Finalmente el juez interino de Azul, subrogando el juzgado federal de Dolores (que estaba a cargo del kirchnerista Alejo Ramos Padilla) Martin Bava, procesó al ex presidente Mauricio Macri, lo embargó por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país.

El caso de Bava es un botón de muestra del manejo peronista de la Justicia.

Junto con Ramos Padilla, Grünberg y Obligado (estos dos últimos que sobreseyeron a Cristina Fernández y a todos los secuaces de su banda por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces) Bava integra una agrupación política partidaria llamada Justicia Legítima que, como brazo judicial del peronismo, infiltró a la Justicia desde los primeros tiempos del kirchnerato.

Esta infiltración no es subrepticia ni encubierta: se lleva a cabo a la vista de todo el mundo.

Mediante ella el peronismo ha ubicado en los sillones de decisión judicial a personal propio, altamente politizado.

Naturalmente, en un Estado normal, los jueces deben ser equidistantes de los intereses y de las creencias de las partes en disputa, porque, de lo contrario, la parte que no comparte la postura de su colitigante no solo la tiene que enfrentar a ella sino también al juez que debe decidir.

Pero en la Argentina esta es la regla: un partido político logró constituir una agrupación judicial partidaria y desde allí es juez y parte, justamente en cuestiones en donde son los políticos los que se sientan en los banquillos.

El juez Bava obtuvo un 2 como calificación en su concurso de ingreso. Pero la rosca peronista lo nombró igual. 

Este perfecto inútil no reveló a Macri del secreto de inteligencia cuando lo llamó a indagatoria por primera vez. Esa sola brutalidad alcanza para medir los conocimientos del juez actuante.

El principal argumento del juez es que Macri debía conocer las tareas de inteligencia que llevaba adelante la AFI porque la AFI le reportaba a él.

Esta teoría de la responsabilidad ascendente fue sistemáticamente violada, sin embargo -si es que su aplicación correspondiese-, por los tribunales que no condenaron automáticamente a Cristina Fernández cuando los declarados culpables fueron Jaime, De Vido, Boudou, Schiavi, López, todos funcionarios que dependían de ella. La aplicación caprichosa de la vara es absolutamente manifiesta.

El procesamiento del ex presidente también revela que el único motivo por el cual se le dio vida a ese engendro llamado Frente de Todos, ha sido el llevar adelante el plan impunidad para los Kirchner y de venganza para con los integrantes del gobierno de Cambiemos. 

Esa reunión peronista no tuvo en ningún momento como horizonte de su llegada al poder el bien de la Argentina o la mejora de la condición social de los argentinos. Sus únicas metas eran la impunidad y la venganza.

Recordemos que la ex presidente protagonizó la mayor afrenta que hasta ahora recuerda la historia política argentina en materia de simbología institucional, cuando se negó a entregarle a Macri los atributos del mando: ni los gobiernos militares dejaron de cumplir con esa tradición.

Pero Kirchner barruntaba la idea de la venganza desde aquella mismísima noche de noviembre de 2015 en que Scioli fuera derrotado por  la fórmula Macri-Michetti.

La principal prueba que tiene el ex presidente a su favor no es de naturaleza testimonial, ni documental, ni pericial. Su principal prueba surge de la lógica natural de los hechos: ¿Para qué carajo iba a querer Macri espiar a los parientes de los marinos hundidos con el San Juan? ¿Qué clase de información privilegiada iba a sacar el presidente de un conjunto de pobres familias argentinas que solo estaban embargadas por la pena y la angustia? Es completamente ridículo.

La Justicia argentina, que acaba de sobreseer sin sustanciamiento del juicio oral, a una persona que tenía toneladas de pruebas concordantes, concretas e inlevantables en su contra, es la misma que procesa a otra porque supone que debería conocer un hecho que ninguna prueba demuestra que haya existido en primer lugar. Es completamente bizarro.

Cómo para reafirmar el nivel de disparate, el juez impone un embargo por 100 millones de pesos ¡para  cubrir las costas del juicio! ¿¡Pero cómo van a estar conformadas esas costas!?

También, más allá que ya debió comerse el revés de que la Cámara Federal de Mar del Plata lo llamara al orden por la misma extralimitación, le prohibió al ex presidente salir del país en una decisión a todas luces tomada para humillarlo y someterlo.

Esperemos que la apelación ponga las cosas en su lugar, pero mientras la Argentina siga viendo cómo normal el hecho de que un partido político pueda sentar en el sillón de la judicatura a quienes no son otra cosa más que punteros partidarios, la democracia (y mucho menos la República) podrá funcionar en el país.

Mientras burros como Bava estén allí al solo efecto de cumplir una misión encomendada por un caudillo, la Argentina será algo así como un pedazo de tierra gobernada a los rebencazos por un patrón, pero no será un país civilizado.