El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo hoy un par de declaraciones sobre las cuales me gustaría hacer un comentario porque considero que, si bien no refieren a los casi siempre apremiantes temas económicos, sí tienen que ver con una cuestión muy de fondo que hace, incluso, a que luego aquellos apremios económicos puedan ser menores o hasta no presentarse, si las cosas se resolvieran de manera diferente en la Argentina.

Y me refiero a dos cuestiones que, respecto del funcionamiento de la Corte Suprema, fueron abordadas por Francos.

Muy acertadamente el Jefe de Gabinete remarcó el asombro que le causa que respecto de temas importantes que hacen a las certidumbres que la sociedad reclama, la Corte se tome hasta 15 o 20 años para resolverlos.

Efectivamente se trata de una barbaridad injustificable. Cuando hace unas semanas hice un comentario en la red social X, preguntándome si no había llegado el momento de ponerle plazos a las decisiones de la Corte para que aquello de que “la Corte no tiene plazos” no terminara siendo, en el fondo, un atajo por el que se escapan tanto los delincuentes como la fe y las ilusiones de los argentinos honrados.

Como no podía ser de otra manera, me saltaron a la yugular como si yo fuera un iletrado legal, argumentando que la Corte no tiene plazos como no los tiene ninguna Corte del mundo ya que cuando un caso llega allí deja de ser “judicial” para convertirse en “jurídico”, como dando a entender que, desde ese momento, una especie de oráculo de sabihondos aprovechaba la existencia de una situación litigiosa determinada para dar su sesuda opinión sobre el fondo filosófico que encerraba el caso y así arrojar luz donde hasta ese momento reinaba la oscuridad.

Admito que las ironías que deslicé en este último párrafo puedan dar a lugar a creer que yo no comparto aquel argumento de lo “judicial” y lo “jurídico”. Pero el caso es que sí, lo comparto.

El pequeño detalle es que bajo el argumento de convertir un caso de “judicial” en “jurídico” se deja a toda la sociedad colgada del pincel respecto de las certezas que se supone el Poder Judicial precisamente debe darle.

Porque si alguien me dijera que como la naturaleza ontológica del caso cambió de “judicial” a “jurídico”, las consecuencias “judiciales” del caso terminan con la decisión de Cámara y lo que sigue de ahí en más es, justamente, un análisis “jurídico-filosófico” a cargo de la Corte que servirá para decidir casos similares futuros, pero que no afectan las certezas que sobre éste ha dado la Cámara, estaría todo bien. Pero aquí, bajo el argumento de que el análisis jurídico profundo de los jueces supremos no puede ser sometido a plazos, también se deja pendiente y en una incertidumbre total las consecuencias “judiciales” del litigio. Y eso produce daños colaterales que operan en lo inmediato.

Fíjense ustedes por ejemplo el caso de la declaración de inconstitucionalidad de la ley promovida por Cristina Fernández de Kirchner -cuando ella era senadora y su marido presidente- para amañar la conformación del Consejo de la Magistratura y con eso construir una justicia afín que asegurara la proyección y la perpetuidad del modelo de saqueo que había diseñado esa familia junto a sus secuaces.

La Corte se tomó 16 años para finalmente decir que la ley era inconstitucional. Es decir, mientras el oráculo de sabihondos se tomaba todo ese tiempo para decidir una cuestión cuya solución no debió haber demandado más de 15 minutos, el kirchnerismo se dio el lujo de introducir Justicia Legítima, de hacer un estropicio en materia de imparcialidad judicial y de perfeccionar un daño que costará décadas restaurar.

Entonces si la Corte no tiene el suficiente tacto como para que por sí sola, sin que nadie se lo imponga desde las reglamentaciones de la ley, se dé cuenta de que debe compatibilizar su deber de dar opiniones “jurídicas” sobre lo casos con la certidumbre que la sociedad espera de ella para no vivir en ascuas, pues será el momento de que, lamentablemente como a los chicos que aún no saben andar por sí solos en bicicleta, se le pongan unas “rueditas” que la ayuden a acostumbrarse a expedirse en tiempos razonables.

