencias favorables a la Sra. Fernández.

El oficialismo tenía los votos en el Congreso para modificar la ley de constitución del más alto tribunal pero se llegó a la conclusión de que luego no tendría los dos tercios del Senado para consentir los candidatos indicados por la presidencia (en realidad por la Sra. Fernández) para ocupar los nuevos lugares, de modo que la idea se desechó y se llegó a esta otra opción.

Otro de los caminos dejados de lado (pero que había sido considerado y estudiado) fue el de los indultos y la amnistía, no sólo para la vicepresidente sino para una serie de funcionarios del que había sido su gobierno y que no solo están acusados de serios delitos de corrupción sino que en algunos casos fueron condenados. Esto (el hecho de que estas ideas hayan sido materia de consideración hasta que fueron descartadas por mejores opciones) también demuestra que el gobierno no es el gobierno de la Nación Argentina, sino una fuerza de ocupación de sus instituciones que tiene como única meta lograr la absolución de la Sra. Fernández y, eventualmente también, de otros ex funcionarios comprometidos con la justicia penal.

Las encargadas de darle forma a este engendro judicial (que algunos, como el abogado de la Sra. Fernández, Carlos Beraldi, creen, incluso, que podría estar investido de poderes similares a los de la Corte para la interpretación de la Constitución, en una clara movida inconstitucional, toda vez que la Constitución habla de “una” Corte, y no de varias) han sido la ministra de Justicia Marcela Losardo y la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra. El proyecto cuenta, por supuesto, con el apoyo del presidente-lacayo.

La mera idea de crear un tribunal nuevo incrustado entre las cámaras de apelaciones y la Corte pero con atribuciones para recortar las facultades interpretativas de ésta es absolutamente delirante. Mucho más si se pretende hacer intervenir a ese tribunal en procesos ya en curso y que tienen a la Sra. Fernández como acusada principal.

Pero más allá de estas cuestiones de procedimiento (que incluyen la duda de si el oficialismo aun cuando logre aprobar la creación de este engendro tendrá los votos calificados en el Senado para designar los jueces que ocupen sus lugares) lo que queda en evidencia es que el gobierno no tiene la menor preocupación por lo que son los problemas realmente acuciantes del país, de su gente y de su pueblo.

A pesar de que llegó al gobierno a caballo de esas reivindicaciones “populares”, los hechos demuestran que sus principales intereses y preocupaciones están centrados a años luz de esas necesidades y que se focalizan casi exclusivamente en los inconvenientes que una señora tiene con la ley.

Resulta francamente repugnante ver tanta mentira y tanta falsedad: un conjunto de personas queriéndose hacer pasar por sensibles preocupados por “los problemas de la gente”, que señalaron con las más bajas calificaciones en esos terrenos al gobierno anterior, pero que en los hechos no tienen la menor empatía por lo que está pasando en el país y están solo empeñados por salvar a su jefa.

Y ella misma, que se presenta como la capitana de los humildes, demuestra una total desaprensión por las prioridades que deben ser atendidas y, al contrario, solo persigue la declaración formal de su impunidad y la de su familia. Eso es lo único que realmente le importa.

La Argentina está bailando al compás de las preocupaciones de una señora. Las preocupaciones de esa señora han absorbido toda la energía de las instituciones del país que, en lugar de estar dedicando todo su tiempo a ver cómo se sale del marasmo económico que ellos mismos crearon, como se termina con los vergonzantes niveles de pobreza que acechan a la mitad del país y cómo se genera trabajo y buenos salarios para la gente, están diseñando engendros para liberar de la cárcel a alguien que ha defecado sobre las ilusiones de millones y ha enfocado su gobierno solo a robar cantidades industriales de dinero que han drenado los bolsillos de los argentinos.

Toda esta locura debe ser detenida. El gobierno ha sido elegido para gobernar el país y no para ser un instrumento de liberación para un ciudadano. Se llenó la boca con una demagogia que terminó convencido a un conjunto de fanáticos de que, una vez instalado en el poder, la felicidad descendería de los cielos. Es hora de que se olvide de ser una guarida para delincuentes y se le ocurra alguna idea para torcer el rumbo de colisión que lleva la Argentina.