El contraste que hay entre las preocupaciones y los severos problemas que el país atraviesa en todo orden (salud, empleo, pobreza, falta de inversión, inseguridad, embrutecimiento, carencia educativa) y las energías que la Argentina está utilizando para dirimir cuestiones que están a años luz de los problemas que acucian al hombre de a pie, es una prueba cabal de cómo entre los intereses de los argentinos y los intereses de la señora Cristina Fernández de Kirchner la dirigencia que gobierna está priorizando los intereses personales de la vicepresidente.

Solo en el conurbano bonaerense el 72.5% de los chicos son pobres. Proyecten eso sobre un escenario de los próximos 20 años de la Argentina: se trata directamente de una africanización del país. Pero, el Congreso está discutiendo los proyectos de ley que le protegen la retaguardia a la comandante.

El país está una una situación sanitaria dramática. No tiene vacunas y los casos de coronavirus crecen día a día. Pero la flor y nata del gobierno presiona para sacar las leyes que dejen contenta a quien ostenta junto a su esposo la despreciable cucarda de ser dos de los presidentes mas corruptos de la historia del país.

Cientos de miles de argentinos se han quedado sin trabajo, otras decenas de miles perdieron sus empresas y negocios (algunos fruto del trabajo familiar de décadas), cientos de miles se han fundido, pero la señora ha dispuesto que su traste solo estará satisfecho cuando doblegue el brazo de la justicia… Entonces medio país institucional corre detrás de sus caprichos para darle el gusto.

Un vértice fundamental de su modelo de dominación consiste en demoler la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Esta institución moldeada en la reforma del ‘94, garantiza la defensa ciudadana frente al Estado. El Procurador General -y con más razón en el sistema acusatorio que se propicia- es una garantía frente al avance del poder.

Su carácter de fiscal ante la Corte le asegura a la sociedad una representación que contrapesa el fenomenal poder del gobierno y del presidente (o de quien de hecho ejerza esas funciones).

La ley que gobierna actualmente su designación fuerza un consenso político para la designación. 

El Procurador, propuesto a instancias del presidente, necesita contar con dos tercios de los votos del Senado para estar confirmado en su cargo. Nadie sin ese consenso político podría acceder.

El kirchnerismo pretende ajustar los números del Estado de Derecho a sus números. Cristina Fernández de Kirchner necesita rebajar la concordia democrática a los sablazos de los números con

los que cuenta, de los números que domina y le responde, en una especie de ajuste de la cabeza al sombrero, antes que del sombrero a la cabeza.

El proyecto que fogonea pretende elegir el Procurador por mayoría simple de senadores. Con esos números cuenta: “pues que esos números sean ley entonces, porque esa es mi voluntad suprema”, parecería decir la faraona.

Es como si la Argentina estuviera escriturada a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y los argentinos hubieran pasado a ser un simple engranaje de su propiedad.

Los intereses y preocupaciones del hombre común que está asfixiado de impuestos, de regulaciones, de trabas, de prohibiciones y de incomodidades cotidianas que van desde lidiar con la inseguridad hasta la falta de trabajo, son solo una cuestión menor cuando se compara esas minucias con los objetivos de impunidad, robo y venganza de la señora Fernández.

Los candidatos cuyos nombres dan vueltas si la comandante llegará a imponer su criterio asustan.

Uno de ellos es Graciana Peñafort,  abogada de la vicepresidente y a cargo de la Dirección Jurídica de Senado, es un esperpento que directamente ignora el funcionamiento institucional de la República y que pretende manejarse como si ya estuviera vigente el que ella pretende instaurar.

El otro es Marcelo Fuentes un senador que considera que el único poder legítimo es el que deriva del voto mayoritario (ni siquiera del voto, porque eso lo obligaría a resolver el problema de las garantías que se le deben ofrecer a las minorías).

Y el tercero es directamente un amanuense, un pelotudo, como la propia Fernández lo llamó, el senador apto para todo servicio, Oscar Parrilli.

La señora también se propone establecerle un tiempo de duración al mandato del Procurador, convirtiéndolo entonces, en un puesto de especulación política, fuera de la única concentración que debería tener: la supremacía del Derecho.

Quizás nada cómo estás horas marquen lo que votó la gente: el regreso al poder de una banda que utiliza los privilegios del gobierno para blindar su impunidad y colocarse por encima de la ley.

Nada hay más urgente que salvar la vida de la gente consiguiendo vacunas (no encerrando y fundiendo a más argentinos); nada es más prioritario que restaurar el trabajo y las condiciones de inversión para crecer y salir de la miseria. 

Pero nada de eso le importa a Cristina Fernández de Kirchner. Para ella solo su culo importa. Y si el país debe petrificar todas sus prioridades con tal del satisfacer sus antojos pues así será, porque ella lo dispuso.