A propósito del comienzo de la campaña política para las primarias del 13 de agosto y de la apabullante aparición de spots televisivos y radiales para los partidos políticos, surgen varios comentarios al respecto.

En primer lugar la toma de conciencia que hace uno de la cantidad de sellos de goma que hay dando vueltas, armados al solo efecto de cobrar dinero del Estado –es decir de todos nosotros- y llevarse un pequeño botín sin trabajar.

Agrupaciones completamente ignotas, que ni siquiera han aparecido en los medios periodísticos produciendo al menos UNA noticia y que de repente, como el Ave Fénix, surgen de la nada, llenando el espacio de compañías privadas –como son las estaciones de radio y tv- que deben cederlo sin chistar.

¿Dónde estaba toda esa gente?, ¿de dónde salió, así, de repente? Resulta francamente burdo el mecanismo armado para que un conjunto de vivos alcance esa especie de sueño nacional que es tener un “currito” que te haga zafar al menos por tiempo.

En segundo lugar, lo que decíamos recién respecto de la obligación que recae sobre compañías privadas, sobre personajes jurídicas del derecho privado de entregar el 10% de su activo más valioso –el aire- a estas agrupaciones para que los señores nos inunden con sus mensajes, en su mayoría de mal gusto, y sin poder negarse a darlo.

¿En que se funda el derecho del Estado a estatizar durante dos meses cada dos años el 10% de todo el aire comercial del país para entregarlo “gratuitamente” a estos impresentables?

Y pongo de modo deliberado la palabra “gratuitamente” entre comillas porque aquí nada es gratis. Ese aire lo están pagando las emisoras que ponen a disposición un activo que el Estado obligatoriamente les hace entregar sin derecho a denegatoria.

Los partidos políticos son asociaciones de civiles que creen que comparten un conjunto de ideas con las cuales se puede gobernar el país, ideas que consideran mejores que las de otras asociaciones similares y que, como tales, salen a ofrecerse a la sociedad para que ésta considera la posibilidad de votarlos.

Como todo emprendimiento privado –los partidos son personas jurídicas “privadas”- estas asociaciones deben prever cuál es su costo de funcionamiento, dentro del cual, evidentemente, el costo de la comunicación de su mensaje debe ocupar uno de los primeros ítems.

Resulta completamente irrelevante el hecho de que estas agrupaciones se formen con el objetivo de gobernar los destinos del país. Eso no las convierte en nada más ni en nada mejor que cualquier otra asociación civil del derecho privado. El hecho de que ellos se hayan constituido para ser una opción de gobierno no puede justificar el acto compulsivo de salir a robar (con el aval estatal) activos a otras personas jurídicas que, frente a la ley, son iguales que ellos.

Se necesita urgentemente una ley que regule el accionar y las funciones de los partidos y que claramente deje consignado que por ser “políticas” esas agrupaciones no tienen ningún privilegio respecto de otras personas jurídicas del derecho privado y que, al contrario, comparten con ellas la obligación de respetar y de regirse por las mismas leyes.

Esto de que un conjunto de vivos encuentre la “veta” para chupar dinero ajeno que no tiene una contraprestación clara, no puede seguir ocurriendo en la Argentina. Porque la panacea de vivir sin laburar seguramente es una meta perseguida por muchos; pero de allí a que el Estado la apañe haciendo posible que una banda de impresentables finalmente lo consiga a costa del dinero de los demás hay un largo trecho.

Si un conjunto de argentinos comparte una serie de ideales que supone que si gobernaran el país a todos nos iría mejor, seguramente debe tener derecho a que nadie le censure sus dichos. Pero de allí a que por la intervención del Estado una ley claramente inconstitucional pase a convertir en obligatorio el hecho de escucharlos, también hay un largo trecho.

Hasta donde sé, en el país rige una Constitución que protege el derecho de propiedad de las personas. Las emisoras de radio y televisión pagan por el aire que compran los derechos que el Estado les impone. Cumplido el requisito de ese pago, ellas son las “dueñas” del aire por el que pagaron. Y ese derecho debe ser respetado. Si el derecho de propiedad es conculcado –ese o cualquier otro- no le quedará al país más que un futuro de pobreza y pusilanimidad, porque nadie llega a una tierra donde no sabe si es dueño de lo que tiene y de aquello que cada uno ganó con su trabajo o de lo que cada uno pagó con su dinero.

Si quieren hacer algo útil con esos espacios “cedidos a los partidos políticos” podrían comenzar a difundir ese mensaje: que el derecho de propiedad es sagrado, inviolable e inatacable en la Argentina. Mientras esa simpleza -descubierta por humanidad hace siglos- siga en discusión entre nosotros, podrá haber muchos espacios gratuitos para vivos que viven de los demás, pero la gente que trabaja, la sociedad honesta no tendrá otro destino que la miseria.