Cuando no se tiene razonabilidad, alguien debe “enseñar” razonabilidad. Si la Corte no advierte que no puede tardar 16 años para resolver un tema que, mientras sigue abierto, le permite a una banda de facinerosos adueñarse de las decisiones judiciales, entonces habrá que emplazarla para que la sociedad no sufra las consecuencias de sus dilaciones y de su pusilanimidad.

Hace pocos días un juez supremo que ahora va a dejar su lugar, el Dr Maqueda, dijo que, para la Corte, los casos de Cristina Kirchner “no revisten ninguna urgencia”. ¿Qué no revisten ninguna urgencia? ¿Y qué ribetes deberían tener esos casos para que para la Corte “revistieran urgencia”?

Estamos hablando de un personaje que le ha arruinado la vida a millones de argentinos, de alguien cuyo paso por la función pública motivo un enriquecimiento obvio y autoevidente que es la contracara de la pobreza en que se han sumido dos generaciones. Sin embargo, para el señor Maqueda, resolver su situación no “reviste ninguna urgencia”. Otro delincuente que se escapa por el atajo de “la Corte no tiene plazos porque su rol es dar una sesuda opinión sobre los aspectos de la filosofía jurídica involucrada en el caso”. ¡Pero por favor, muchachos! ¿Ustedes me están cargando?

La Corte debe tener plazos. Y debe tenerlos ya mismo. Los argentinos le dieron más de 170 años para que se diera cuenta sola de que su rol de dar opiniones “jurídicas” debe compatibilizarse con su rol de dar las certezas finales que la sociedad espera. Lamento mucho que hayan desperdiciado esa chance y que se hayan aprovechado de una magnífica oportunidad que el sistema les dio para ejercer la intangible virtud de la razonabilidad. Ustedes usaron esa prerrogativa para rosquear. Y los que rosquean en lugares que no fueron pensados para rosquear deben recibir una notificación fehaciente de que no van a poder seguir haciéndolo. Hubiera sido genial que se dieran cuenta solos. Pero como vemos que el tiempo pasa y no se dan cuenta, pues habrá que imponérselo con una manda legislativa.

Soy el primer enemigo de eso. Mi comentario de antes de ayer sobre las “solemnidades” del traspaso del mando entre el presidente y el vicepresidente lo demuestra. Pero dado que parece que ni los argentinos más encumbrados saben manejarse sin que la ley les diga cómo tienen que hacerlo, pues habrá que dictar esa ley entonces.

La otra cuestión a la que se refirió Guillermo Francos que, según él resolvería este tema de las eternas dilaciones, es el número de jueces de la Corte. Cuando se le preguntó su opinión sobre lo que la Corte había dicho respecto de que podía funcionar perfectamente con tres jueces (criterio que comparto, dicho sea de paso) Francos  trajo a colación justamente estos ejemplos de demoras injustificables como para darle base a su argumento de que la Corte tienen que tener más jueces.

Dada la experiencia argentina, salvo que la Corte fuera dividida en salas (proyecto completamente desopilante, a mi juicio) aumentar el número de jueces profundizará el problema de los tiempos de decisión por la sencilla razón de que los expedientes deberán recorrer más manos y esperar la decisión de más jueces.

Entonces, hagamos los cambios que tenemos que hacer: no rosqueemos con el número de jueces de la Corte y emplacemos a los supremos para que sus sesudas decisiones jurídicas deban ser emitidas en un plazo razonable. Si con las “rueditas en la bicicleta” las futuras Cortes “agarran trote” y se acostumbran a dar a conocer sus decisiones (que nadie niega que son importantes y de fondo) en tiempos lógicos, quizás en ese momento, sea bueno sacarle las “rueditas” y dejar que la razonabilidad aprendida empiece a funcionar, por fin y como debió haber sido siempre, sola.